La insólita historia de la detención de Jones Huala | La extradición no sería fácil ni rápida

La mujer, que estaba sola, escuchó ruidos en el quincho. Le pareció que alguien cantaba algo en la oscura noche del barrio La Esperanza de El Bolsón. Por las dudas, llamó a la policía y el patrullero llegó en muy pocos minutos. En el fondo, dormida, había una mujer, que en realidad era un hombre. Cuando los agentes se acercaron, él mismo dijo: “Soy Jones Huala”. Hasta ahí nadie lo buscaba, no existió ni una investigación ni un fantástico operativo de inteligencia. Los policías se miraron sin poder creerlo y más de uno ni siquiera sabía quién era. Se supo enseguida, que después de tomar alcohol, Jones Huala se acostó a dormir, pero se equivocó de casa. El hecho fue tan menor, que la propietaria de la vivienda ni siquiera ratificó la denuncia. El macrismo y los medios que le hacen eco, no se perdieron la oportunidad de hacer del asunto una noticia de tapa. 

Tras el episodio propio de una comedia de enredos, el líder mapuche Facundo Jones Huala afronta un sinuoso proceso de extradición en el que se plantean una larga serie de interrogantes. Tal vez el más trascendente es si hoy Jones Huala sigue teniendo el respaldo de su comunidad o está más bien aislado, como se lo percibió en su detención.

Si fuera por los delitos ordinarios de El Bolson -usurpación y daños menores-, Jones Huala debería recuperar la libertad. Sin embargo, el jueves habrá una audiencia en un juzgado federal -todavía no está decidido si de Bariloche o de Esquel- en el que se formalizará el pedido de Chile de extender la extradición que pactaron en 2018 los dos gobiernos de derecha, el de Sebastián Piñera y el de Mauricio Macri. En la audiencia seguramente habrá un pedido de excarcelación para que Jones Huala espere las decisiones en libertad, pero no será fácil que le concedan el beneficio.

Jones Huala no fue detenido por pedido de la justicia chilena. En Interpol sólo se registraba una alerta azul, tercera categoría entre las alertas que tiene la asociación internacional de policías. Sólo la alerta roja implica detención; la alerta amarilla es una búsqueda de personas que deben ser retenidas, principalmente menores sustraídos en el marco de un conflicto entre madre y padre. Y la alerta azul es un pedido de paradero. O sea, no se apunta a la detención si no a notificar al país requirente dónde está la persona buscada.

Aún así, Chile se apresuró rápidamente a pedir que Jones Huala no sea liberado y prepara el pedido de extradición. Desde la fiscalía trasandina ya mandaron una rogatoria a la Argentina, aunque los papeles definitivos tardan un tiempo en venir.

En enero de 2022, el dirigente mapuche consiguió una excarcelación tras cumplir una parte de la pena que la justicia chilena le impuso en 2016 a raíz de un incendio en la estancia Pisu Pisué, en el sur del país trasandino. El incendio y la tenencia de un arma ilegal ocurrieron en 2013. En 2017 Jones Huala fue detenido en la Argentina y los dos gobiernos de derecha concretaron una atropellada extradición, hasta usando un helicóptero. En febrero de 2022, la Corte Suprema de Chile revocó la excarcelación, pero no pudieron volver a capturar a Jones Huala que ya había regresado clandestinamente a la Argentina.

Como se ve con el caso del prófugo más famoso del país, Fabián Pepin Rodríguez Simón, que hace 800 días está en Uruguay eludiendo a la justicia argentina, los procesos de extradición no son sencillos. Por de pronto, empiezan con un lento y tortuoso proceso en la justicia. El único camino rápido es que Jones Huala acepte su regreso a Chile. Pero no parece ser una alternativa que contemple el líder mapuche. Por lo tanto, todo indica que peleará -seguramente representado por el abogado Manuel Mansilla- en contra de la extradición.

Lo cierto es que en la Argentina -y en casi todos los países del mundo- no es sencillo extraditar a una persona nacida en el mismo país. Los ejemplos más conocidos son los de Brasil, Alemania, Israel, España, Iran que directamente prohíben la extradición de nacionales y esa veda hasta figura en las respectivas Constituciones o en una antigua legislación. En la Argentina no existe esa norma, pero igualmente hay otras que hacen muy difícil que el Estado envíe a un argentino a que sea juzgado en otro país.

La extradición de Moria Casan, pedida por Paraguay, fue rechazada después de dos años de trámite. Igual, la diva finalmente decidió viajar por su propia voluntad, porque su situación legal en tierra guaraní le impedía trabajar allí o en cualquier otro país. Parecido fue el caso del financista Hernán Arbizu cuya extradición fue pedida por Estados Unidos y tardó nada menos que ocho años. Tras ese larguísimo procedimiento, Arbizu resolvió él mismo tomar el avión a Nueva York, en acuerdo con las autoridades norteamericanas.

El procedimiento entonces se inicia con el pedido de extradición de Chile y quedará en manos del juzgado federal de Bariloche o Esquel. Como existe el antecedente de que Jones Huala ya fue extraditado en épocas del gobierno de Mauricio Macri, tal vez el trámite sea más rápido a través de la extensión de lo que ya se hizo en 2018. Pero es seguro que el abogado del dirigente presentará apelaciones y el caso terminará llegando a la Corte Suprema. Aún si el máximo tribunal convalida la extradición, quien tendrá la última palabra será el Poder Ejecutivo.

Por supuesto, las presiones políticas estarán en el centro de la escena, empezando por la oposición, que ya festejó este lunes e insistirá en que Jones Huala sea entregado a Chile. En paralelo, los dirigentes macristas no dicen nada de nada sobre Pepín en Uruguay. En el país trasandino ya no está el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, pero también a la administración de Gabriel Boric le viene bien el caso para concentrar un poco la atención de la opinión pública. Los primeros indicios marcan que se moverán activamente para conseguir la extradición.

Y queda entonces el interrogante de los
apoyos que hoy tiene Jones Huala. En verdad, no hay razón para que siga
detenido, porque la causa de la intrusión es muy menor.  Hay otro expediente en Esquel, en que las evidencias son casi inexistentes, al punto que
los hechos se habrían producido cuando Jones Huala ya estaba en Chile. En ese
marco, mucho dependerá de los respaldos. Ya se sabe que el macrismo y
los medios que lo acompañan no se molestan para nada con las andanzas de
Joe Lewis o Benetton en la Patagonia. En cambio, la presencia mapuche se identifica con lo criminal y lo terrorista. Exigirán cárcel y extradición. 

En esa batalla desigual, sea como sea, el proceso no parece de resolución rápida.