Lava Jato: la injusticia del poder en Brasil desmascarada 

Las revelaciones hechas por el sitio The Intercept de conversaciones celebradas a través del aplicativo Telegram entre el fiscal federal Deltan Dallagnol, coordinador de la Operación Lava Jato, y el entonces juez de primera instancia, Sérgio Moro, hoy Ministro de Justicia y Seguridad Pública, explicitan el proceso de deterioro de las instituciones públicas en curso en Brasil y desnudan el importante papel desempeñado en este proceso por los agentes del sistema judicial brasileño.

A cada nueva ronda de revelaciones, vehiculizadas por algunos de los más grandes medios de comunicación brasileños (algunos previamente habían apoyado fuertemente a Lava Jato y Moro, como Folha de São Paulo y la revista Veja), que también corroboraron la autenticidad de los mensajes, queda claro que delegados de la Policía Federal, miembros de la Oficina de Fiscalía General, jueces del Tribunal Federal Regional de la 4ta Región (tribunal inmediatamente superior al ocupado por Moro) y los jueces del Tribunal Supremo Federal (STF) se unieron o fueron convivientes con ilegalidades jurídicas.

También muestran los intereses políticos y económicos de estos agentes públicos, quienes, bajo el pretexto de combatir la corrupción, promovieron acciones que contribuyeron al impeachement de Dilma Rousseff y llevaron a la cárcel al ex presidente Lula da Silva, abriendo las puertas a la elección de Jair Bolsonaro y, con él, la adopción de políticas de desmantelamiento del Estado y de afrenta a la soberanía nacional brasileña y sudamericana. La colusión ahora identificada sugiere la articulación de un complot cuya dimensión regional aún no se percibe en su totalidad, pero que ya se constata que apunta a destruir Unasur y debilitar el Mercosur. Hace una semana, el ex embajador de EE.UU. en Brasil entre 2010-13, Thomas Shannon, sostuvo que a su país le preocupaba la iniciativa brasileña de crear un bloque político fuerte y compacto en América del Sur que estaba obstaculizando la creación del ALCA.

En un intento por negar los crímenes cometidos, Dallagnol y Moro afirman que han sido víctimas de un “hacker criminal” que ha adulterado y eliminado de contexto los mensajes intercambiados entre fiscales y entre ellos y el juez que debía juzgar a los acusados. Aunque también afirman que han borrado los archivos y que no recuerdan el contenido de esas conversaciones. Más grave, aparentemente sin darse cuenta de la contradicción y gravedad de los delitos que confiesan indirectamente, sostienen que ellas son práctica normal en la relación entre acusadores y jueces en la justicia brasileña. Es decir, acciones “normales” serían:

a) combinar estrategias de investigación y procesamiento entre fiscales, delegados y jueces federales;

b) Retener pruebas capaces de probar la inocencia o culpabilidad de acusados, seleccionados según sus criterios políticos explícitos;

c) Dejar de enviar casos a los órganos judiciales correspondientes;

d) Entregar datos secretos de la Justicia a la prensa nacional e internacional con la intención declarada de interferir en las acciones políticas en Brasil y otros países de la región;

e) Buscar beneficios financieros personales explotando la fama que les otorgó la Operación Lava Jato

No sorprendente, por eso, que Moro solicite al COAF, organismo de supervisión financiera del gobierno federal, que investigue la vida económica de Glen Greenwald, editor de The Intercept, acto típico de un estado policial que no respeta la libertad de prensa y el derecho a la confidencialidad de las fuentes. Tampoco que la Fiscal General Rachel Dodge, superiora del Grupo de trabajo de Lava Jato, les haya expresado apoyo institucional y abierto una investigación policial para identificar los responsables del “delito cibernético” de invasión a los teléfonos celulares y “garantizar la seguridad de la información”. Dallagnol podrá ser advertido o incluso recibir algún castigo (¡la pena máxima que se puede aplicar en Brasil a un Fiscal de la República es la jubilación con salario completo!). Moro difícilmente perderá el puesto de ministro y su nombramiento para el STF (prometido por Bolsonaro) podrá retrasarse, pero difícilmente dejará de suceder. Esto a pesar que las encuestas muestran que la popularidad de Moro cayó y que más de la mitad de quienes lo aprobaban, ahora lo condenan.

La libertad de Lula parece depender de que le otorguen el Premio Nobel de la Paz y/o el Comité de Derechos Humanos de la ONU condene a Brasil por la parcialidad de sus jueces y la práctica de lawfare y exigir su liberación. Esto puede crear una situación política que no pueda ser ignorada por el STF. Caso contrario, Lula seguirá preso por ese mismo “sistema judicial”, ahora desmacarado en su funcionamiento ilegal y en sus intenciones políticas.

Benedito Tadeu César es politólogo, profesor de UFRGS (retirado) y miembro de las coordinaciones del Comité para la Defensa de la Democracia y el Estado Democrático de Derecho y del Movimiento por la Democracia, el Diálogo y la Diversidad – M3D.