Memorándum con Irán: se cayó la última parte de la denuncia de Alberto Nisman | La Cámara Federal porteña cerró un tramo residual del expediente

Después del fallo del Tribunal Oral Federal 8 que dio por terminada la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán por inexistencia de delito, ahora la Cámara Federal porteña también cerró una parte residual de aquel expediente –que no había sido elevada a juicio– al confirmar los sobreseimientos de tres personas a quienes el fallecido fiscal Alberto Nisman había acusado, igual que a Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, de encubrir a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Se trata del exjuez Héctor Yrimia, del dirigente kirchnerista Roberto Porcaro y de Christian Raff, un funcionario massista de la Anses de San Isidro. Los tres aparecían relacionados con una serie de escuchas telefónicas disparatadas que fueron presentadas en la denuncia original. Así, no queda prácticamente nada de aquel expediente armado, sólo algunas apelaciones latentes, aún indefinidas, de la DAIA y familiares de las víctimas. 

Esta causa remanente sobre el Memorándum estuvo el último tiempo en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, como subrogante del juzgado que quedó vacante con la muerte de Claudio Bonadio, quien había utilizado el caso para ordenar las prisiones preventivas del fallecido Héctor Timerman –tras impedirle ir a hacer su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos–, Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Eteche. A CFK le había pedido sin éxito el desafuero. Después de mandar la mayor parte del expediente a juicio, quedó pendiente un tramo en el cual el principal interés de las querellas no eran ni Yrimia ni Porcarco ni Raff, sino desacreditar e incluso imputar al exsecretario de Interpol Ronald Noble. Querían invalidar lo que Noble había sostenido por escrito ante la Cancillería y en sus redes sociales porque golpeaba la acusación de Nisman: dijo que las alertas rojas de Interpol sobre los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA y sus órdenes de captura nunca perdieron vigencia, que el Memorándum no cambiaba su status y que el organismo internacional tampoco podía hacerlo sin orden del juez argentino que investigaba el ataque terrorista. 

Cuando a Martínez de Giorgi le tocó resolver sobre la suerte de Noble, Yrimia, Porcaro y Raff, ordenó el sobreseimiento de todos. La querella de los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch apeló, y por eso intervino la Cámara Federal. La situación del exsecretario de Interpol, pese a su desvinculación en primera instancia, quedó en un absurdo paréntesis porque en teoría hay medidas en trámite para que designe un abogado. Pero la resolución del Tribunal Oral Federal 8 (TOF-8) dejó claras algunas cuestiones cruciales: Interpol informó que sus funcionarios tienen “prerrogativas e inmunidades, entre las cuales se incluyen la inviolabilidad de los
archivos y documentos oficiales, así como la inmunidad
de jurisdicción por los actos realizados en ejercicio
de sus funciones oficiales”. El tribunal oral, además, constató y dio por válidos todos los documentos de Interpol que confirmaban que nunca cayeron las notificaciones rojas ni existió intención de que eso ocurriera, y que la actual secretaría general confirmó su vigencia. Es más, recordó que Martínez de Giorgi lo había sobreseído con razón. 

Así las cosas, los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens confirmaron los sobreseimientos de Yrimia, Porcaro y Raff. Martín Irurzun votó en disidencia, para revocarlos. Las imputaciones a esas tres personas son una muestra de la denuncia descabellada que había hecho Nisman, con la que se abrió la primera causa, que fue cerrada por Daniel Rafecas ya en febrero de 2015 por inexistencia delito, pero que Bonadio reinventó en un expediente mellizo por traición a la patria, convalidado por la Cámara de Casación Penal que, con las firmas de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky –los visitadores frecuentes de Mauricio Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos– además reabrió la denuncia original. 

Yrimia, que como fiscal había tenido un paso por el expediente del atentado, aparecía mencionado en la denuncia de Nisman 58 veces pero aparece hablando una única vez con el dirigente de la comunidad islámica Khalil, donde simplemente se dicen “buen día” y “cómo le va doctor”. Khalil es uno de los sobreseídos por el TOF 8. Porcaro, dirigente kirchnerista de Necochea, aparecía señalado como alguien que se había reunido con supuestos intermediarios de los acusados iraníes en fechas cercanas a la firma del Memorándum. Raff fue referente del Frente Renovador y titular de la Anses en San Isidro. También se lo mencionaba sin precisiones. 

El voto de Farah señala que las referencias a ellos en la causa “surgen de las mismas conversaciones
telefónicas cuyas transcripciones obran en el expediente desde su iniciación, a
principios de 2015. Más de seis años después, no se han reunido elementos que
modifiquen el panorama existente en aquél entonces. Frente a ese panorama, el
juez evaluó la persistencia del carácter equívoco de las alusiones a los
imputados, así como la falta de indicios independientes que hubieren permitido
conocer alguna circunstancia adicional que modifique ese cuadro”. Nadie en la causa, señaló el camarista, aportó evidencias de nada. El voto de Llorens está en la misma línea.

Más allá de todo, como recordaron el 7 de octubre último la jueza María Gabriela López Iñíguez y sus colegas Daniel Obligado y Juan Michilini del TOF 8, el Memorándum con Irán nunca entró en vigencia y “más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito (…) No hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”. Si bien hay posibilidades de que la DAIA y/o los familiares insistan en que se haga el juicio, la trama del armado quedó completamente desnuda.