Los movimientos sociales piden gravar a las empresas prestadoras de internet

Las organizaciones sociales llevarán al Congreso un proyecto de ley para que las empresas prestadoras del servicio de internet aporten el 3 por ciento de sus ganancias a un fondo destinado a dar conectividad a los 4400 barrios populares del país. Es que, según muestran los relevamientos, el 80 por ciento de sus chicos en edad escolar carecen de una conexión estable, una enorme limitación para sostener las actividades escolares en pandemia. Además, en 6 de cada diez hogares de los barrios populares tienen solo un equipo, que en general es un teléfono celular, de uso compartido entre toda la familia

El proyecto ley se fundamenta en un estudio realizado por la Universidad Popular del movimiento Somos Barrios de Pie para conocer qué está pasando con la escolaridad en los asentamientos y villas, durante el segundo año de pandemia. La encuesta encontró que prácticamente ningún estudiante puede usar las plataformas educativas, que los que tienen tecnología para conectarse a las clases virtuales son sólo 14 de cada cien y que para comunicarse con los maestros, el 76,8 por ciento usa whatsapp, una herramienta muy limitada en lo pedagógico. Esto sucede porque a la mayoría de las familias de los sectores populares, un plan de internet fijo les resulta impagable; el uso de planes de datos está entonces generalizado. Como se sabe, es un servicio más barato pero que no cubre todos los días del mes, y que tiene una señal menos estable. En cuanto a los equipos de que disponen, más del 66% de las familias encuestadas solo tenía un dispositivo, mayormente un celular, , y el 13,5% directamente carecía de cualquier dispositivo.

Aunque el negocio de las prestadoras de servicios de internet tuvo un enorme crecimiento por el teletrabajo, las empresas del sector no han aceptado las regulaciones del gobierno nacional, que les ordenaron brindar, en esta emergencia, una Prestación Básica Obligatoria, con tarifas bajas, a las familias de menores ingresos. Así lo había dispuesto el gobierno nacional, mediante un decreto de necesidad de urgencia del presidente Alberto Fernández, que Telecom –una compañía del grupo Clarín–, impugnó ante la justicia. 

Esta semana, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la empresa, con el argumento de que las medidas tomadas por el Gobierno afectaban “los derechos de propiedad” y la “libre competencia”. Así, suspendió por seis meses la aplicación del DNU que, además de fijar la Prestación Básica Obligatoria, congelaba los precios de la telefonía celular e internet.

Las empresas del sector ya pagan un gravamen que está en el orden del 1 por ciento. El proyecto de ley propone elevarlo dos puntos porcentuales, señalaron en Somos Barrios de Pie. 

En la organización remarcan el esfuerzo que hará el estado nacional con el plan Juana Manso, que entregará 633 mil netbooks con una inversión de 20 mil millones, y agregan que se necesita “un mínimo de dos millones de computadoras” y la apertura rápida de puntos de wi fi en los barrios para liberar el acceso a internet.

“Con un promedio de contagios de covid de 20 mil casos por día, no tiene sentido discutir sobre si la opción es presencialidad o virtualidad. Tenemos que actuar sobre qué hacer con la virtualidad y cómo disminuir la brecha digital. Eso requiere de fondos y resulta lógico que las empresas del rubro, que están teniendo ganancias extraordinarias, lo aporten. Es imprescindible avanzar con el aporte de los que más tienen para garantizar la continuidad escolar de cada chico y cada chica”.