María Laura Garrigós: "Hubo inteligencia interior con fines privados"

María Laura Garrigós creía tener su misión cumplida cuando se jubiló en marzo de 2018 y dejó su último cargo como integrante la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional. Había sido jueza desde 1992, aunque antes tenía años en tribunales, donde había ingresado poco antes del golpe de Estado. Pensaba irse de viaje cuando la sorprendió la pandemia. Luego, el shock fue un mensaje de Alberto Fernández, que tanteaba si había dado con el número correcto. “¿Cómo decir que no a algo para lo que una trabajó toda su vida? El Servicio Penitenciario es el cierre que redondea una carreara en el sistema penal”, se la escucha entusiasta. Garrigós es, a los 66 años, la nueva subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, el sistema de las cárceles federales que se encuentra en un momento crítico ya desde las protestas de los presos por las condiciones agravadas ante el coronavirus y ahora con el hallazgo de un sistema de espionaje –sobre ex funcionarios y empresarios privados de la libertad— de la cual esta estructura fue socia, según las evidencias que acumula el juez Federico Villena. En diálogo con Página/12, la flamante funcionaria anuncia sumarios y una auditoría que tendrá como epicentro el Area 50 (de inteligencia) del SPF, pero abarcará otras dependencias y penales. También promete reformas tendientes a reducir las prisiones preventivas y el maltrato en las cárceles.

–¿Qué información tiene sobre la participación del SPF en maniobras de espionaje ilegal?

–Solo tenemos requerimientos de informes del juez Federico Villena que nos llevaron a abrir una investigación sumaria sobre el Area 50 (o Dirección Principal de Análisis de Información) y todo el sistema de inteligencia para evaluar responsabilidades administrativas. No tenemos información de la causa. Hubo algunas renuncias, entre ellas la de Cristian Suriano, que dirigía ese sector, y la de Fernando Martínez, de la Dirección General de Régimen Correccional. Estimo que están involucrados, pero no lo sé. Está cambiando la dotación y estamos evaluando protocolos.

–¿El SPF necesita tener un área de inteligencia?

–Yo creo que no, mucho no entiendo la finalidad. Pero quiero hablar primero con la cúpula del servicio para comprenderlo. Eso será la semana que viene.

–¿Cómo van a colaborar con la investigación?

–El problema entre los jueces y el SPF es de falta de comunicación y que el SPF no contesta con la urgencia y formalidad que exige el poder judicial. Procuraremos que las respuestas sean inmediatas.

–¿Queda en funciones algún sospechoso o imputado del SPF?

–No lo sabemos. La causa de Villena está bajo secreto de sumario.

–Usted dice que harán un sumario. ¿También una auditoría más amplia?

­–Si. Entre otras cosas tenemos que ver si hay “cableado” (micrófonos y cámaras para espionaje) en ciertos lugares o puntos conflictivos. Más allá de allanamiento que hizo el juez, es algo que vamos a revisar. Además Villena se focalizó en un sector del penal de Ezeiza, que tiene otras unidades que queremos ver. También miraremos otros penales donde estuvieron alojadas personas que habrían sido espiadas (ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios), como la cárcel de Marcos Paz. Así nos quedamos tranquilos. Tampoco es que el SPF es una banda; esto al parecer era un grupo que adquirió preponderancia y fue escalando en los últimos años. Detectamos que antes de 2015 en el “Area 50” había 180 personas y que ahora son 329, y no es que esa acumulación de inteligencia permitió desarrollar un gran sistema penitenciario.

–Antes de que se conociera este espionaje con micrófonos y cámaras, se supo que habían intervenido los teléfonos públicos de los pabellones de Ezeiza donde estaban los presos por casos de corrupción, cuyas conversaciones –además—se filtraron a los medios. ¿Se pueden intervenir los teléfonos públicos de un penal?

–Un juez puede intervenir cualquier teléfono, mientras lo haga en el marco de un objeto procesal que lo justifique. Lo producido se debe usarlo solo en relación a eso. Si hay diálogos entre abogado y clientes, no se pueden usar, son confidenciales. Como en los allanamientos, si encuentra otra cosa no relacionada con su investigación, deberá dar intervención al juez de turno.

–¿Quién tiene responsabilidad sobre aquellas filtraciones?

–No está claro. Las intervenciones telefónicas las hizo la oficina de escuchas de la Corte, que guarda copias, también las pidió el juzgado de Claudio, y en su traslado en CDs u otros soportes también estuvo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que participaba.

