Los desafíos que le esperan a Rafecas

Revisión del uso de los “arrepentidos”, regreso de las escuchas telefónicas al Ministerio Público fiscal, aplicación restrictiva de las prisiones preventivas, freno a la influencia de los servicios de inteligencia en las investigaciones judiciales y mejora de los concursos para ocupar fiscalías en un tiempo de posibles recambios. Esos son algunos de los objetivos que estarán en el centro de la agenda de Daniel Rafecas si logra, tal como todo parece indicar, el acuerdo del Senado para convertirse en Procurador General de la Nación, la jefatura de todos los fiscales que le ofreció el presidente Alberto Fernández. El actual juez federal planea revisar todas estas cuestiones, algunas de ellas asociadas a un megadesafío que tiene en puerta: la aplicación del llamado código “acusatorio”, que les dará un papel protagónico en las investigaciones penales a los fiscales, modelo todavía resistido por sectores de la corporación judicial, acostumbrada a tener el dominio de los expedientes. Es una reforma que el macrismo postergó, pese a que fue aprobada en 2015, y que demandará tiempo y dinero.

Rafecas fue nombrado juez federal en 2004, pero antes había pasado por la Procuración General, donde tuvo diversas funciones: integró la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), coordinó una comisión de fiscales que investigó y denunció procedimientos fraguados por la policía, fue secretario letrado y trabajó en la fiscalía de La Boca. Fue alguien de confianza para el fallecido ex procurador Esteban Righi, uno de los nombres que evocó Alberto Fernández en su discurso al asumir la Presidencia. Con Fernández se conocen desde hace 20 años, del Departamento de Derecho Penal de la UBA. Es un vínculo académico. Aunque Rafecas estuvo trabajó en las cátedras de Edmundo Hendler y David Baigún, y el Presidente siempre lo hizo con Righi, por quien comparte afecto y respeto.

Como juez, Rafecas tuvo causas relevantes de todo tipo: en cuanto asumió le tocó el caso de los sobornos en el Senado, que le valió el rencor del radicalismo; también estuvo a cargo de la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura en el área del Primer Cuerpo de Ejército; otros expedientes conocidos fueron el del enriquecimiento ilícito de José López, ex secretario de obras públicas, y el del ex jefe del Ejército, César Milani. Además del expediente de los sobornos, otros dos que le trajeron dolores de cabeza con denuncias en el Consejo de la Magistratura, fueron el caso Ciccone y el del Memorándum con Irán basado en la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida. Este último fue utilizado por el gobierno de Cambiemos como parte de su intento de colonizar el Poder Judicial: atacaban a Rafecas, igual que el establishment de la colectividad judía, porque sostuvo que no había delito en esa denuncia, que luego se duplicó en otro juzgado. Igual que las otras previas, la ofensiva fracasó. En menos tiempo de lo que imaginaba Rafecas se encuentra frente a una suerte de resarcimiento. En Gobierno dicen que cuentan con los dos tercios de los votos en el Senado para que su pliego como Procurador consiga acuerdo.

Sistema acusatorio. El Código Procesal Penal acusatorio se aprobó en 2015 y debía entrar en vigencia en los inicios del gobierno de Mauricio Macri. Como el ex presidente pretendía tener control sobre los fiscales y todavía la procuradora era Alejandra Gils Carbó, a quien pretendía echar, dejó en suspenso aquella reforma procesal que, increíblemente, después empezó a usar en su campaña para la reelección. Recién se comenzó a aplicar este año en Salta y Jujuy. El presidnte Fernández puso la cuestión judicial entre sus prioritarias y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, ya anunció que la aplicación del sistema acusatorio será una premisa. De ahí el papel crucial que tendrá el futuro Procurador. “El sistema acusatorio brinda un mejor equilibrio en el manejo del poder de las investigaciones entre el fiscal y el juez. Un fiscal investiga y un juez revisa las garantías. El juez ya no es alguien que revisa lo que él mismo hace. Abrirá más instancias orales y de inmediación, lo que debería hacer todo más ágil. En el modelo escrito, que está vigente, un planteo puede demorar meses en ser resuelto. Con el acusatorio se resuelve en una audiencia. Hay mucho menos lugar para las dilaciones”, explica Rafecas a PáginaI12. A la vez aclara que no habrá una transformación de la noche a la mañana y se seguirá implementando en forma escalonada. Las próximas provincias serán Mendoza y Santa Fe. Pero todo debe ir acompañado de capacitaciones, ya que no todos los fiscales y funcionarios están preparados para este cambio de enfoque, y requiere un presupuesto elevado, cuya disponibilidad no está clara todavía.

