"Les creemos a las víctimas", afirmó la APDH 

“Asesinatos, violaciones, mutilaciones oculares, torturas, detenciones ilegales, amenazas, amedrentamientos, más de dos mil presos políticos son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo chileno”. 

Esa es la síntesis del abogado Federico Pagliaro sobre la represión desplegada por el gobierno de Sebastián Piñera desde el 18 de octubre pasado y por la cual la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA medidas cautelares a favor de 250 personas: manifestantes heridos, periodistas, voluntarios de la salud y defensores de derechos humanos que se encuentran desprotegidos y con sus vidas en riesgo.

Se trata de un pedido urgente para que la CIDH reclame al Estado chileno que, entre otras cosas, deje de utilizar armamento letal contra los manifestantes. La denuncia incluye la posible existencia de centros clandestinos de detención, una rémora de la matriz represiva heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, nunca desmontada.

Durante la conferencia de prensa Pagliaro, abogado de la regional Rosario de la APDH, quien estuvo acompañado por los copresidentes de la APDH María Elena Naddeo y Guillermo Torremare, presentó también al Comité de Solidaridad entre los pueblos de América latina.

 “Es un documento desgarrador con todas las pruebas de los delitos gravísimos que no veíamos desde la dictadura, un octubre trágico que sigue hasta hoy. Son nuevas formas de dictadura enmarcadas en democracias representativas y formales en las que se reproducen los métodos de la vieja doctrina de seguridad nacional de la Escuela de las Américas, por eso la lucha es continental”, expresó Naddeo.

“Quiero repudiar los dichos de Piñera en relación a los supuestos montajes de la represión. Dijo que no eran reales, que eran de otros países. En 20 días fui testigo de la represión bélica y sistemática contra quienes ejercen el derecho a movilizarse”, advirtió Pagliaro, quien participó en Santiago de Chile de una reunión con el secretariado ejecutivo de la CIDH. 

“Me hizo retroceder 40 años, cuando alegamos en la causa Feced. Recuerdo que en 1979 vino la CIDH a Argentina y hubo largas colas para hacer las denuncias. Esto fue similar, escuchar testimonios desgarradores en primera persona y de familiares de muchas de las víctimas. En ese mismo momento exhortamos a la CIDH a adoptar medidas cautelares de oficio para frenar la represión y exigir la libertad de los presos políticos”.

El relato de Pagliaro incluyó la descripción de las reuniones con distintas organizaciones populares y su participación, en calidad de observador junto con otros dirigentes de derechos humanos, de diferentes manifestaciones, munido con chaleco, casco y respirador. “Es impresionante la cantidad armamento desplegado por las fuerzas de seguridad, la cantidad de cámaras instaladas en los edificios, la utilización de los famosos ‘zorrillo’ para tirar gases, los ‘guanacos’ que tiran soda cáustica, las bombas lacrimógenas lanzadas con escopetas que provocaron homicidios, los perdigones que produjeron la mayoría de los 350 traumas oculares constatados, y los casos de quienes perdieron los dos ojos: representamos a todos los observadores porque a ellos también les disparan, hay un particular ensañamiento con los militantes de derechos humanos”.  

Labor de alto riesgo

A dos meses del inicio de la represión, Pagliaro viajó por segunda vez a Santiago de Chile pero tuvo que cambiar de alojamiento porque quien lo había alojado la primera vez se había mudado por razones de seguridad. Tras el robo de tres computadoras de la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, las entrevistas se realizaron en bares y en hostels. 

Pagliaro describió con detalles los dos casos en que se basa la cautelar presentada ante la CIDH, el de una periodista detenida ilegalmente, obligada a desnudarse, y el asesinato de Abel Acuña, ocurrido el 15 noviembre, quien tuvo un paro cardíaco por los gases recibidos en la Plaza Dignidad, y a quien asistieron los brigadistas de la Universidad de Chile, que llamaron a una ambulancia y que, a su vez, fueron atacados por los mismos agentes que habían arremetido contra Acuña, quien murió “porque la ambulancia nunca pudo llegar: lo asesinaron”. 

Tras destacar la presencia mapuche en la protesta, el abogado recordó el caso de un joven de ese pueblo indígena que fue torturado, violado y abandonado en un descampado, y quien no hizo la denuncia por temor.

Torturas y desapariciones

La estación Baquedano del Metro, que había sido un centro clandestino de detención en la dictadura, “fue quemada”, pero esa acción que las fuerzas de seguridad atribuyeron a los manifestantes, les permitió a las represores ejercer un control adicional de los alrededores de Plaza Dignidad. “Hay dos casos comprobados de personas torturadas allí, pero podrían ser más porque no todos se animan a denunciar. El Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH) es del Estado, por eso nadie confía en sus cifras”, advirtió Pagliaro. 

La cautelar ante la CIDH solicita al Estado chileno que intervenga para evitar un daño irreparable. No es una condena sino el pedido de una urgente intervención en defensa de quienes están en peligro. “Pedimos cosas concretas, medidas de resguardo, atención para los lesionados, cese del uso de armas letales, que ya provocaron 29 homicidios, y libertad de trabajo para médicos y periodistas, además de atención de personas heridas y reparación para las víctimas de trauma ocular”, explicó Pagliaro. 

Torremare, por su parte, aclaró que, como los delitos de lesa humanidad están contemplados por el principio de jurisdicción universal, “se pueden iniciar causas en otro país, y por eso estamos de acuerdo con que las denuncias se hagan acá”. 

PáginaI12 requirió información sobre personas desaparecidas, y Pagliaro apeló a otra de sus vivencias. “Nos dijeron que fuéramos a un lugar para recibir información en un pen drive. Al llegar nos encontramos con una convocatoria de cien personas, bajo una lona, para evitar que nos grabaran desde arriba, y allí los denunciantes explicaron que hay centros clandestinos de detención que no fueron desmantelados y siguen funcionando, secuestran a chicos y chicas de primera línea, que se bancan todo para que se puedan hacer actos y marchas”. 

El abogado dijo haber tomado conocimiento de dos jóvenes que estuvieron en galpones durante cinco días. “Al oscuro, parados, una de las chicas escuchó cómo violaban a otra, eran 4 habitaciones con 20 personas cada una. Al liberarla le dijeron ‘tomate un vaso de agua’, y no se acordó de nada por ocho horas. Son dos casos denunciados de compañeras de barrios populares, yo les creo porque los testimonios son la prueba fundamental en casos de terrorismo de Estado, pero otros dudan”, dijo Pagliaro. Torremare avaló su testimonio: “Como organismo de derechos humanos nosotros le creemos a las víctimas, es la voz precisa cuando investigamos este tipo de delitos”.