–¿Está bien que la oficina de escuchas esté en la Corte Suprema?

–No estoy de acuerdo. El Poder Judicial produce la prueba que leugo evalúa o juzga, estamos en un problema. Debería volver a la Procuración General.

–¿Qué alcance imagina que puede tener el espionaje y hasta dónde puede llegar la responsabilidad?

–La responsabilidad administrativa y política lleva a las más altas esferas. La responsabilidad penal hay que probarla, no es fácil. Acá falló el sistema de control y faltó políticamente una rendición de cuentas. Lo que estamos viendo es que hubo inteligencia interior con fines privados. Investigaciones para el beneficio de una facción política. Usar los bienes del Estado en beneficio particular es delito. No me sorprenden las escuchas o la inteligencia interior, el tema es el para qué. Ha sido el único sentido de la AFI. No tengo ninguna noticia de algún hecho que haya evitado esa agencia o algún beneficio que le haya dado al sistema democrático. Ahora se empieza a transparentar. El control de los fondos ayudará.

–¿Pero imaginaba la vinculación detectada entre el SPF y la AFI?

–No, nunca creí que la hubiera. Pensaba en otras fuerzas de seguridad. Recién empecé a sospechar cuando aparecieron las escuchas el año pasado, que además era algo dirigido a espiar a personas específicas.

–¿Cómo le cae que la convoquen a intervenir el SPF en medio de este escándalo de espionaje?

–No me convocan solo pero esto. Se destapa esta olla y el Presidente, que no está paseando, pone el foco en el SPF y dice “vamos a hacer algo y a modernizarlo”. Lo del espionaje llama la atención sobre un aspecto horrible pero muestra que hay mucho pendiente por hacer. El problema de las escuchas y el SPF es fácil de solucionar si se limitan las funciones y se hace una revisión de las unidades. Con gente que pueda decir dónde está el cableado y los gastos, que es lo otro que habrá que revisar.

Cárceles estalladas

–¿Qué nivel de sobrepoblación tienen hoy las cárceles federales?

–No es tan grave hoy, pero hay cárceles atoradas de gente. Hay 11.807 personas en unidades del SPF, que tiene 12.198 plazas. Hay un 90 por ciento menos de delito por la pandemia y además hay gente en arresto domiciliario por esta situación. Hay 4000 internos menos que el año pasado. Llegó a haber 15.000. La sobrepoblación actual varía según las unidades, es un tema de distribución. Pero no es fácil tampoco cambiar a la gente de unidad, por la posibilidad de contacto con sus familias. A veces les quitan puntaje y los perjudica para aspirar a la condicional. Deberíamos tener unidades más chicas o poder trasladar a las familias a la visita, pero ya sé que estoy soñando con Suecia.

–¿Está controlada la situación sanitaria en los penales? ¿Cuántos contagios de covid-19 hay?

–Se revisa a los internos dos veces por día, con control de temperatura. Se están construyendo celulares en Devoto para los eventuales contagiados. No tenemos por ahora ninguna alarma grave. Y a los que están por ingresar están en alcaidías de la ciudad con cuarentena de 14 días. Seguimos un protocolo del Ministerio de Salud. Esto no quiere decir que no pueda explotar en alguna unidad. En número, son 27 presos que se contagiaron, de los cuales 12 se curaron. Y algo más de 60 agentes penitenciarios contagiados.

–¿Qué harán para contener posibles protestas? Lo ocurrido con el motín en Devoto es una alarma.

–En Devoto hay una mesa de diálogo donde los internos llevan sus pedidos. Respecto a futuras protestas, cada unidad tiene características propias. Si quiero trasladar a la gente de Devoto a otros penales, por ejemplo, también voy a tener protestas. Si dejo de dar de comer voy a tener protestas. Igual nadie está exento de que se presente un problema diferente. De momento, hay tranquilidad y esperamos que la noticia de la intervención sea bien recibida.

–Los reclamos de prisión domiciliaria fueron parte de los conflictos. ¿Otorgar domiciliarias es una opción adecuada ante la pandemia?

–Si, es una opción. Pero no es el SPF el que lo maneja. Se han dado las que los jueces han querido dar. En principio han sido restrictivos, pero está bien que vean caso por caso.

–¿Qué opina de los criterios que establecieron las cámaras de casación para reducir la población carcelaria en la pandemia?

–Perfectos: se focalizó en otorgarlos frente a delitos leves y otros casos como las embarazadas, salvo que estén acusadas de delitos muy graves, como homicidios.

