¿Cómo se califican los hechos que tuvieron lugar el 29 de marzo de 1976 en La Pastoril, una quinta ubicada en Moreno? En la reunión de elementos para responder a esa pregunta estructuró Pablo Llonto, abogado particular de las familias de militantes que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos aquel día, su alegato durante el juicio de lesa humanidad, que comenzó hace poco menos de un año por aquellos crímenes. Solicitó para todos los acusados –miembros del Ejército y de la bonaerense– penas de prisión perpetua, por participar de “una operación destinada al aniquilamiento y al secuestro de militantes políticos, la operación masacre de la Quinta La Pastoril”, definió.
Uno de los primeros pedidos que Llonto, que representa a las familias de Rodolfo Ortiz, Nelson Agorio, Néstor Chavez y Ruperto Méndez, cuatro de las 15 víctimas tenidas en cuenta en el debate oral que comenzó en octubre pasado –les niñes que sufrieron delitos de lesa humanidad en los hechos bajo análisis no fueron incorporades–, al Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín fue que analicen los hechos de aquel 29 de marzo en conjunto con los previos y los posteriores: “Este operativo fue el resultado de un plan de exterminio. Aniquilar a quienes ellos llamaban ‘subversivos’ o ‘terroristas’, secuestrarlos, torturarlos, matarlos, no se les ocurrió a último momento a alguien aquel 29 de marzo. Aquí hubo un plan y estuvo diseñado desde antes”, apuntó el abogado, que expuso su alegato de manera presencial en los tribunales de San Martín. La Retaguardia transmitió en vivo vía streaming.
El alegato particular subrayó que los acusados –los militares retirados Juan Carlos Jöcker, Juan Manuel Guiraud, Carlos Guardiola, Eduardo Sakamoto y Héctor Raffo, y los policías bonaerenses retirados Juan José Ruiz y Julio Pérez– “formaron parte del proceso, actuaron al margen de la ley”. “En Argentina no había una ley de la selva que les permitiera hacer lo que se les ocurriera. Cada uno de los imputados tenía en su cabeza la ley de la selva: el dolo para matar, para secuestrar, para desaparecer”, remarcó Llonto.
Solicitó penas a prisión perpetua para todos. A los policías retirados Pérez y Ruiz y a los militaes retirados Jöcker, Giraud y Guardiola les endilgó responsabilidad en el asesinato de Méndez, acribillado dentro de la quinta, y el secuestro de Ortiz. A Raffo y a Sakamoto les agregó responsabilidades en los asesinatos de Agorio y Chávez, que se entregaron mientras huían. Todos fueron considerados coautores de esos delitos, cometidos en el marco de un genocidio. El alegato incluyó el pedido para que se revoquen las domiciliarias, beneficios con las que cuentan los acusados.
Tambén pidió que se xponga en los fundamentos en base al derecho a la verdad los nombres de los acusados fallecidos: Miguel Ángel Armúa y Omar Hernández.
Operativo masacre
A fines de marzo de 1976, militantes del PRT-ERP consideraron que la quinta ubicada en las calles Monsegur y Padre Pahy, en Moreno, al oeste del Conurbano bonaerense, era un lugar seguro para realizar una reunión urgente de Comité Central del partido: Argentina había caído finalmente en golpe de Estado y había que pensar qué hacer. Acudieron los dirigentes del espacio –el “Robi” Santucho, Domingo Menna, Benito Urteaga–, también referentes de agrupaciones de Chile y Uruguay, y responsables locales. Una veintena eran. Llegaron el 28 a la quinta. El mediodía del 29 almorzaron todos juntos fideos y luego se tomaron unas horas para descansar antes de continuar con los debates. Alrededor de las 14.30, un megaoperativo de las fuerzas de seguridad lo impidió. “Varios integrantes de la bonaerense y del Ejército ingresaron disparando a la casa donde estaban reunidos los militantes”, repasó Llonto.
Y allí radica la particularidad de la quinta como escenario de estos crímenes: “la mayoría de los juicios de lesa humanidad revisan hechos que sucedieron en centros clandestinos, este es diferente, La Pastoril fue el escenario de una masacre a la que numeroso personal del Ejército y de la Policía, con la ayuda de los medios de comunicación manejados por la dictadura, de empresarios y periodistas cómplices, quiso tapar, ocultar, desaparecer”, señaló Llonto. “El operativo masacre de La Pastoril culmina con la desaparición de los militantes y el ocultamiento a toda la sociedad de cada paso que habían cometido”, añadió.
Algunos militantes que estaban reunidos aquel día de marzo lograron huir. Con éxito, la dirigencia del ERP; sin éxito Juan Santiago Mangini, Agorio y Chávez, que fueron interceptados en las cercanías de la quinta, se entregaron y fueron asesinados.
Otres cuatro militantes murieron en la quinta –Méndez, María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals y Víctor Hugo González Lemos–; y otres cinco fueron secuestrades –Ortiz, Leonor Inés Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Osvaldo Villarreal y Carlos Guillermo Gerónimo Elena.
La pareja de vecines Benigno Gerardo Tomadoni y Mariana Alba Pinault, que se asomó a la calle para ver qué ocurría aquel 29 de marzo, también fueron detenidos ilegalmente. Sufrieron diferentes destinos –Cuatrerismo, la mayoría, Batallón X de Villa Martelli–. La mayoría se encuentra desaparecide. Los cuerpos de algunes fueron identificados décadas después por el Equipo Argentino de Antropología Forense en fosas comunes de diversos cementerios del conurbano.
En el auto en el que escapaban Chávez, Mangioni y Agorio también viajaba Eduardo Garbarino Pico, un nene de 7 años que estaba en La Pastoril. Pero no fue el único niño presente en la reunión del PRT-ERP que sufrió las violaciones a los derechos humanos de la masacre: Ximena Villarreal, Florencia Mangini y Aníbal Viale, que tenían 3 y 4 años, y 6 meses de edad, respectivamente, fueron secuestrades, mantenides cautives en diferentes lugares y posteriormente liberades. Ninguno de ellos fueron aceptades como víctimas en el debate.
“Romper el silencio que durante tantos años tuvieron los hechos de La Pastoril fue una de las tareas más duras de estos años”, destacó Llonto y echó luz al “trabajo de las familias de las víctimas, que averiguaron, investigaron, insistieron con las denuncias y empujaron a la Justicia” para que hiciera su trabajo. En ese marco, resumió el camino construido por Viviana Losada, la ex compañera y madre de les hijes de Rodolfo Ortiz, y las hermanas de Nélson Agorio, Iris y Ofelia.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/474594-masacre-de-la-pastoril-llegan-los-pedidos-de-condena
