“No existió el lavado de dinero en Hotesur-Los Sauces porque ese delito implica la existencia de dinero negro que se convierte en blanco o sea en plata con apariencia legal. Los alquileres que se pagaron en Hotesur-Los Sauces siempre fueron dinero blanco, bancarizado, pagados con cheques o transferencias bancarias“. Ese es, en esencia, el argumento con el que la defensa de Cristina Kirchner rechazó los argumentos de la fiscalía y le pidió a la Cámara de Casación que confirme lo decidido por el Tribunal Oral número 5: el sobreseimiento de todos los imputados.
Si hubo asociación ilícita ya se investiga en otra causa; si hubo defraudación al Estado, también. Los dos delitos son parte de la causa por las obras viales de Santa Cruz. “Todo el dinero recibido por Hotesur y Los Sauces ya se encontraba dentro del circuito financiero legal y ya tenía apariencia de origen lícito (en rigor de verdad, tenía origen lícito), por lo cual era no sólo innecesario y de hecho era imposible someterlo a una maniobra de lavado de activos”, reseña la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
El fondo del caso: los alquileres
El expediente Hotesur-Los Sauces, instruido en su momento por el fallecido juez Claudio Bonadio, tiene como centro las propiedades de la familia Kirchner. Se trató de hoteles en Santa Cruz y dos departamentos, principalmente en Puerto Madero. Desde antes de asumir Néstor Kirchner el cargo de intendente de Río Gallegos, la pareja con Cristina se dedicaba a comprar propiedades y alquilarlas.
Bonadio -apoyado por las cámaras de Comodoro Py- sostuvo que quienes alquilaban esas propiedades –en especial Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa– pagaban de esa manera una especie de coimas por las rutas que se les otorgaron o por otras concesiones del Estado.
La respuesta original de las defensas fue siempre la misma:
- Los alquileres fueron reales y a precios de mercado, por lo tanto no incluían ninguna coima.
- No hay proporción alguna en las cifras. Por ejemplo, una empresa de Báez tenía alquilados dos hoteles y pagó, en varios años, un total de diez millones de pesos. El total de las rutas que construyó el santacruceño fue, como mínimo, de 20.000 millones de pesos de esa época, o sea que los alquileres significaron un 0,05 por ciento. No tiene relación alguna con una coima.
- Los contratos siempre fueron oficiales, declarados en la AFIP, y los pagos se hicieron por cheque o transferencia.
El Tribunal Oral sobreseyó a todos
En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal número 5, integrado por Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Palliotti, resolvió por votación dividida que no existía delito en el caso Hotesur-Los Sauces y, por lo tanto sobreseyó a todos los imputados sin hacer el juicio.
La fiscalía involucra además a Máximo y a Florencia, los hijos de Cristina, por ser parte de las sociedades. Cuando se fundó Los Sauces, Florencia tenía nueve años y no intervino en ninguna operación. Aún así –demostrando el carácter político de la acción judicial– también la procesaron y embargaron en su momento.
El centro de lo que cuestiona la fiscalía de Casación, a cargo de Mario Villar, es que hay que hacer el juicio porque no hubo ninguna novedad que motivara la decisión de los jueces de afirmar que no hay delito.
Todas las defensas -Carlos Beraldi por CFK; Fabián Lértora por Cristóbal López, Fernando Castejón y Sebastián Bagini de Fabián De Sousa y Juan Villanueva de Lázaro Báez- señalaron que sí hubo una novedad decisiva: una pericia contable en la que se determinó que todos los pagos de alquileres fueron bancarizados y registrados en los libros de contabilidad. Es que, nuevamente, quedaron evidenciadas las maniobras de Bonadio y la alianza político-judicial-mediática con sede en Comodoro Py: grandes titulares de diarios, imputaciones feroces, pero ninguna pericia.
No hay juicio porque no hay delito
Los letrados señalaron que ya hay muchos casos en que los tribunales orales resuelven no hacer los juicios porque aparece un elemento que determina que no existió ningún delito. El ejemplo que se suele dar es que si en un caso por homicidio la víctima aparece viva, no tiene sentido hacer el juicio.
Lértora dice específicamente en su escrito: “el informe pericial termina, además, descartando la existencia de dos pagos no registrados. Fue un error de anteriores peritos. Esto es suficiente para evidenciar la inexistencia del requisito típico de la disimulación del origen del dinero”.
En el expediente Hotesur-Los Sauces, los jueces del Tribunal Oral dijeron, en síntesis, lo que ahora sostienen las defensas: “que no existe el posible delito de lavado si un dinero que ya es blanco, dado que estaba en un banco, pasa a otra persona. Si hubo delitos (no el de lavado de dinero), se investiga en otras causas”.
Los cambios de acusación de la fiscalía
En el caso de Fabián De Sousa y Cristóbal López la imputación parece descabellada porque todo lo que hicieron fue alquilarle a la familia Kirchner un departamento y una oficina. Siempre a precios de mercado o, según lo demostrado, un poco más barato que en propiedades similares. O sea, no se trató de sumas monumentales que podrían haber encerrado una coima.
La fiscalía fue señalando cosas distintas como delitos que habrían motivado los alquileres y una especie de dádiva a los Kirchner. Por ejemplo, las concesiones en casinos, pero De Sousa no tenía nada que ver con esas concesiones y, además, en la causa existente hubo sobreseimiento. Después mencionaron la adjudicación de áreas petroleras en Vaca Muerta, pero también en el expediente respectivo hubo sobreseimiento ya que fueron licitaciones. Y, finalmente, la fiscalía consideró que el lavado implicaba el delito de dádivas, sin especificar.
“Queda claro que se buscó encajar la cuestión del modo que fuera. Al no existir el delito, nunca pudo ser debidamente acreditado”, señala el escrito de Castejón y Bagini, defensores de De Sousa. En una última presentación, los fiscales señalaron algo asombroso: que existe “un remanente de imputación” que podría tener que ver con las rutas de Santa Cruz y mencionaron la causa Vialidad. Pero allí el imputado es Báez.
En cuanto a Báez, su abogado señaló lo obvio: que la supuesta asociación ilícita ya está siendo juzgada en la causa Vialidad, lo mismo que la obra pública en sí misma. De manera que no se puede juzgar a nadie dos veces por los mismos hechos. Y los alquileres -reiteraron- fueron todos en blanco.
Una polémica mundial
El caso Hotesur-Los Sauces plantea una cuestión que se debate en muchísimos países: si un Presidente tiene derecho de administrar sus bienes durante el mandato y cuáles son los límites.
En la justicia argentina la cuestión fue dirimida en su momento por el juez Julián Ercolini, que después se convirtió en una punta de lanza contra el peronismo. Un constructor, que tenía obras viales con el Estado, Juan Carlos Relats, le alquiló un hotel a los Kirchner. Ercolini consideró que la familia de un presidente tenía derecho a alquilar y administrar, sus bienes, sin limitación alguna.
En el caso de Sebastián Piñera en Chile y el de Mauricio Macri en Argentina hubo oscuros movimientos con fideicomisos que, incluso, se dijo que eran ciegos, o sea que el titular no veía en qué invertían las personas que quedaron a cargo de sus bienes. Lo grotesco es que Macri vendió sus acciones en Autopista del Sol después de otorgarle una increíble renovación del contrato de la Panamericana a la empresa de la que formaba parte. Acciones que valían tres pesos, terminaron vendiéndose a 83 y la administración se manejó desde una sociedad de Liechtenstein, en la que figuraba su hermano. Y también vendió Macair, Macri Air, después de otorgarle nuevas rutas.
El debate actual en Estados Unidos tiene que ver con Trump. El expresidente es el dueño de un hotel enorme en Washington, contratado como nunca por el estado. El hotel tuvo ganancias como nunca antes. Pero además, Trump hacía contratar sus clubes de golf para actividades de gobierno. Lo más controvertido es que cuando viajaba a alguno de sus resorts, a los custodios le cobraron las habitaciones a precios que duplicaban los habituales. Y no sólo sus custodios, sino también los de sus hijos.
Respecto de los Kirchner, la fiscalía nunca sostuvo que los precios fueran inhabituales o fuera de mercado. Incluso respecto del hotel Alto Patagonia, en Calafate, el contrato fue anterior a que Aerolíneas Argentinas fuera estatal y anterior a que el hotel fuera comprado por los Kirchner. Pero también los precios fueron siempre los de mercado.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/500278-causa-hotesur-los-sauces-los-abogados-de-cfk-afirman-que-no-
