Los manejos de Cambiemos en las políticas de conectividad

La institucionalidad, transparencia e inclusión digital son reiterados latiguillos de gestión del gobierno de Cambiemos, retomados en la reciente campaña electoral. Sin embargo, al analizar los programas de universalización del acceso a internet nos encontramos con organismos gubernamentales, falta de información y oscuridad en el manejo de fondos y programas. Por estas razones realizamos un pedido de acceso a la información pública al ENACOM, acompañado por diputados nacionales, que sintetizamos a continuación:

La importancia de las políticas de Servicio Universal para reducir la denominada “brecha digital”, la exclusión de sectores de la población poco atractivos para el mercado de los servicios de telecomunicaciones, con graves efectos para su desarrollo social, económico e incluso político, está reconocida internacionalmente desde hace décadas. Se trata de programas orientados a la promoción del acceso (expansión territorial de la cobertura) como de su uso o apropiación. Para ello se crearon los Fondos de Servicio Universal (FSU), conformados con el aporte de un porcentaje de los ingresos de las operadoras del sector, lindante al 1% de su facturación, que dado el volumen del negocio termina alcanzando grandes sumas.

Una falencia extendida en América Latina fue el retraso en la conformación y aplicación de estos Fondos y Argentina no fue la excepción: el Servicio Universal fue reconocido recién 10 años después de la privatización de ENTel, se demoró casi otra década la conformación efectiva del Fondo y desde entonces su implementación fue limitada. La Ley Argentina Digital de 2014 buscó potenciar su uso. Y sobre eso se montaron los decretos con los que Macri intervino el área de comunicaciones. El ente gubernamental resultante, el ENACOM, en el que el partido de gobierno se reservó el nombramiento de 5 de sus 7 directores, concentró la capacidad de decidir a discreción sobre la creación de los programas y el destino de esos fondos.

Como investigadores nos surgieron varias inquietudes sobre el uso que Cambiemos hizo de esos fondos. Al consultarlas, fuimos remitidos sistemáticamente a la información que el gobierno llama “datos abiertos”. Pero chocamos con otro rasgo peculiar de la “institucionalidad” y “transparencia”: el carácter parcial y selectivo de la información disponible, que incorpora lo que las agencias gubernamentales deciden mostrar, pero nunca de lo que consideran sensible. Por esta razón, realizamos un pedido de acceso a la información pública, refrendado por 5 diputados nacionales y 2 organizaciones sociales afectadas. Por el momento, recibimos otra típica respuesta del gobierno en el acceso a la información pública: pedidos de prórroga. Ante esto, decidimos hacer públicas las principales preguntas sobre el uso de esos fondos.

A partir de la información disponible, los egresos del FSU entre 2016 y la actualidad fueron de $ 4.582.498.051. Ahora bien, ¿qué porcentaje representa de los ingresos totales acumulados hasta 2019? ¿Cuánto dinero ingresa mensualmente? ¿Cómo se administra ese capital? ¿Se usa parte de los fondos en manejos de Hacienda, como Lebacs, Leliqs y otros instrumentos financieros? ¿Cuál fue el cumplimiento de las operadoras en sus obligaciones de aporte? Este es el marco general de las consultas que realizamos.

Y en los detalles está el diablo. ¿En qué programas se gastaron esos 4.600 millones de pesos? Se informa que cerca del 74% fue destinado a la empresa estatal ARSAT para continuar con la puesta en servicio de la Red Federal de Fibra Óptica. Iniciativa loable, pero que requiere de otras complementarias para que los servicios lleguen finalmente a los usuarios. Y resulta poco claro si la ejecución de las obras fue realizada por ARSAT o tercerizadas, en qué empresas, con qué contratación y con qué montos. Puede haber grandes beneficiarios detrás de esos fondos.

El 13% se destinó al programa Redes Educativas Digitales, que recibió una transferencia de $600.000.000 en julio de 2017, primer desembolso de un total estimado en 2.300 millones de pesos. El objetivo era la instalación de pisos tecnológicos para el uso de internet en alrededor de 23 mil escuelas públicas de todo el país. ENACOM suscribió un convenio con el Ministerio de Educación, que trasladaba su ejecución a EDUC.AR, la Sociedad del Estado que había estado a cargo de Conectar Igualdad. Pero algo oscuro ocurrió en el camino, y en diciembre de 2018 ENACOM decidió suspender el convenio, alegando que Educación había transferido “sin consentimiento alguno” su ejecución y el desembolso a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Sin mayor información desde entonces, más allá de la promesa de campaña del presidente Macri de ahora sí avanzar con internet en las escuelas, solicitamos conocer el estado de ejecución de las obras y de esos 600 millones de pesos.

Otros dos programas Más Simple, de acceso a TICs para Adultos mayores y Mujeres en zonas rurales, suman el 6,7% de los egresos, unos 300 millones de pesos. Bajo una justificación pomposa de inclusión digital, se limitaron al sorteo de tablets entre los inscriptos a la promoción, y sólo en las localidades que lograron suscribir un acuerdo con ENACOM, casi en su totalidad gobernadas por Cambiemos. Esto suscitó otro pedido de informes por parte de diputados nacionales, que remarcan la ausencia de metas y criterios objetivos de selección y evaluación, sumado a que la entrega de tablets se concentró en los periodos electorales de 2017 y 2019.

Finalmente, un 4% se destinó a continuar el programa para conectar establecimientos educativos en zonas aisladas. Y tan sólo el 1,4% restante a proyectos de aportes no reembolsables para Pymes y cooperativas de localidades de hasta 10.000 o 2.500 habitantes, que tienen a su cargo importantes desarrollos de red. A pesar de los anuncios del gobierno se trata de la porción más pequeña del Fondo, con montos escasos en relación a las inversiones requeridas y poca claridad sobre los criterios de selección.

El acceso y apropiación de internet es muy desigual en nuestro país, lo que afecta fuertemente nuestra organización y obligación federal. La política pública en torno al Servicio Universal es una herramienta fundamental para promover el cierre de esas brechas digitales y sociales. Son necesarios los estudios y las decisiones atentas para impulsar una inclusión real, que equipare entre los actores y poblaciones afectadas.

Mariela Baladron: docente e investigadora FSOC-UBA, IEALC y Observatorio Dercom

Gustavo Fontanals: Investigador Universidad de Buenos Aires UBA, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO