La irrupción de Victoria Villarruel: una amenaza para los consensos democráticos | Una embestida al proceso de memoria, verdad y justicia

Victoria Villarruel disfruta como pocos el lugar que supo conseguir en los últimos meses en la escena política nacional. Entrenada en defender hasta lo indefendible –como los crímenes de la última dictadura–, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei se mueve de provocación en provocación y se entusiasma con poner en jaque los consensos que la sociedad argentina construyó durante los últimos 40 años. En poco más de una semana, la número dos de La Libertad Avanza (LLA) dio señales de lo que podría ser su agenda si su fórmula se impone en el balotaje con Sergio Massa y Agustín Rossi: la presentación de los represores como víctimas, darle otro destino al Espacio Memoria y Derechos Humanos que se montó en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la reivindicación de las fuerzas represivas y una eventual derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Abogada, 48 años, hija dilecta de la familia militar, Villarruel se presenta como la cara jovial del ultraconservadurismo. Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, se jactaba –en presentaciones ante sus superiores– de haber combatido a la subversión tanto en el ámbito urbano como rural. Ella elige no contar esa faceta y únicamente privilegia su paso por la guerra de Malvinas como número dos de Aldo Rico. En plena democracia, Villarruel encabezó un movimiento para negarse a jurar por la Constitución. El tío de la diputada nacional, Ernesto Guillermo Villarruel, fue parte de la estructura de inteligencia del Ejército y estuvo detenido por crímenes en el centro clandestino conocido como Vesubio. El abuelo materno de la candidata a vice, Laurio Destéfanis, fue uno de los historiadores más conocidos de la Marina y, según ella, estuvo amenazado por Montoneros durante la década de 1970.

En 40 años de democracia, Villarruel fue la única exponente de la familia militar que logró esa centralidad política. Ella elige narrar su militancia a partir de 2006, cuando quedó al frente del Centro de Estudios Legales para el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que busca meter presos a los sobrevivientes de los años ‘70. Sin embargo, su activismo tiene antecedentes más transparentes de su afinidad con los represores. Antes, formó parte de la Asociación Unidad Argentina (Aunar) –definida abiertamente como procesista–, después estuvo en Memoria Completa y en Jóvenes por la Verdad, desde donde organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla. Cecilia Pando dice que fue la propia Villarruel quien la llevó a la cárcel a conocer a los genocidas y la impulsó a conformar una asociación para defenderlos. Las fotos las muestran juntas marchando por una “Navidad sin presos políticos” –un eufemismo para referirse a quienes secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de los hijos de sus víctimas.

Villarruel cosecha desde hace tiempo vínculos con la ultraderecha internacional. Preside una fundación, Oíd Mortales, que es parte del ecosistema de Vox. Oíd Mortales es, además, un nuevo sello de una organización que fundó un teólogo que se desempeñó en la SIDE de Videla y que reivindica los valores tridentinos, es decir, los que se oponen al Concilio Vaticano II.

La posibilidad de que Villarruel –que ahora consiguió línea directa con Mauricio Macri– se convierta en la vicepresidenta de la Argentina genera preocupación entre los organismos de derechos humanos. Milei ya ha dicho que las áreas de Seguridad y Defensa quedarán bajo la órbita de su compañera de fórmula. Ella también deslizó públicamente que debería hacerse cargo de la inteligencia.

“Es fuerte para quienes venimos pidiendo memoria, verdad y justicia lo que implica que llegue al gobierno alguien que legitima la violencia estatal extrema como Villarruel lo hace”, dice Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esto tiene derivaciones hacia el pasado –con una relectura de los crímenes de estado como reivindicación de la ‘guerra contra la subversión’– e implicancias en este momento. Nos pone en alerta si consideramos las declaraciones que vienen formulando ella y Milei sobre quienes reclaman derechos o sobre los conflictos sociales que derivarán de las políticas de ajuste. Esas expresiones tienden a identificar a cualquier disidente como enemigo u opositor al régimen, inclusive caracterizado a veces como comunistas –en lo que puede leerse como una resignificación de la Doctrina de Seguridad Nacional”.

Villarruel no esconde su encono con el movimiento de derechos humanos: llegó a llamar “siniestro personaje” a Estela de Carlotto o a decir que las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo “no son blancas palomas”. Se avizora un horizonte de conflicto. “De lo que podemos estar seguros es que ellos no van a querer tener ningún vínculo con los organismos de derechos humanos porque han dicho que ‘representamos a los terroristas’, que es mejor que no existamos o que todo lo que venimos diciendo es falso o un engaño. Un potencial gobierno de LLA no va a permitir la posibilidad de tener un intercambio. Obviamente nosotros vamos a pelear contra las políticas que impliquen una violación de los derechos humanos”, afirma la directora del CELS.

