El expresidente Alberto Fernández ya es investigado formalmente por supuestas irregularidades en la contratación de un broker financiero y de empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. La causa, en manos del juez federal Julián Ercolini, fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien requirió las primeras medidas de prueba según surge del requerimiento de instrucción. Los investigados, además del exjefe de Estado, son en principio el extitular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, que según la denuncia está casado con María Cantero, secretaria de Fernández. El ex mandatario aseguró que la denuncia es “falsa”, que se trata de “una
operación” en su contra y resaltó que, durante su mandato, no hizo “negocios
con nadie”.
El esquema de supuestas operaciones entre aseguradoras privadas y la administración de Fernández lo puso bajo la lupa el economista cordobés Osvaldo Giordano, fugaz titular de la Anses en los primeros dos meses de la gestión Milei, eyectado de ese organismo luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de la fenecida Ley Ómnibus.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal. “A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública Nación Seguros SA. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fue revelada a través de una publicación periodística titulada ‘Destapan otra caja negra de la política en Anses’”, publicada por Clarín, reseñó.
En el artículo se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de Anses, que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, que habría sido tres veces mayor a la del mercado, y estimó las ganancias por comisiones en 300 millones de pesos mensuales. De esa publicación surgía también que Martínez Torres y Pablo Torres García, empresario y bróker financiero, habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal. “Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los 90 en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal.
Al impulsar la investigación, González le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”. También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación
puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el
interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de
operaciones”, indicó González en su dictamen. El fiscal también requirió que “se
solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados
con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los
datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese
organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Alberto Fernández rechazó las acusaciones en su contra y pidió que “se investigue” para que la Justicia pueda corroborarlo. “Si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín“, dijo. Aseguró que durante su mandato no hizo “negocios con nadie” y que “lo único” que se llevó del Estado fue “el enorme honor de ser presidente de los argentinos”. Según Fernández, el decreto en cuestión buscaba “terminar con el negocio de los seguros en el Estado. En esa norma digo que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación Seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, insistió. “Esto no es un acto de corrupción -se defendió-, es todo falso.”
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/716915-la-justicia-investiga-a-alberto-fernandez-por-contrataciones