Escuchas telefónicas. “Sería lo natural que el Ministerio Público Fiscal vuelva a tener a cargo la oficina de escuchas en el marco de la implementación del modelo acusatorio, que es inexorable”, dice Rafecas, con la expectativa de que esa dependencia que extirpada de la Procuración por decisión de Macri y entregada a la Corte Suprema, vuelva a adonde estaba. “Para quien se hará cargo de las investigaciones de ahora en más, las escuchas son cruciales. El ministerio Público Fiscal será el ámbito más adecuado. Los fiscales velan por la legalidad de los actos procesales y por la búsqueda de la verdad”, agrega. Las escuchas sumaron poder a los jueces en los últimos años, aunque fueron los más escandalosos en materia de filtraciones y uso político de conversaciones privadas de dirigentes y personas públicas. Desde las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner con Parrilli (el famoso “soy yo pelotudo”) en adelante, lo que incluye las pinchaduras en la cárcel de Ezeiza utilizadas para atacar la causa por espionaje que tramita en Dolores, todo eso ocurrió bajo gestión de la Corte Suprema, siendo su directores dos camaristas federales: Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. La resistencia de la familia judicial a ceder el poder de controlar los expedientes y las intervenciones telefónicas es conocida, pero en los últimos tiempos algunos en Comodoro Py parecen mostrar mayor aceptación, o también resignación.

Recambio. En lo que atañe a los propios fiscales, el universo de los actuales es sumamente variopinto. Los hay ultra conservadores, burócratas, progresistas, abolicionistas, garantistas. Rafecas, todo indica, apuesta a un recambio generacional mediano plazo. Es posible que algunos, poco afectos al modelo acustorio, den un paso al costado. “Me voy a ocupar mucho de gestionar los concursos con seriedad, imparcialidad y objetividad”, promete.

Arrepentidos. La figura del “arrepentido” comenzó a ser utilizada en las causas de corrupción en los últimos años, a raíz de una modificación de la ley que impulsó Cambiemos. Quedó a la vista, en casos como la causa de los cuadernos, su utilización como método de presión a través del cual se encarceló a ex funcionarios y empresarios que no eran liberados hasta tanto se ofrecieran como imputados colaboradores. Se supone que sus dichos debían ser cotejados en la investigación, algo de dudoso rigor, cuyo debate quedó delegado para la etapa de juicio oral. Rafecas mira este asunto con preocupación y dice que el papel de Procurador le permite “proponer reformas legales al Congreso por razones de política criminal” y tiene facultades para “dictar instrucciones generales acerca de cómo interpretar normas legales”. “Con estas dos herramientas seguramente vamos a trabajar para mejorar la aplicación de la ley del arrepentido. Vamos a hacer un estudio exhaustivo para eso”, dice. Luego precisa que “el reaseguro de la prueba y de la declaración del arrepentido debe estar rodeado de más garantías. Me refiero al hecho de asegurarse que la declaración no esté sometida a ningún tipo de presión o condicionamiento”, señala. Es conocido, por ejemplo, que las declaraciones en el caso cuadernos no fueron filmadas ni grabadas. No hay registro de las condiciones en que se hicieron.

Prisión preventiva. Después de casi tres años de uso desenfrenado de la llamada doctrina Irurzun –que en rigor nación en la Corte Suprema de la mano de Ricardo Lorenzetti—por la que fueron presas alrededor de 70 personas entre funcionarios y empresarios, el panorama comenzó a revertirse. Ante un escenario donde macristas podían a llegar a correr la misma suerte que los ex funcionarios del kirchnerismo, decidieron pactar y dentro de la comisión Bicameral que monitorea la implementación del código acusatorio se decidió reglamentar recientemente el uso de las preventivas. Las bases de estas reglas estaban aprobadas ya en 2015, pero el macrismo decidió postergar su aplicación. Ahora hay nueve instancias previas que debe analizar un/a jueza/a como alternativa a la prisión antes del juicio (desde la tobillera electrónica, régimen de rendir cuentas ante el tribunal, entre otras), y evaluar con rigor extremo los peligros procesales (de fuga y entorpecimiento). Es el fin de la doctrina Irurzun, pero que deben aplicar los tribunales. “Además de la decisión de la Bicameral los últimos fallos de Casación van en esea misma línea, hay una modificación de jurisprudencia más respetuosa de las garantías y principios de la Constitución y los tratados internacionales. Es un camino abierto y ahora el trabajo será respetarlo”, anuncia Rafecas.

En los últimos dos años no hubo procurador/a titular sino uno interino, Eduardo Casal, por lo que tampoco existió diseño de una política criminal. Esto facilita en buena medida el camino. Quienes conocen a Rafecas pueden imaginar que pondrá el acento en cuestiones relativas a los derechos humanos y la violencia institucional, que son parte de su especialidad. Se mantendrá, eso sí, la estructura de procuradurías especializadas que había instalado Gils Carbó, entre las cuales están la de violencia contra las mujeres, lavado, narcocriminalidad, trata de personas, entre otras (además de las de lesa humanidad y violencia institucional). “Como política, pienso en una postura estricta respecto de los servicios de inteligencia y su incidencia en las causas. Es un vínculo que no debe existir”, dice a tono con los anuncios del presidente Fernández. “Mi gestión como juez –defiende– se caracterizó por no permitir que mi juzgado sea un instrumento de operaciones políticas y mediáticas, y lo puedo decir desde lo que decidí respecto de la denuncia de Nisman, donde no encontré delito, pero también de la de las lebacs (contra el macrismo), donde sostuve que no se puede criminalizar una política económica”.