La trama de corrupción de Odebrecht golpea a Peña Nieto 

Desde Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, en su tercer intento, enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y prometiendo una consulta ciudadana para decidir si se debía enjuiciar a los ex presidentes del periodo neoliberal. Dos años después, los vericuetos de la política podrían darle una oportunidad, al menos parcial, de hacerlo sin desgastarse en el camino, en una acción que podría además sumar unos cuantos puntos en las elecciones intermedias de junio de 2021.

Ese evento que podría terminar de derrotar a una oposición ya muy maltrecha es el llamado Caso Lozoya, un apéndice de lo que en otros países de América Latina se ha llamado Caso Odebrecht.

En 2012, Emilio Lozoya se convirtió en director internacional de la campaña a la presidencia de Enrique Peña Nieto, motivo por el cual conoció a Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México. Tras la victoria de Peña Nieto en las elecciones, Lozoya formó parte del equipo de transición, y en diciembre de 2012 tras la toma de posesión, fue nombrado Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex). Un mes antes, en noviembre, ya había comprado una casa por 38 millones de pesos (más de 2 millones de dólares) en una zona exclusiva de la Ciudad de México, y en 2013 se adquiriría a nombre de la esposa de Lozoya otra casa en Ixtapa, una zona residencial de lujo en la costa del Pacífico.

Lozoya duró en el cargo hasta 2016, el año en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos daba a conocer un acuerdo con Odebrecht por el que la constructora brasileña se comprometía a pagar 2.000 millones de dólares a los gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza, reconociendo haber pagado al menos 700 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de distintos países de América Latina. Al menos hay rastro de que 10 de esos millones llegaron a México.

En 2017 el nombre de Lozoya comienza a aparecer vinculado primero a los Panama Papers, y después al Caso Odebrecht, pero es hasta 2019, ya con López Obrador en el gobierno de México, que se liberan dos ordenes de arresto contra Lozoya, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congela sus cuentas bancarias. En noviembre de ese mismo año es detenida su madre en Alemania acusada de asociación delictuosa y lavado de dinero, y en febrero de 2020 el ex Director de Pemex es capturado por la Policía española en Málaga, para ser extraditado a México el 16 de julio de este año.

Una vez en México, como resultado de una negociación entre el equipo de abogados de Lozoya, del que forma parte Baltasar Garzón, y el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, Lozoya se acoge a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, convirtiéndose en testigo colaborador que podría ver conmutadas sus posibles condenas en caso de probar la implicación de autoridades superiores en los delitos de los que es acusado. El detalle es que por encima de Lozoya solo había dos personas: Luis Videgaray, coordinador de campaña de Peña Nieto en 2012, y Secretario de Hacienda entre 2012 y 2016 antes de convertirse en Secretario de Relaciones Exteriores de EPN; y el propio Peña Nieto.

Las informaciones extraoficiales que se manejan hasta el momento son que Lozoya manejó millones y millones de dólares de Odebrecht a cambio de conceder contratos públicos a la constructora brasileña. Entre quienes se habrían beneficiado de ese dinero de la corrupción, se encuentra en primer lugar el propio Peña Nieto, quien habría financiado ilegalmente su campaña presidencial de 2012, y después las llamadas “reformas estructurales” que implicaron una reforma que entregaba la soberanía energética de México privatizando su petróleo. La reforma energética fue fruto del denominado Pacto por México, firmado por el PRI, PAN, PRD y Partido Verde, y para llevarse a cabo, se pagaron al parecer decenas de millones de pesos en sobornos a legisladores y directivos de partidos políticos.

Lo que se deduce hasta el momento de algunas filtraciones del testimonio de Lozoya es que no solo tendría pruebas para demostrar esos actos de corrupción, algunas de ellas en formato video, sino que además, pretende demostrar que los mismos fueron ordenados por Videgaray y Peña Nieto.

Las investigaciones que se derivarían de las declaraciones de Lozoya pasan por el Caso Fertinal, la compra por parte de Pemex por 635 millones de dólares de una empresa insolvente con cientos de millones en deudas, y el Caso Agro Nitrogenados, otra empresa chatarra de fertilizantes que no había operado durante 14 años y que Pemex compró por 475 millones de dólares en un esquema de triangulación de recursos a empresas fantasma en los que Odebrecht estuvo presuntamente implicada.

Si los acontecimientos siguen su curso, el Caso Lozoya puede significar el hundimiento del PRI en las elecciones de 2021 al igual que las de 2018 significaron la implosión del viejo régimen. El PAN aguantará porque López Obrador y Morena necesitan con quien seguir polarizando, pero el juicio jurídico, pero también político y ciudadano, le permitirían a López Obrador y Morena consolidar una amplia mayoría parlamentaria en la segunda mitad de sexenio para consolidar estructuralmente la llamada cuarta transformación.