Los jardines de infantes invisibles del macrismo

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció que el gobierno de Mauricio Macri pagó 704.975.760 pesos por la construcción de 93 jardines de infantes en distintas provincias que nunca fueron terminados. El actual Ministerio de Educación detectó también sobreprecios: se llegaron a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, el doble que el valor de mercado. Pese a advertir las irregularidades y el hecho concreto de que las obras estaban abandonadas, la administración de Cambiemos no cobró multas ni inició acciones para recuperar el dinero. Estos contratos en la mira fueron parte del llamado “Plan Nacional 3000 jardines” con el cual el expresidente prometió en mayo de 2016 que garantizaría el acceso a la educación en las salas de 3 a 5 años. Esa promesa se redujo con el correr del tiempo y la convocatoria inicial a licitaciones fue para sólo 200 jardines, que en los hechos fueron menos todavía. La mayor parte de los proyectos, para colmo, fueron adjudicados a una misma unión transitoria de empresas que había sido objetada por un área técnica especializada antes de concretar la contratación.

El juez federal Ariel Lijo ya había tenido una causa vinculada con este mismo tema, pero fue archivada. La OA pide ahora que la saque del archivo porque hay muchos datos nuevos, detectados por la gestión del actual ministro Nicolás Trotta, entre ellos que además de todas las maniobras se pagó de más. La denuncia de origen la había hecho Margarita Stolbizer, cuando advirtió que la primera licitación había sido convocada para solo 100 jardines pese a que un decreto de 2017 establecía una tanda de 500, y que las obras no avanzaban pero las constructoras obtenían prórrogas. Según advirtió Stolbizer, se llegó a empezar la construcción de 105 jardines, pero terminaron 14, aunque tampoco eran nuevos establecimientos sino aulas construidas sobre jardines ya existentes.

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la gestión del actual ministro, Trotta, hizo una denuncia en marzo último ante la OA, después de una auditoría en la que analizó gran cantidad de documentación y trámites. El organismo que dirige Félix Crous cotejó datos y resolvió presentarse en tribunales. El análisis está enfocado en cuatro de cinco licitaciones que fueron adjudicadas a una misma Unión Transitoria de Empresas (UTE) que está integrada por Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL. Las irregularidades aparecen en dos etapas: durante la gestión de Esteban Bullrich, las contrataciones controvertidas; durante la de Alejandro Finocchiaro los contratos fueron rescindidos por el incumplimiento, en una dudosa situación de “mutuo acuerdo” donde no se le reclamó nada a la UTE incumplidora. Estos son los ejes del planteo:

* Hubo aviso. Ya en 2018 un informe de auditoría interna advertía que había que analizar qué proveedores estaban en condiciones de presentarse a la licitación para promover más concurrencia dado que había condiciones específicas y se requería empresas con capacidad de cumplir con plazo breves (seis meses era la meta inicial). Pero, además, sobre la UTE en cuestión una comisión evaluadora alertaba que no cumpliría con la “capacidad de trabajo” requerida para todas las 93 obras adjudicadas en nueve provincias: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La concesión para construir fue otorgada igual.

* Sobreprecios. La UTE Escarabajal-Bahía Blanca sumó contratos por 92 millones de dólares. El metro cuadrado fue calculado a 1498 dólares pero según la administración actual del ministerio de Educación analizó los precios testigo en licitaciones recientes: en Buenos Aires 870 dólares el metro cuadrado; en Salta 675 dólares; en San Juan 708 dólares.

* No hubo multas ni reclamos. Según la denuncia el Ministerio de Educación estaba en condiciones de reclamar 61.920.462 dólares (cálculo realizado en base al tipo de cambio a la fecha de las transferencias) por los pagos realizados sin finalización de ninguna obra, pero no lo hizo. Tampoco aplicó multas por la mora que hubo desde el vamos para iniciar los trabajos. En los expedientes constan “los retrasos o directamente la falta de presentación de planes de trabajo, falta de simultaneidad en la ejecución de las obras apartándose de las previsiones del pliego de bases y condiciones, carencia de informes de avance y medición, de fotografías como lo exigía el pliego”, entre otras cosas. Para peor, frente a los incumplimientos, hubo una o dos prórrogas según el caso. En 21 obras se detectó también que los porcentajes de avance eran inferiores a los certificados, por lo que se pagaron diferencias por trabajos no realizados. 

* Ni un obra. Los jardines debían estar terminados para mediados de 2017, pero para diciembre de 2019 no había ni uno hecho completo. La mayoría incluso estaba en estado de abandono. Las obras con contratos rescindidos por muto acuerdo no tenían con suerte un 11 por ciento de avance. Las que abandonó la UTE varían: 53 obras tuvieron entre 50 y 75 por ciento de avance; 19 registraron entre 20 y 49 por ciento de avance y dos, menos de 20 por ciento.

* Más pérdidas. Cuando la gestión de Trotta intentó empezar a ejecutar las garantías por los incumplimientos, se llevó una sorpresa. Las empresas que integran la UTE estaban en concurso de acreedores, pero el Ministerio no figuraba con beneficiario de crédito alguno. Más aún, acusaban a la cartera de demoras en los pagos.

La denuncia de la OA le pide al juez Lijo que investigue los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (ya que sospecha que hubo interés de funcionarios en favorecer a una UTE específica) administración fraudulenta (perjudicar intereses que le son confiados) incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. Para el organismo los funcionarios implicados son los exministros Finocchiaro y Bullrich, el exsecretario de gestión educativa, Maximiliano Gulmanelli Barbiero y los exsubsecretarios de coordinación administrativa Félix Lacroze y Augusto José Araoz Reyes. También pide que se investiguen posibles vinculaciones de las constructoras con funcionarios públicos.