Hace dos años, asistíamos a un duelo revelador sobre los mecanismos del estado excluyente que se instalaba en el país. En un desopilante y doliente discurso contra el “progresismo estúpido”, Elisa Carrio salió a defender un proyecto que se suponía venia a combatir el hambre. El mismo consistía en que aquellas cadenas de alimentación sostenidas por la supermercados, puedan hacer llegar alimentos a dos meses de su vencimiento a instituciones benéficas y ongs. Era el concepto del derrame, con disfraz de buena predisposición hacia quienes sufren hambre. Ya por entonces se entendía que no había un plan articulado desde las políticas públicas y que quedó explícito frente a los ciudadanos en la obscenidad de la pelea entre las dos paladines de la honestidad republicana, Carrió vs. Margarita Stolbizer.
Para una, ese proyecto ayudaba a combatir el hambre, pero no se engarzaba con ninguna batería cierta de políticas públicas que demuestren esa voluntad, es decir sonaba a acción de marketing y lifting de buenas voluntades para demostrar sensibilidad gubernamental. Para la otra, “la progre estúpida”, según Carrió, el proyecto tenía un problema de logística, y el vencimiento de los alimentos podía darse en medio del reparto de los mismos. Obsérvese la discusión que pasó desapercibida en aquellos tiempos y comparemos con la realidad de nuestros días y lo que debate hoy el Congreso.
Si nos remontamos al año 2010, y tomamos declaraciones de Juan Carr, encontraremos palabras como estas: “Yo no discuto la pobreza pero el hambre sigue bajando”. Lo dijo en un programa radial. Tres años después, el día de la primavera de 2013, declara que “Argentina es un país que produce alimentos para 160 millones de personas y está a la vuelta del hambre cero”. Lo justificaba diciendo que en la última década, “hubo una mejor distribución a través de las políticas del Estado y de Caritas”.
Es decir, había una política pública, que si bien no centralizaba todos los recursos como el exitosísimo y ahora vaciado y en declive “Fome Cero” de Lula en Brasil, garantizaba la articulación de políticas nacionales, provinciales y municipales.
En aquel momento, en la Argentina, solo uno de cada 23 habitantes no tenía garantizada su comida; en América latina, uno cada catorce, y en el mundo, uno cada siete. En la Argentina las cifras eran casi el doble mejor que en América latina.
Licenciado en Trabajo Social
