La lupa sobre las presiones al Poder Judicial

El Gobierno de Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, retirará la respuesta que había enviado el entonces presidente Mauricio Macri al relator sobre Independencia Judicial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, tras su duro pedido de informes donde señalaba la existencia de un “plan sistemático” de amedrentamiento sobre el Poder Judicial argentino a través de actos de “intimidación” y “presión” durante la administración de Cambiemos. El documento del macrismo -–que en noviembre difundió el ex secretario Claudio Avruj en su cuenta de tuiter– intentaba desacreditar las denuncias que habían dado origen al requerimiento de explicaciones con el argumento de que estaban motivadas por la “estrategia defensiva de casos particulares de corrupción”, en alusión a causas judiciales sobre referentes del kirchnerismo. También cuestionaba al propio García Sayán. “Las autoridades del gobierno nacional que asumieron el pasado 10 de diciembre de 2019 no comparten los términos vertidos en la nota”, dice el texto al que accedió PáginaI12 y será presentado este lunes. El gobierno argentino pide una nueva oportunidad para contestar e invita al funcionario de la ONU a venir al país.

“Muchos de los hechos señalados por el Sr. Relator Especial en su Comunicación Urgente han sido seguidos con mucha atención por el actual presidente de la Nación y son de enorme preocupación para el Gobierno nacional, que ha tomado la decisión de implementar, a corto y mediano plazo, una serie de medidas tendientes a reparar las vulneraciones cometidas y a promover una reforma integral del sistema federal de justicia que tiene como principio rector la independencia del Poder Judicial y la autonomía del ministerio público fiscal”, señala el documento que llevará la firma del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el aval de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. El trámite se hace a través de la Cancillería.

La denuncia que dio origen al planteo y la preocupación de García Sayán había sido presentada por Ajus (Abogados por la Justicia Social), Iniciativa Justicia y la Liga por los Derechos del Hombre. El informe presentado por el ex secretario Avruj en Ginebra, en la ONU, ponía en duda la fiabilidad de la información aportada. Decía que se había formulado “sin mayor investigación ni confronte con otras fuentes….”

García Sayán no hacía más que recoger, enumerar y dar algunos detalles sobre una serie de hechos públicos. Señalaba como punto de partida el intento de designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto, al comienzo del gobierno de Macri. Finalmente, tras un escándalo y la negativa del tribunal a tomarles juramento, los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tuvieron que pasar por el Senado. Luego el escrito del relator hablaba del funcionamiento del Consejo de la Magistratura como instrumento para, por ejemplo, nombrar jueces a través de métodos cuestionados como los “traslados”, sin pasar por concurso, en cargos estratégicos. Uno de los casos mostrados como emblemático es la designación de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal. De todos modos hubo 17 traslados a dedo en total desde 2016. El racconto suma designaciones polémicas como la del juez Juan Manuel Culotta, de 3 de febrero, como juez  electoral en La Plata, y la de Carlos Mahiques –ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal– que pasó de una Cámara de Casación ordinaria a la que tiene competencia federal. También menciona mecanismos que usó Cambiemos para ganar lugares en el propio Consejo que, como el diputado Pablo Tonelli que se sentó en una banca que era del entonces Frente para la Victoria y no se movió más.

Entre ataques puntuales a funcionarios judiciales, García Sayán se detenía en la persecución a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, atacada por el gobierno de Macri para forzar sus renuncia bajo presión; la promoción de juicio político a jueces y camaristas laborales que fallaban contra despidos o avalaban u ordenaban negociaciones paritarias. Sumaba la “manipulación de fiscales” en la famosa causa del Correo (de la familia Macri), donde se intentó sacar de la cancha y armar un sumario trucho contra la fiscal comercial Gabriela Boquin que había denunciado un acuerdo espurio para licuar la deuda de la empresa y se desplazó al fiscal federal Juan Pedro Zoni, que había imputado por el mismo tema al propio Macri y a su ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. Otros casos incluidos en el reporte son el juicio político al ex juez Luis Arias, las denuncias mediatizadas contra el ex juez de La Plata Carlos Rozanski, contra la jueza Martina Forns, y uno de los casos más escandalosos del año pasado, los pedidos de destitución contra el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa sobre espionaje que terminó en el procesamiento, entre otros, del fiscal Carlos Stornelli, una de las más importantes de los últimos tiempos.

La respuesta que había enviado Avruj, que desconocía las maniobras en cuestión, decía que todo era una estrategia de abogados vinculados a ex funcionarios en juicio por causas de corrupción, lo que no tiene asidero porque el abanico de denunciantes es grande y surtido. También ponía en tela de juicio la idoneidad de García Sayán, a quien acusaba de desconocer el sistema argentino. Pietragalla dirá que lamenta “los términos injuriosos proferidos por mi antecesor en el cargo al Sr. Relator” y rechazará “la sospecha insinuada respecto de que no habría actuado con la precaución y prudencia exigidos, o habría vulnerado el código de conducta para los titulares de mandatos especiales del sistema internacional de protección de los derechos humanos”. Por eso le pedirá disculpas públicas. La carta incluirá un repudio también a las críticas contra las organizaciones denunciantes y la promesa de garantizar la tarea de defensoras y defensores. “No se puede tolerar la afirmación respecto a que las denuncias por violación de independencia judicial fueron una estrategia defensiva de casos particulares de corrupción (…) la mejor forma de enfrentar los hechos de corrupción es asegurar la actuación de un sistema de administración de justicia eficaz y plenamente independiente”, sostiene la nota que será entregada.

El planteo del secretario de Derechos Humanos tiene como base un tramo central del discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa, donde dijo que “sin una Justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia (…) nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”. Fernández señaló el problema de la falta de independencia como un asunto a “superar”, para lo cual anunció –además—las reformas que vienen. La nota invita a García Sayán a la Argentina para que tome conocimiento de los asuntos denunciados y gestar mecanismos de colaboración para encararlos.