–¿Cuántos presos/as del SPF obtuvieron la domiciliaria en la cuarentena? ¿Fue algo masivo como se dijo?

–Se dieron 578 domiciliarias. Luego hay libertades por finalización de la pena o condicionales pero por las razones que la ley permite la soltura. En total salieron 2292 personas. No fue algo masivo como dijeron, para nada. Pero también aquí hubo cacerolazo por Vicentin, ¿no? Algo interesante es que la pandemia demostró que hay formas de tener control sobre los individuos que no son detenerlos. El panóptico ya no es físico, sino virtual. Siempre es el mismo Foucault, con formas menos lesivas. ¿Qué es la prisión? Una forma de control. Se puede hacer de una forma menos lesiva, sobre todo en casos donde se ha aplicado la prisión preventiva. Puede haber controles electrónicos, con tobillera o pulsera, o algún otro adminículo, incluso con los celulares. Deberían reducirse las preventivas, pero hay que convencer a los jueces y para eso hay que ofrecer todos los implementos posibles. La mayor población de las unidades carcelarias hoy es preventiva y el 40 por ciento no van a ser condenado, es el promedio común. Ese tiempo no se los devuelven ni a ellos ni a sus familias.

Cambios en puerta

–¿Qué reformas tiene previstas en el sistema?

–Es urgente la reforma del reglamento de sanciones disciplinarias en las cárceles, que es tan subjetivo que vulnera el principio de legalidad. Por ejemplo, se puede sancionar a un interno por faltar el respeto. ¿Pero qué es faltar el respeto? Los penitenciarios dicen: “el preso me miró a los ojos” o “no bajó la mirada”. La misma autoridad que dice que hay una falta, además, es la que juzga; tampoco hay defensor en el trámite administrativo. Es derecho administrativo en una unidad penitenciaria y en una situación de sujeción particular. Las sanciones inciden en el régimen progresivo y pueden impedir el acceso a beneficios como las condicionales o salidas transitorias. Hace más de 15 años que esto es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado argentino debe ofrecer una reforma que satisfaga sus parámetros. Además ese reglamento fue declarado inconstitucional. Ya está avanzada la redacción del nuevo. Incidirá mucho en la vida penitenciaria y será un gran alivio.

–En general toda la cuestión de derechos de personas privadas de la libertad tiene mala prensa…

–Los presos tienen mala prensa. Pero los presos salen de nosotros y vuelven a nosotros. Y hemos probado en los últimos cuatro años que cualquiera puede estar preso. En general a la etapa de “ejecución de la pena” nadie le da bolilla. Vamos a encarar una reforma de la Ley de Ejecución, porque quedó descompaginada y vulnera el espíritu de la progresividad y el avance de los ciclos. Esto es, la posibilidad de que acceder a la libertad condicional si estudiás, si tenés buena conducta, buena relación con los demás, a menos que tengas más de una condena o acusaciones por delitos como el de violación. La ley orgánica del SPF también será modificada.

–En las cárceles también hay prácticas vejatorias para quienes van a visitar a los presos y presas, como las requisas ¿Se van erradicar?

–Esto es algo que hay que solucionar. Hay que establecer protocolos diferentes para las visitas. Y poner agentes con otra disposición para hacer las requisas. Se puede modificar con un protocolo, e igual controlar el ingreso de droga.

–¿Es posible la reinserción social pos prisión?

–El 90 % de los presos que terminan el secundario no reinciden. Es entregarles herramientas para que puedan elegir. Les das opciones al delito. El tiempo en prisión debe servir para algo. Pero recién ahora se está empezando a hacer hincapié en cómo funciona el cumplimiento de la pena.

–¿Qué puede pasar después de la pandemia con el delito?

–Como ahora no hay circulación se redujo mucho el índice delictivo, pero esta falta de ingreso en las cárceles tiene el límite de la pandemia. Por el mismo efecto subieron sí los femicidios y la violencia de género. Ahí se nota que el ámbito privado no es el más seguro para las mujeres que padecen este tipo de delito.

–Usted fue impulsora de la democratización judicial desde Justicia Legítima. ¿Qué expectativa tiene con la reforma judicial?

–El Poder Judicial no necesita solo estructuras nuevas, sino hacerse cargo de que está parado en el siglo pasado. Si no lo asume, no estará a la altura de los requerimientos. Igual la reforma va a rendir frutos: por lo pronto va a descentralizar el ejercicio de poder que permitió, el lawfare, donde también participaron los medios.