La reforma del Ministerio Público Fiscal: el oficialismo consiguió el dictamen entre cruces y chicanas

Luego de estar cajoneado durante meses, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal comenzó finalmente a avanzar en la Cámara de Diputados. Pasada la medianoche, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para la iniciativa –que limita el mandato del procurador a cinco años y propone que su designación sea por mayoría absoluta– en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. En una jornada tensa, atravesada por gritos y chicanas entre legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el oficialismo se abocó a defender la iniciativa –que entre otras cosas busca terminar con el prolongado interinato de Eduardo Casal– e incorporó una serie de modificaciones que habían sido trabajadas ya con el ministro de Justicia, Martín Soria. Ya aprobado el dictamen, el proyecto de reforma está listo para ser debatido en la Cámara, donde por ahora el oficialismo no tiene garantizada la cantidad de votos necesaria para su aprobación. 

Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 29 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.

“Llevar adelante la política criminal de un país no es una tarea simple, el Ministerio Público Fiscal es una institución de una democracia joven, faltan muchas cosas para regular y mejorar su funcionamiento. Bienvenidas sean estas discusiones que fortalecen los esquemas democráticos”, comenzó la diputada del FdT Vanesa Siley, en un plenario de comisiones que se caracterizó, paradójicamente, por las interrupciones, insultos y chicanas.  

Como parte de las negociaciones para sumar adhesiones, fueron incorporadas algunas modificaciones al proyecto original, entre las que se incluyó el pedido del mismo Ramón para crear una Procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del MPF. Por otro lado, se incorporaron también las propuestas realizadas por el ministro Soria, vinculadas a la composición y funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de fiscales –que contempla la paridad de género y modifica las mayorías necesarias para destituir a un procurador–, a la limitación temporal del cargo de procurador interino –máximos de seis meses–, entre otros.

“Este proyecto de ley nos quiere meter en un órgano extrapoder sovietizado, sometido a esa vigilancia de esta comisión bicameral potenciada”, sostuvo el diputado radical Gustavo Menna. El debate, que se dio de manera mixta –algunos estuvieron en el Anexo C de la Cámara baja, otros participaron de manera virtual– contó por primera vez con la asistencia de les legisladores de JxC, una asistencia que se vio traducida en una infinita seguidilla de interrupciones y recriminaciones cruzadas. “Lo que están buscando a través de la ley del Ministerio Público es un indulto encubierto a todos los que están siendo investigados por corrupción”, dijo Luis Petri, quien aseguró que era “vergonzoso” estar debatiendo el proyecto de reforma “en lugar de discutir los problemas de la pandemia, de vacunación, de empleo y de pobreza”.

“Macri no podía avanzar sobre su Estado paralelo y mafioso si no tenía control sobre los organismos de Justicia y por eso hizo lo imposible para hacerse con la Procuración. Y así fue que la sumó para llevar adelante la política de persecución más dura de la historia democrática”, disparó Leopoldo Moreau, mientras de fondo lo interrumpía a los gritos Fernando Iglesias. La actitud de Iglesias a lo largo de todo el plenario –que en un momento llegó hasta bramarle a Moreau que se acordara de tomar “la pastilla”– irritó hasta a otros opositores, como Graciela Camaño y Ramón, que tuvieron que pedirle que se calmara. 

Cómo sigue el debate

Ya aprobado el dictamen, el oficialismo buscará darle tratamiento al proyecto en Diputados. Pero, de momento, los números no terminan de cerrar. “Un sector de la oposición está de acuerdo en que la institución está en una situación grave, creemos que va a primar la responsabilidad de muchos dirigentes”, indicaron desde el bloque del FdT a este diario. En principio, tal como anticipó durante el plenario, el interbloque comandado por José Luis Ramón acompañará, casi en su totalidad, al proyecto. La única excepción es el rionegrino Luis Di Giacomo, de quien se desconoce aún si apoyará la decisión del resto del interbloque. Por otro lado, les legisladores de Consenso Federal –integrado por el “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini– adelantaron que no apoyarán la iniciativa ni darán quórum, al igual que los cuatro diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti. A su vez, Nicolás del Caño (FIT) y Enrique Estévez (Partido Socialista) confirmaron a este diario que tampoco darán su respaldo al proyecto. Se desconoce aún qué postura adoptarán algunos diputados, como Felipe Álvarez y Antonio Carambia (de Acción Federal).

En el oficialismo, sin embargo, confían en que, con el correr de los días, lograrán sumar los apoyos necesarios para sancionar la ley. En caso de ser aprobado, el proyecto deberá volver al Senado para que se debatan las modificaciones planteadas al texto original.