La justicia agravó las penas de tres guardias del "chupadero" La Cacha

Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Espinoza ya pensaban que la suerte les sonreía y que habían saldado sus cuentas con la justicia después de haber actuado como guardias en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Cacha, pero no todo salió como calculaban. La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el viernes al tribunal que los había condenado en 2014 que revisara las penas y las agravara.

Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía pidieron su inmediata detención, pero el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata resolvió durante el fin de semana enviar consigna de la Policía Federal a sus casas y disponer que usen dispositivos electrónicos hasta que dicte un nuevo fallo.

Batalla, Grande y Espinoza actuaron como guardias en el campo de concentración que funcionó en la explanta de Radio Provincia, ubicada en las afueras de La Plata y que lindaba con el penal de Olmos. En 2014, el TOF1 de La Plata los condenó a trece años porque la mayoría de los jueces creyeron que debían responder como partícipes secundarios. Las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) – Justicia YA! y la Secretaría de Derechos Humanos al igual que la fiscalía apelaron y lograron que los casadores Diego Barroetaveña, Ana Figueroa y Daniel Petrone les dieron la razón y ordenaron que el TOF –ahora con una integración diferente– dicte una nueva sentencia en la que se los considere coautores de los secuestros, las torturas y los homicidios, lo que podría conducirlos a una pena de prisión perpetua. Como tales, deberán responder por los asesinatos de Olga Noemí Casado y de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

El viernes, después de que llegó el fallo de Casación de más de 650 hojas, Abuelas y la fiscalía pidieron al TOF de La Plata que los detuviera de manera inmediata. En el tribunal, decidieron ordenarles que entreguen los documentos con los que podrían salir del país, prohibirles acercarse a un paso fronterizo y colocarles una tobillera o un dispositivo electrónico para que no se muevan de sus casas. Espinoza vive en City Bell; Grande, en La Plata y Batalla, en Formosa. Allí, además, tendrá que haber consigna policial. Todo hasta que vuelvan a dictar una nueva sentencia.

Los tres integraron durante la dictadura el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, que tuvo un rol preponderante en La Cacha. Espinoza se incorporó al Destacamento en agosto de 1976. Antes había prestado funciones en la Jefatura II –de Inteligencia– del Ejército. Él siempre se presentó a sí mismo como un “pinche”, que llevaba comunicaciones entre la JII y el Primer Cuerpo de Ejército. Los sobrevivientes de La Cacha lo recuerdan como “Jota” e incluso aportaron un dato fundamental para su identificación: había estudiado Odontología.

Grande fue de los tres el que más tiempo estuvo en el Destacamento. Se sumó en 1975 y siguió hasta 1987. Durante el juicio, Grande siempre negó haber estado en La Cacha y dijo que, en realidad, lo confundían con otro agente de inteligencia. Ni el TOF ni la Casación creyeron sus argumentos. Ya graduado de veterinario para finales de 1982, Grande continuó revistando en la inteligencia del Ejército e incluso pidió autorización para ejercer como docente en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para poder “marcar” a militantes de izquierda.

Batalla también estuvo en el Destacamento hasta 1987. Se había incorporado en 1976 cuando ya tenía 30 años. Lo hizo más por necesidad que por vocación, declaró ante la justicia. Sin embargo, durante esos años Ricardo Balboa –su seudónimo– o “Toro” –como lo conocieron en La Cacha– sumó un sinfín de capacidades para la persecución y la represión. Según consta en su legajo, Batalla tenía habilidades para reconocer blancos, hacer vigilancias fijas y móviles a pie, participar de “visitas clandestinas”, producir informes de inteligencia, abrir cerraduras, tomar fotografías subrepticiamente, interceptar correspondencia, automaquillarse y empuñar armas de fuego. Hace poco más de dos años, la Corte Suprema eligió su caso para desandar el camino del 2×1 que había abierto el 3 de mayo de 2017 en el caso del represor del Hospital Posadas Luis Muiña.

Además de ordenar que se dicte una nueva sentencia referida a los tres guardias de La Cacha, la Casación confirmó la sentencia a perpetua, entre otros, del excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y del exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, uno de los civiles de la dictadura que más poder conserva en los tribunales y que ha buscado sistemáticamente bloquear las investigaciones en su contra y dilatado las revisiones de sus sentencias. Con ésta, “Jimmy” suma la segunda confirmación por parte de la Casación mientras lo juzgan ahora por los crímenes en los pozos de Banfield y Quilmes y en la brigada de Lanús –más conocida como El Infierno.