La resistencia corporativa de los jueces contra la reforma judicial

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal se subió a la ola de reacciones y críticas corporativas al proyecto reforma judicial con un pronunciamiento propio, donde cuestiona la fusión de ese fuero con el contencioso administrativo federal. Sus integrantes se quejaron por no haber sido consultados antes de la presentación de la propuesta, un reproche que se escucha en otros tribunales, incluso en la Corte Suprema. El texto firmado advierte que, en caso de ser aprobada la ley, los jueces y juezas tendrán que decidir sobre “materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para las cuales no fueron nombrados”, lo que generará pleitos donde se cuestione “la garantía del juez natural” y atrasos. 

Un día antes también había sacado un pronunciamiento propio la Cámara del Crimen, cuyas competencias y la del todo el fuero penal ordinario (que se ocupa de los delitos comunes) pasarían a la Ciudad de Buenos Aires. Este tribunal puso reparos constitucionales y centró su queja en la falta de claridad sobre el destino de jueces y juezas. En el Gobierno nacional interpretan que “hay una resistencia general previsible, igual a la que se planteó cuando se modificaron las jubilaciones judiciales”. Sobre la justicia penal ordinaria en el Ministerio de Justicia advierten: “La Corte ya avaló el traspaso y los jueces nombrados durante el gobierno anterior prestaron su conformidad”.

Si bien en la Corte Suprema no hay una opinión uniforme sobre la reforma, lo cierto es que comienzan a aparecer algunas señales claras de resistencia. Tras el anuncio del envío de la reforma judicial al Congreso, desde Clarín y La Nación no dudaron en anunciar que el oficialismo recibiría malas noticias. Ayer por la tarde la Corte Suprema ratificó la prisión efectiva para Luis D’Elía por la toma de la comisaria de La Boca. En los pasillos del Palacio de Tribunales  advierten que un importante ex funcionario del Gobierno que encabezó Cristina Fernández de Kirchner podría correr la misma suerte.

La acordada de la Cámara en lo Civil y Comercial no plantea abiertamente la inconstitucionalidad de los términos del proyecto de reforma, pero se acerca y prepara el terreno al hablar de que por la “fusión propuesta” estaría en juego “la garantía del juez natural”, a la que se sumarán “dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que le son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cual irá en seguro detrimento de los litigantes”. En la Corte Suprema, donde se cuidan de opinar abiertamente sobre la posible ley que tarde o temprano revisarán, advierten en el planteo de la Cámara Civil una provocación referida a la fusión de competencias: es parte del debate que se planteó en la discusión sobre traslados de jueces y juezas durante el gobierno de Mauricio Macri a cargos con competencias para las que no habían concursado, sin acuerdo del Senado.

Pero la Cámara Civil, además de poner en tela de juicio la cuestión de “la especialidad” de magistrados y magistradas, salió al cruce de un argumento detrás del proyecto de ley que planteó el Gobierno, que es que hay numerosos conflictos de competencia entre el fuero contencioso y el civil y comercial. Señaló que son unos 22 casos anuales en casi 94.800 expedientes, un 0,023 por ciento. También señaló que hay numerosas vacantes en el fuero y concursos avanzados, cada uno para una especialidad. La acordada está firmada por los camaristas Guillermo Antelo, Fernando Uriarte, Alfredo Gusman y Eduardo Gottardi. Ricardo Recondo, se excusó, con el argumento de que como consejero de la Magistratura deberá opinar en concursos y otros temas vinculados. En el fuero civil y comercial los juzgados son 11, y en el contencioso son 12, que quedarán intactos pero cambiarán de competencia, lo que prevé la reforma es que haya una sola cámara, con 9 salas de tres integrantes cada una. El tribunal se queja también de que no alcanzan 30 días para reestructurar y capacitar.

La Cámara del Crimen

El núcleo de la acordada de la Cámara del Crimen, la primera en poner su objeciones por escrito con la firma de sus 12 integrantes, dice que el proyecto de reforma implicaría “el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes”. Estos camaristas señalan objeciones “constitucionales” y generan una provocación al alertar que ellos se ocupan de los delitos que “afectan a los ciudadanos comunes”, ya que se ocupan de los robos, hurtos, homicidios, violaciones, estafas, entre otros, y dan a entender que no habrá una respuesta eficaz frente a ellos.

El proyecto de ley plantea el traspaso de la justicia penal nacional, que se ocupa de los delitos ordinarios, a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que advierten es que las juezas y los jueces de primera instancia y de tribunales orales no tienen un destino cierto. Los primeros podrían subrogar en el fuero federal, aunque esos camaristas dicen que la selección de sustitutos será arbitraria. En la Corte refrescan que son varios los fallos supremos –con firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda—que avalaron el traspaso de la justicia nacional a la ciudad. En el Gobierno se aferran a ese antecedente y aseguran que una veintena de jueces del fuero ordinario que asumieron durante el gobierno de Cambiemos suscribieron un compromiso ante ese posible traspaso y a pagar impuesto a las ganancias. No muestran sorpresa frente a una respuesta que observan como corporativa. Respecto de la Corte, en el ministerio que conduce Marcela Losardo, aseguran “no es cierto que no conocieran el proyecto de reforma”. La única suprema que participó de la presentación fue Elena Highton de Nolasco, que es amiga de la ministra. Lo que molesta en el tribunal es la posibilidad de modificaciones que los atañen y sobre cuestiones acerca de las cuales algunos de sus integrantes han escrito, como el famoso recurso extraordinario. “¿Llamó alguien del (Gobierno o del Congreso) hoy?”, ironizan con el mismo chiste casi todos los días.