Memorándum de entendimiento con Irán, dura denuncia contra Hornos y Borinsky

Andrés Larroque, actual ministro de Desarrollo Social bonaerense, ex diputado nacional y dirigente de la Cámpora, presentó a través de su abogada, Lucila Larrandart, no sólo un pedido de nulidad de toda la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, sino que al mismo tiempo denunció a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

La presentación tiene que ver con las visitas a Mauricio Macri en la Casa Rosada y la quinta de Olivos de Hornos y Borinsky, lo que demostraría la alianza con el macrismo contra la oposición. Pero la base de la denuncia es que aquellas visitas tuvieron un correlato en las maniobras que ambos camaristas de Casación hicieron en el expediente del Memorándum para dirigirlo contra Cristina Fernández de Kirchner, el fallecido canciller Héctor Timerman, el propio Larroque y los cuatro dirigentes –entre ellos Carlos Zannini– cuya prisión ordenó el juez Claudio Bonadío.

El escrito fue presentado por Larrandart –exjueza y profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA– ante el Tribunal Oral Federal número 8 que, supuestamente, debe realizar el juicio por el Memorándum de Entendimiento con Irán. 

El TOF está integrado por la jueza Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado y la realidad es que los magistrados no saben qué hacer con el proceso. Todos los juristas coinciden en que el Memorándum no constituyó ningún delito, fue un tratado firmado por el gobierno de CFK en uso de sus facultades, votado por el Congreso Nacional y que, para colmo, nunca entró en vigencia, por lo cual no tiene sentido adjudicarle efectos jurídicos.

En el texto, Larrandart pone un ejemplo demoledor: “esto podría llevarnos al absurdo jurídico de sostener que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida sancionadas por el Congreso de la Nación y promulgadas por el entonces Presidente Raúl Alfonsín, al ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convierten al citado Presidente, como así también a todos los Senadores y Diputados de la República que votaron favorablemente, en encubridores del delito de lesa humanidad y hasta podría imputárseles erróneamente algún nivel de participación criminal en las graves violaciones a los derechos humanos durante el período de la dictadura militar, porque con dichas normas se habría favorecido que los responsables no fueran enjuiciados, investigados, ni sancionados. Esto constituiría un verdadero dislate jurídico y no resistiría ningún análisis, que es lo que sucede en este caso”.

En un escrito muy meduloso, Larrandart señala:

*Que Hornos y Borinsky se habían excusado de intervenir en los expedientes vinculados con el caso AMIA. Como es obvio, la causa Memorándum era por supuestamente haber ayudado –encubrimiento– a los prófugos iraníes. O sea, era un expediente vinculado al de la AMIA. Hornos y Borinsky rechazaron ellos mismos los planteos en que los recusaron.

*Hubo un pronunciamiento del plenario de la Casación considerando que todas las causas relacionadas con AMIA correspondían a la Sala II. Hornos y Borinsky intervinieron igual rechazando las presentaciones recusándolos.

*En el expediente original, tras la denuncia de Alberto Nisman, intervino el juez Daniel Rafecas que archivó la causa por inexistencia de delito. Después de la confirmación de la Cámara Federal, también el fiscal ante la Casación, Javier De Luca, dictaminó que no existía delito. Hornos y Borinsky no sólo aceptaron que el caso se reabra sino que, eludiendo que interviniera Rafecas como correspondía, permitieron que instruya otro juez –Bonadio– en un caso de fórum shopping, que consiste en elegir el magistrado interviniente en una causa.

*Larrandart precisa que para reabrir la causa utilizaron un diálogo telefónico entre Timerman y un expresidente de la DAIA, Guillermo Borger, que ninguno de los dos admitió haber grabado. O sea, se usó una grabación ilegal y clandestina, según señaló la otra camarista de Casación, Ana María Figueroa, y también el fiscal De Luca.

*En el escrito de Larrandart se señala que ni siquiera se debió permitir el recurso ante la Casación porque el fiscal De Luca no lo respaldó y en ese momento la DAIA no era parte ni tenía personería para hacerlo. Como lo señaló PáginaI12 en numerosas oportunidades, el entonces presidente de la DAIA no tenía el poder especial necesario para intervenir en la causa.

Como se ve, las visitas a Olivos tenían un correlato en las maniobras que se hicieron en Comodoro Py.

El objetivo era imputar, lo antes posible y en la mayor cantidad de causas posibles, a la expresidenta y a otros dirigentes del peronismo, es decir usar la justicia para perseguir. En el apuro, la mayoría de las causas son desprolijas, sin pruebas, sin pericias, con jugarretas grotescas. En esta categoría entran el expediente del Memorándum, el de dólar futuro, la muerte de Alberto Nisman, Hotesur-Los Sauces, la obra pública de Santa Cruz, Oil Combustibles y otras tantas. Las causas llegan a los tribunales orales que, en verdad, no saben qué hacer. Un ejemplo es la causa por la muerte de Nisman, que el macrismo quiso transformar de un suicidio en un homicidio: lleva seis años de instrucción y no se consiguió una sola prueba del supuesto comando iraní-venezolano-kirchnerista que habría actuado.

Por de pronto, el TOF 8, con otra conformación, está concentrado hasta el 26 de abril en redactar los fundamentos de la condena a Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero, donde dos de los jueces –Michilini y Adriana Palliotti– quieren involucrar a CFK y a Máximo y Florencia Kirchner en la condena de un juicio en el que no tuvieron la menor intervención ni se presentaron pruebas contra ellos. 

Una jugada más de Comodoro Py. Después de ese día -26 de abril-, se abocarán al estudio de los pedidos de nulidades. En los próximos días, también el abogado de CFK, Carlos Beraldi, presentará un largo escrito describiendo las irregularidades de la causa Memorándum.