La reina de los dos demonios

En 2018, el sociólogo Daniel Feierstein publicó el libro Los dos demonios (recargados) en el que advertía sobre un fenómeno que había tomado envión en los últimos años: la vuelta de la teoría de los dos demonios. A diferencia de los ‘80, la equiparación entre el accionar estatal y el de los grupos insurgentes ya no se usaba para justificar el enjuiciamiento de los perpetradores, sino para buscar llevar a juicio a quienes habían militado y sobrevivido en los años ‘70. Detrás de esa operación, hay –para Feierstein– otra mayor: la relegitimación de la violencia. Villarruel es la persona que mejor encarna esa estrategia, que incluye también la apropiación del lenguaje de los organismos de derechos humanos.

Guadalupe Godoy encontró que Villarruel figuraba en las notas que tomó Miguel Osvaldo Etchecolatz para diseñar su estrategia de defensa en el juicio que debió afrontar en 2006. También la halló como visitante de Norberto Cozzani, la mano derecha de Etchecolatz en la Bonaerense –y después, también.

“El modelo que propone LLA requiere de un Estado represor, y, en esto, Villarruel va a tener un rol preponderante porque representa la alianza, por un lado, con el sector militar y los aparatos de seguridad y, por otro lado, con los sectores procesistas”, dice Godoy, abogada querellante en La Plata. “En materia de memoria, verdad y justicia, seguramente ya tengan acordado un indulto o una amnistía para condenados y procesados y, por otro lado, van a realizar una ofensiva para el juzgamiento de lo que ellos denominan el otro demonio”, añade.

El jueves, Villarruel cerró una entrevista en TN con una advertencia: “Quiero que todos los terroristas vayan presos”.

La política como venganza

“Villarruel cristaliza el avance de un conjunto de voces muy vinculadas con la dictadura y contra el proceso de justicia democrático, voces que vienen agrupándose desde hace décadas. El gobierno que dio el primer puntapié para que estos grupos se expandieran al centro de la escena pública fue el de Macri, no casualmente hoy el personaje que hoy está detrás de LLA”, dice la socióloga Paula Canelo.

Macri –a través de su entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj– le otorgó entidad a Villarruel para discutir lo sucedido en los años ‘70. Después, ella logró capitalizar ese espaldarazo con una presencia casi constante en el programa de TV Intratables. “La irrupción de estos grupos minoritarios, reivindicando consignas antidemocráticas, generó un posicionamiento de tipo defensivo de las memorias hegemónicas basadas en Memoria, Verdad y Justicia. La reacción defensiva fue muy fuerte porque las demandas de estos grupos minoritarios fueron una amenaza muy sorpresiva y muy directa a los consensos que se habían construido y defendido durante tanto tiempo. Visto desde hoy, hubiera sido recomendable neutralizar esa llegada al centro de la escena pública por parte de una defensora de represores condenados, porque entonces era fácilmente desarticulable desde argumentos de verdad construidos laboriosamente durante 40 años”, afirma la investigadora del Conicet. Ahora, Villarruel cuenta con otra legitimidad: la del voto –que en 2021 la llevó a la Cámara de Diputados y podría también catapultarla al gobierno nacional.

“Lo preocupante de Villarruel es que, y esto me parece que lo comparte un poco con Macri y con Milei, es que conciben la política no como una herramienta para generar el bienestar de las mayorías, sino como un instrumento para saldar venganzas o reivindicaciones que son personales. Esta forma de ver la política limita enormemente a la candidata a vicepresidenta, es su talón de Aquiles”, añade Canelo, que ya durante el gobierno de Cambiemos había advertido sobre una derechización de la sociedad argentina.

“A mí me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer todos –sugiere la autora de El proceso en su laberinto– es si queremos que sea nuestra vicepresidenta una persona que está buscando simplemente la realización de los intereses y objetivos de una porción muy minoritaria de nuestra sociedad, protagonista de uno de los períodos más terroríficos de nuestra historia, grupo que además fue juzgado con todas las de la ley y condenado por la justicia democrática por la comisión de los crímenes más aberrantes que los argentinos y argentinas hayamos cometido”.