La Secretaría de Derechos Humanos le reclamó a la Corte que defina la situación de Blaquier

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le reclamó a la Corte Suprema que resuelva de una vez por todas la situación del dueño de Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, por los secuestros en el marco de lo que se conoció como “los apagones” de 1976. El máximo tribunal, que demora la decisión sobre si se debe enviar a juicio o no a uno de los empresarios más poderosos del país, tiene en su poder desde 2015 la causa, que es emblema de la responsabilidad de los civiles en los años del terrorismo de Estado.

Blaquier, de 93 años, fue procesado por 29 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante el primer año de la última dictadura. Pobladores y organismos de derechos humanos denunciaron desde siempre que el ingenio Ledesma aportó las listas y la logística para que los secuestros pudieran producirse, pero en marzo de 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación le dictó una falta de mérito a Blaquier y desde entonces su caso llegó a la Corte Suprema, que dilata una resolución.

Este miércoles, la Secretaría de Derechos Humanos –que conduce Horacio Pietragalla Corti– volvió a presentar un pedido de pronto despacho para que la Corte se expida por la situación de Blaquier y por la de Alberto Lemos, el administrador de Ledesma. “Debe resolver en forma inmediata el expediente y dar una respuesta clara y concreta a las víctimas y a la sociedad”, reclamó la Secretaría en un escrito al que accedió Página|12.

La Secretaría le recordó a la Corte que tanto Blaquier como Lemos debieron haber estado sentados en el megajuicio que se está llevando adelante en Jujuy desde hace tres años por lo sucedido con 122 víctimas, pero que, por su propia demora, los dos imputados lograron esquivar dar explicaciones ante la justicia.

“En este proceso, no estamos hablando de simples hechos criminosos. Por el contrario, son graves hechos que asolaron la provincia de Jujuy, que infundieron terror en la población, cuyo reclamo de Justicia sigue intacto. Y en lo que aquí respecta, se debe resolver la situación de empresarios con un gran poder económico –por ende, fáctico– no solo en aquellos años, sino también en la actualidad”, agregó la Secretaría de Derechos Humanos.

La presentación del Ejecutivo en esta causa de alta sensibilidad política se produjo un día después de la reunión que mantuvo el ministro de Justicia Martín Soria con organismos de derechos humanos, que expresaron su preocupación por las demoras en los juicios y en particular por la resolución de esta causa.

“La Corte Suprema mantiene sin resolver, tras largos años la causa Blaquier, emblema de la responsabilidad del poder económico con los crímenes del terrorismo de Estado, así como la falta de confirmación de las sentencias a los genocidas quienes alcanzan de esa manera la impunidad biológica”, manifestaron en comunicado dado a conocer el martes.

El laberinto de la Corte

De acuerdo al sistema informático de la Corte, el expediente estuvo hasta el 19 de mayo en la Vocalía 4 –que corresponde al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz– y ahora está en la Secretaría Penal. Desde adentro y desde afuera del Palacio de Justicia miran con desconfianza a Rosenkrantz por la causa Blaquier. En su presentación ante el Senado, había contado que existían vínculos con la familia Blaquier y la Universidad de San Andrés, que él dirigió hasta su llegada a la Corte en agosto de 2016 –cuando el expediente ya transitaba el edificio de Talcahuano–. La esposa de Rosenkrantz también está vinculada a una ONG, Cimientos, con nexos con los Blaquier, según el Observatorio de las Élites CITRA – UMET – CONICET.

La aplicación de cronoterapia en la causa Blaquier fue uno de los puntos que incluyó el año pasado la diputada Vanesa Siley en el pedido de juicio político contra Rosenkrantz por su intervención en casos de lesa humanidad –marcados por su impulso en mayo de 2017 al 2×1 a los genocidas–. En ese momento, Rosenkrantz respondió que era blanco de una persistente campaña de desprestigio.

Sin embargo, después de la denuncia de Siley, Rosenkrantz reactivó tímidamente la comisión interpoderes, creada para atender las necesidades de los procesos por crímenes de lesa humanidad, pero que se mantuvo inactiva durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri. El último encuentro había sido en 2016, cuando Ricardo Lorenzetti todavía presidía la Corte, y ya entonces los organismos habían pedido celeridad para resolver la causa Blaquier. En la era Macri, la Corte –además del fallo del 2×1– rechazó por mayoría el pedido de una hija de un trabajador desaparecido de Techint para cobrar una indemnización por parte de la empresa por lo sucedido con su padre.

En la Corte dicen que se están buscando mayorías para pronunciarse en la cuestión Blaquier y que había un acuerdo entre los supremos para resolver la mayor cantidad de casos de lesa humanidad antes de la feria de julio. Todos saben que es un tema delicado y que seguramente hará aflorar aun más las tensiones habituales de los cortesanos, especialmente en un año sensible en el que se renueva la pelea por la presidencia del tribunal.

La lista de fallos de lesa humanidad que esperan en el máximo tribunal es larga. El año pasado, los supremos resolvieron después de cuatro años un caso similar por la resonancia pública y por implicar a responsables empresariales: el de Vicente Massot, exdirector de La Nueva Provincia, a quien le habían dictado una falta de mérito, que impedía continuar la investigación. El fiscal ante la Casación Javier De Luca había llevado el tema hasta la Corte –como hizo con Blaquier–, diciendo que se estaba ante un fallo liberatorio. Los supremos le dedicaron tres párrafos: rechazaron el recurso y dijeron que no se estaba ante una sentencia definitiva. La Unidad de Derechos Humanos pidió una nueva indagatoria de Massot y que se lo procese por delitos de lesa humanidad.

En diciembre pasado, la Corte Suprema envió una señal que causó especial preocupación entre quienes siguen las causas de lesa humanidad. Por un lado, confirmó las condenas que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata había dictado contra los militares que participaron en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, que defendía a los trabajadores de la cementera Loma Negra. Por otro, anuló la confirmación de la sentencia a dos civiles, los hermanos Emilio y Julio Méndez, y reenvió el tema a Casación para que vuelva a dictar un pronunciamiento. 

La pregunta ahora es cuál será la suerte del ya afortunado Blaquier.