Memorándum de Endendimiento con Irán: La fiscalía se opuso al cierre de la causa

El fiscal Marcelo Colombo se opuso a declarar la inexistencia de delito en la causa del Memorándum con Irán como reclaman las defensas de este caso, en el que están imputados/as Cristina Fernández de Kirchner y otros/as funcionarios/as. Este miércoles le dijo al Tribunal Oral Federal 8 (TOF) que se debe hacer el juicio oral ya que, a su entender, no hay pruebas nuevas que ameriten otro rumbo. En este expediente donde está en juego la decisión (o no) del sistema de justicia de revisar las causas armadas, Colombo mantuvo el mismo tipo de argumentos tecnicistas que había usado cuando se negó a acompañar las nulidades planteadas por las defensas. Incluso introdujo una provocación al decir que cuando la Sala I de la Cámara de Casación ordenó sobreseimientos y que no se hiciera el juicio por Dólar Futuro, era porque había un peritaje incorporado como evidencia nueva. Algunas defensas le retrucaron y uno de los funcionarios implicados, el actual viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, lo hizo en persona: recordó que hay un informe de Interpol de junio de 2020 que reafirma que las notificaciones rojas que pesan sobre los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA siguen “inalteradas” y que la única “entidad” para pedir dejarlas sin efecto es el juzgado federal a cargo de la investigación del ataque. “En esta causa no se necesita una pericia muy compleja: las alertas rojas están vigentes, no necesitamos que lo diga un informe pericial”, dijo. Aníbal Ibarra, abogado de Oscar Parrilli, desafió al tribunal, que ahora debe resolver: “¿Va a mirar para el costado y llevar adelante una farsa de juicio?”

Lo que diga el fiscal no es vinculante pare el tribunal, pero si hubiera planteado como acusador la inexistencia de delito, se sumaban posibilidades de que el juicio no se haga. En su exposición reiteró su rechazo a los planteos de nulidad de los/las imputados/as, que señalaron la falta de independencia y la violación al deber de imparcialidad por parte de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky cuando reabrieron la causa en 2016. Desde los meses previos ya visitaban asiduamente al entonces presidente Mauricio Macri. La jueza María Gabriela López Iñíguez y los jueces Daniel Obligado y Juan Michilini deberán fallar sobre ambas cuestiones: las nulidades y la ausencia de delito que perseguir. Lo harían este mes, tras las PASO.

La respuesta de Mena alude al eje de la causa Memorándum, la supuesta maniobra de encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA a través de ese pacto, que en rigor buscaba que esos acusados fueran indagados en otro lugar, ya que no hay tratado de extradición con Irán. La denuncia original del fallecido fiscal Alberto Nisman hablaba del levantamiento de las alertas rojas de Interpol para ese presunto fin. Es conocido que el entonces secretario de Interpol, Ronald Noble, dijo varias veces incluso públicamente que eso jamás sucedió ni fue pedido por Argentina. Por escrito también lo había dejado en claro, ya en 2013 tras la firma del acuerdo, el consejero jurídico Joel Sollier, al señalar que el acuerdo con Irán no implicaba ningún cambio en el estatus de las alertas. En el informe enviado el 22 de junio del año pasado, Interpol ofrece una cronología completa de lo sucedido con esas alertas y pedidos de captura, y queda claro que nada cambió y que la Asamblea General de Interpol las mantiene intactas incluso al ser informada de la existencia del Memorándum, que la tónica del gobierno argentino era esa y que –dice el texto– sólo se pueden modificar por pedido del juez, que era Rodolfo Canicoba Corral. Por estos y otros motivos, como que el Memorándum no entró en vigencia porque el parlamento iraní no lo aprobó, el juez Daniel Rafecas había declarado la inexistencia de delito en 2015.

Para el fiscal Colombo el último reporte de Interpol no es información novedosa. Para plantear que no se haga un juicio por inexistencia de delito, dijo, habría que mostrar “nuevas pruebas y tienen que ser suficientemente contundentes”. Agregó que el propio TOF 8, con otra composición, había rechazado in límine analizar la inexistencia de delito y que había pruebas por producir. Se quejó de que el tribunal se tomó dos años para “admitir mucha prueba”, pero cómo finalmente lo hizo él quiere escuchar a “unos 300 testigos, y a unos 50 testigos nuevos, que no sabemos qué es lo que van a decir”. Señaló que están pedidos los testimonios de Noble y Sollier, pero que Interpol respondió que gozan de inmunidad y que debe ser levantada por el organismo, que aún no respondió si lo hará. La defensa de Mena, a cargo de Marcos Aldazábal, también había mostrado informes que consideraba prueba novedosa de la AFIP, el Ministerio de Economía y Planificación, que daban por tierra con otro argumento de la acusación de Nisman: que el supuesto encubrimiento era a cambio de comerciar con Irán, que enviaría petróleo a cambio de granos. Pero no hubo ni una transacción comercial entre Argentina e Irán en el período en cuestión, si la hubo fue entre privados, y el petróleo iraní aquí no servía por tener otro grado de densidad. Para Colombo tampoco eso vale como novedoso.

La DAIA, una de las querellantes que promovió la reapertura del expediente, volvió a faltar a la audiencia, que ya dijo desconocer. Estuvieron presentes los abogados de la querella de los familiares de víctimas del atentado. Tomás Farini Duggan aprovechó para volver a cuestionar la instancia oral que abrió el TOF 8 para debatir estas cuestiones. Lo acusó de “legislar” y pidió que se fije “fecha de juicio”.

Como contracara, una de las peculiaridades de la jornada, fue que expuso el Llamamiento Argentino Judío como “amicus curiae” para explicar que en la génesis de la acusación del caso Memorándum estaba la DAIA, que ellos entienden que no representa a la colectividad judía y que impulsó en buena medida este proceso para encubrir el verdadero encubrimiento del atentado, parte del cual se juzgó en un proceso que terminó en 2019. “El Llamamiento es una organización que representa a un sector de tendencia democrática, progresista. Para nosotros es importante denunciar y dejar asentado que la DAIA es una institución de bajo nivel de legitimidad”, dijo Luis Kon. El abogado Horacio Lutzky agregó: “Sustituyen con este falso encubrimiento el verdadero encubrimiento que privó a los familiares de justicia”. Recordó que el extitular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, no sólo denunció al gobierno de Mauricio Macri sino a la DAIA en términos de “colaboracionista”.

Mariano Fragueiro Frías, defensor del procurador del Tesoro Carlos Zannini, mostró los documentos de Interpol, entre ellos el del año pasado. También sostuvo que “jamás puede ser antijurídico” un tratado que se votó por ley. Lucila Larrandart, abogada de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense, advirtió que el fiscal omite que “cualquier proceso penal se refiere a la comisión de un delito, y tenemos en esta causa un pronunciamiento firme acerca de que esto no era delito”. El constitucionalista Eduardo Barcesat manifestó su “espanto” “ante la falta de examen constitucional del tema” por parte del fiscal “frente a una evidencia incontrastable de la injerencia del Poder Ejecutivo en la tramitación de causas y restablecer causas fenecidas”. “Acá no hay delito, no hay causa judicial, no hay búsqueda de afianzar la justicia”, “basta de artilugios procesales esperando que venga un testigo a decir que el tratado está vigente o se suspendieron las alertas rojas”, dijo.

Mena salió al cruce de la comparación de Colombo con la causa Dólar Futuro, donde fue sobreseída CFK en Casación. Acá no hacen falta peritajes, dijo. Enumeró todas las pruebas nuevas de Interpol que muestran las alertas rojas en pie y le respondió a Farini Duggan, que había aventurado que el Memorándum está vigente. Su defensor Marcos Aldazábal fue categórico: “Hay prueba nueva, hay que dejar de perder tiempo en esto, hay que cambiar la imagen de la Justicia, la prueba ya está producida”.