Martín Vizcarra sale fortalecido de la pelea con el fujimorismo

Desde Lima

 Envalentonados después de reagruparse, ganar aliados en la derecha más conservadora y recuperar fuerzas, los fujimoristas fueron por todo y perdieron. Apuntaron a copar el Tribunal Constitucional (TC) -clave en los procesos anticorrupción que los agobian- eligiendo con su mayoría parlamentaria magistrados a su medida. El gobierno reaccionó presentando ante el Congreso un voto de confianza condicionado a detener esa cuestionada elección. Pero el fujimorismo y sus aliados no se detuvieron y el desenlace ante esa negativa de facto a ese voto de confianza fue el cierre constitucional del Congreso que ellos dominaban. El fujimorismo se había puesto la pistola en la sien.

Soberbia, autoritarismo incontrolable, sobrevaloración de las fuerzas propias y subestimación del rival, miedo por el avance de las causas anticorrupción que los acosan y desesperación por controlar con urgencia el estratégico TC -Keiko Fujimori está en prisión preventiva acusada de lavado de activos y su libertad depende de una apelación ante el TC, que también podría tumbarse leyes clave para los procesos por corrupción- están detrás de lo que fue un suicidio político frente a todo el país.

En las calles, la población salió a celebrar el cierre de un Congreso identificado con la protección de la corrupción. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada hoy revela que el 84 por ciento respalda la disolución constitucional del Congreso, apenas un 8 por ciento está en desacuerdo con esa medida. La popularidad del presidente Martín Vizcarra se ha disparado a 75 por ciento luego que cerrara el desacreditado Parlamento y llamara a elecciones legislativas para enero. Hace un mes era 40 por ciento y venía en bajada.

“En este conflicto político ha ganado claramente el presidente Vizcarra, que tiene el poder. El Congreso ya disuelto no tiene ninguna capacidad de poder. El fujimorismo está derrotado”, le declaró a PáginaI12 el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén, columnista del diario La República.

El presidente Vizcarra sale victorioso de su guerra política con el fujimorismo, pero su gobierno enfrenta cuestionamientos a su capacidad de gestión, demandas insatisfechas y conflictos sociales, y su actual alta popularidad tiene que ver más con el amplio rechazo ciudadano al fujimorismo con el que se ha enfrentado, que con un apoyo a su gestión de gobierno. En ese sentido, es una popularidad frágil.

“Vizcarra sale fortalecido -comenta Adrianzén- pero ya no va a tener al Congreso para enfrentarlo y así ganar puntos como ha venido haciendo. Ahora le van a exigir que solucione los problemas del país. Veo un Vizcarra con serias limitaciones para gobernar. El nuevo gabinete ministerial (nombrado hace unos días) es mediocre, sin figuras con peso político”.

En el otro lado, los herederos del ex dictador Alberto Fujimori (1990 – 2000) han quedado aislados, más solos que nunca. Con el manejo autoritario, obstruccionista, abiertamente revanchista con el gobierno que los venció por muy poco en las elecciones y groseramente encubridor de la corrupción, la suya y la de sus aliados, que tuvo su mayoría parlamentaria, y con una buena dosis de mediocridad, el fujimorismo dilapidó rápido el apoyo popular que estuvo a punto de llevar a Keiko Fujimori a la presidencia en 20016. Transformó ese respaldo en un rechazo que bordea el 90 por ciento.

“La actuación del fujimorismo en estos años es un catecismo de lo que nunca hay que hacer. En su reacción ante el cierre del Congreso se ha seguido equivocando, ha fracasado. Aferrarse al Congreso los hace quedar mal ante la gente. Cuando uno los escucha decir que Vizcarra es comunista, chavista, parece que estuviéramos en el manicomio”, señala Adrianzén. “El fujimorismo -agrega- está muy golpeado, pero no creo que esté muerto como se dice. Seguro no va a sacar la votación alta que tuvo antes, pero lanzando a Keiko al Congreso -puede postular porque si bien está en prisión preventiva no está sentenciada- y poniéndose en el papel de víctimas, podrían sacar una votación mayor a lo que se espera”.

El presidente Vizcarra gobernará por decreto, con todo el poder y los consiguientes riesgos que eso implica, hasta que se instale el nuevo Congreso que se elegirá el 26 de enero. Esas elecciones legislativas se realizarán en medio del desprestigio de la clase política y la fragmentación y debilidad de los partidos. La elección de nuevos parlamentarios por solamente un año y medio, para completar el mandato del disuelto Congreso, puede alejar a las figuras de mayor peso.

“Hay que ver qué Congreso sale de esa elección, en la que puede pasar cualquier cosa. La izquierda está dividida y no creo que se unan. Es muy probable que gane la derecha”, apunta Adrianzén.

Esta grave crisis política es más profunda que un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la mayoría del disuelto Congreso, dos expresiones del neoliberalismo económico, una liberal y otra autoritaria y profundamente conservadora. Es una crisis de legitimidad de la clase política y del modelo impuesto por la Constitución fujimorista de 1992, que eleva el neoliberalismo a rango constitucional.

“Esta es una crisis -indica Adrianzén- que revela que se requiere una nueva Constitución, nuevas reglas de la política, de la economía. Pero eso no se da con esta salida a la crisis. La mejor salida era la convocatoria a una Asamblea Constituyente con facultades legislativas, en lugar de convocar solamente a un nuevo Congreso como se ha hecho. La salida que se está dando no va a arreglar los problemas estructurales del país. Las leyes que más han favorecido a los empresarios las ha dado el Congreso con el aval del Ejecutivo. Esa política favorable a los empresarios no va a cambiar”.

Adrianzén cierra su análisis con una advertencia: “Ahora la gente está eufórica por el cierre del Congreso, pero el futuro es muy incierto”.