Memorándum con Irán: el apriete político y mediático ante el inminente naufragio de la causa 

Un apriete. El tándem político-mediático alineado con Juntos, y respaldado por la DAIA, salió a la cancha ante el muy posible naufragio de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Nada menos que con tres semanas de atraso, cuestionaron un fallo de la Casación, tratando de instalarlo como si fuera una novedad. La decisión de los camaristas convalidó las audiencias orales que no son más que exposiciones de las defensas reclamando que la causa es nula por la pérdida de imparcialidad de los jueces que visitaban a Mauricio Macri y también porque no existió delito alguno en la firma de un Memorándum, votado por el Congreso y que nunca entró en vigencia. Lo que se intenta con la ofensiva es atemorizar, desde lo mediático al fiscal Marcelo Colombo y a los jueces del Tribunal Oral Federal número 8 (TOF8) que deben pronunciarse en las próximas semanas. Y también a los integrantes de Casación que más adelante tendrán que revisar lo que decida el TOF. Para colmo, con su postura, la coalición opositora deja en claro que prefiere que las presentaciones se hagan por escrito, a escondidas, y no en audiencias orales donde los jueces, el fiscal y hasta la población escuchen los argumentos de todos los que intervienen en el caso.

El tridente político-medios-DAIA publicó una nota con el rimbombante título “Otro paso de la justicia para anular el juicio por el pacto con Irán”. Pero resulta que se refiere a un fallo del 17 de julio, hace 20 días.

En aquella ocasión, los integrantes de la Sala I de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa rechazaron un pedido de la DAIA de impedir las audiencias en que las defensas y el fiscal Marcelo Colombo exponen sus posiciones ante hechos nuevos que aparecieron relacionados con el expediente Memorándum. En este caso, se conocieron las visitas a Olivos y Casa Rosada de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que tuvieron papel principal en la reapertura de la causa, y también un documento presentado por Interpol señalando que ningún funcionario podía levantar las órdenes de captura con alertas rojas porque eso sólo era competencia del juez Rodolfo Canicoba Corral. O sea que el delito era imposible de cometer, según Interpol. 

Hubo un procedimiento reciente que sirve como referencia. En la causa Qunita, el TOF ordenó la realización de pericias que no se habían hecho cuando correspondía, durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio. Esas pericias demostraron que no hubo sobreprecios ni direccionamiento de las licitaciones. Ante ese resultado, las defensas plantearon que se trataba de un hecho nuevo y pidieron el fin de la causa por inexistencia de delito. Sólo que en ese caso lo hicieron por escrito. La fiscal Gabriela Baigún también presentó su demoledor análisis por escrito y concluyó que efectivamente no hubo delito y que el peor perjuicio para el estado fue no repartirle los kits para recién nacidos a las madres humildes. El TOF le dio la razón a Baigún y a las defensas y sobreseyó a todos los imputados.

El procedimiento que sale a cuestionar tardíamente el trinomio medios-Juntos-DAIA es similar al de Qunita: apareció un elemento nuevo y las defensas piden la nulidad de la causa o la inexistencia de delito. Pero a diferencia de Qunita, el TOF8 aceptó hacerlo de forma oral, es decir que, en lugar de escritos fríos y ocultos, textos que nadie lee, las posturas se escuchen y los protagonistas puedan verse. Algo similar concretó la Casación en el caso de dólar-futuro. Lo que la coalición opositora cuestiona, con el protagonismo de la DAIA, es un paso procesal sano que va en el sentido de la búsqueda de la modernización de la justicia: más oralidad, más transparencia.

En verdad, la jugada no consiste en apuntar contra un paso procesal casi sin importancia, sino en un apriete ante la muy factible posibilidad de que el expediente del Memorándum –cuya denuncia original fue hecha por el fiscal Alberto Nisman– termine con el sobreseimiento de todos los imputados, ya sea por nulidad o por inexistencia de delito. Lo que se adelantó fue una especie de escrache al fiscal en caso que se sume, como Baigún, a la postura de la inexistencia de delito, a los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini e incluso a los camaristas de Casación que recibirán las apelaciones de lo que decida el TOF 8. A esta altura ya parecen más bien fuegos artificiales porque cayeron, en fallos sólidos, tanto la causa dólar futuro como la causa Qunitas, en ambos casos por inexistencia de delito. Y como sostuvieron la mayoría de los juristas -Raúl Zaffaroni, el fallecido Julio Maier, León Arslanían, Ricardo Gil Lavedra-, el expediente Memorándum “no tiene la menor entidad jurídica”, con el agravante de una reapertura grotesca protagonizada por Bonadío y la DAIA.

A todo esto, hay que sumarle la cuestión internacional. El expediente Memorándum no sólo fue impulsado por el tridente opositor, sino que respondía al alineamiento del macrismo con la derecha de Estados Unidos –Donald Trump– y la derecha israelí, en furibunda guerra contra el acuerdo de limitación nuclear que firmó Barak Obama con Irán, China, Alemania, Francia y el Reino Unido. Habrá que ver las presiones en ese terreno, pero nada es igual con Joe Biden en la Casa Blanca. Y la cuestión tiene un correlato, porque, además, la debacle de la causa del Memorándum es un golpe también a otro armado que persiste y del que no saben cómo salir: la causa por la muerte de Nisman. En seis años y medio no encontraron ni una sola evidencia de que al fiscal lo hayan matado, pero mantienen el expediente abierto por las mismas razones: presión del tridente opositor y la conexión internacional.