La sensación de que nadie nos cuida

Una vez más las noticias nos muestran los brutales resultados de una política que incentiva el uso de armas de fuego y habilita estrategias de “(in)justicia por mano propia”. Por estos días, el titulo sobre el asesinato de un hombre de 32 años de Villa Ballester fue: “lo confundieron con un ladrón y lo mataron de un tiro”.

Hay que ser claros y contundentes: la presunción de haber cometido un acto delictivo no habilita otro crimen. Como tampoco puede tratarse de un acto de legítima defensa, ni justicia por mano propia. Lamentablemente estos actos no son novedosos. Tal vez, lo característico del “clima de época” está en el aval de las declaraciones y políticas de quienes tienen responsabilidad de gobierno. Si “el que quiere estar armado, puede estar armado (…) Argentina es un país libre”, frase que nos dejó la ministra de Seguridad al salir de un restaurante, justamente, próximos a la celebración de la Semana del Desarme, en octubre del pasado año. Dichos que van muy a contramano de las recomendaciones que realizan los organismos internacionales con respecto a la problemática que significan el uso de armas en la población.

¿Acaso la ministra de Seguridad de la Nación desconoce que según la Organización Mundial de la Salud la probabilidad de que un joven de nuestra región sea asesinado por un arma de fuego es 84 veces mayor que la de un Europeo? ¿O que en Argentina ocho personas mueren por día producto de un arma de fuego y que de cada cuatro femicidios uno es cometido por este medio? ¿Puede la máxima autoridad país en seguridad desconocer estas estadísticas?

No tenemos ninguna duda de que ser víctima de un hecho de violencia, aunque sea la sustracción de algún objeto, nos pone frente a un gran sentimiento de vulnerabilidad que parece sólo aliviarse con alguna medida inmediata. Y que no hay forma de no tener la sensación de estar a la intemperie, de que nadie nos cuida, o al menos, no lo hace de la forma esperada.

Ahora bien, la tarea de los funcionarios públicos no puede ser entonces habilitar la actuación individual motivado por ese sentimiento de indefensión, corriéndose de la responsabilidad que le toca. En todo caso, tiene que desarmar (valga aquí los múltiples usos de la palabra) el contexto de sentidos y prácticas que nos desprotegen y que habilitan la justicia por mano propia. La responsabilidad del Estado es llevar adelante respuestas esperadas por la ciudadanía, es acercarse a la víctima para que se sienta acompañada, protegida. Es garantizar el funcionamiento de las instituciones, de la justicia y fundamentalmente garantizar la justicia social.

* Ex defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires.