La historia de las brutalidades de Gran Bretaña en Chagos

El caso de Diego García, la isla del archipiélago de Chagos de la cual Naciones Unidas le ordenó retirarse a Gran Bretaña , guarda llamativas similitudes con las islas Malvinas. Sus habitantes fueron arrancados de allí sin que nadie tuviera en cuenta su opinión y fueron condenados al destierro.

Diego García es un atolón (una isla de coral en forma de anillo) de apenas 44 kilómetros cuadrados, el único habitado en el archipiélago de Chagos, en el Oceáno Indico, a una distancia de unos dos mil kilómetros del sur de India y un poco más lejos de la costa oeste de Africa.

La isla fue descubierta por un marinero andaluz que la descubrió en el siglo XVI y le puso su nombre. Pasó por manos portuguesas y francesas hasta que luego de las Guerras Napoleónicas quedó bajo dominio británico. Gran Bretaña la utilizó como lugar de recarga de carbón para los buques que navegaban entre Europa y Australia.

En 1966 los británicos acordaron alquilarle la isla a Estados Unidos por 50 años, hasta 2016, para que instale una base militar en plena Guerra Fría. Pero luego del 11-S la CIA aprovechó su ubicación estratégica para armar allí también una prisión secreta al estilo Guantánamo, donde puede hacer de las suyas fuera de todo control en su particular lucha contra el terrorismo. Un paraíso natural de aguas transparentes y mágicos corales luminosos terminó convertido en un pantano de tortura y horror.

A los dos mil habitantes de Diego García (los “chagosianos”, ya que viven en Chagos) los echaron sin miramientos. Lo hicieron de diversas maneras. Por ejemplo, con el bloqueo al ingreso de alimentos, por lo que algunos no aguantaron y se trasladaron a villas miseria de la vecina isla Mauricio, donde aún sobreviven como pueden en casillas de chapa. Hubo también embarcados a la fuerza y otros que fueron engañados con anzuelos tales como vacaciones gratis en el exterior para después impedirle el regreso. Se recuerdan casos emblemáticos como el de María Aimee, quien en 1969 llevó a sus hijos a Port Louis, en Mauricio, para un tratamiento médico y luego no le dejaron subir al barco para la vuelta. Recién se pudo reencontrar con su marido dos años más tarde.

Cuentan que muchos de los pobladores no soportaron el destierro. Hubo suicidios y casos de alcoholismo. En una nota de The Times, de Londres, en 2007, una isleña recuerda: “Era el paraíso, éramos como aves libres, y ahora estamos igual que en una prisión”.

En 1998, los chagosianos y sus descendientes resolvieron acudir a la Justicia. Para todos los especialistas, en su caso se había producido una flagrante violación al derecho internacional. Dos años después, en efecto, el Tribunal Supremo británico dictaminó que la expulsión había sido ilegal y que los habitantes debían regresar. En 2004, el fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones. Los sucesivos gobiernos británicos ignoraron la sentencia y el Foreign Office continuó apelando hasta que, en 2008, la Cámara de los Lores –última instancia del particular sistema legal inglés– falló a favor del gobierno por un ajustado tres a dos. El argumento esgrimido por los lores fue que el gobierno contaba con títulos suficientes para legislar sobre una de sus colonias en función de la seguridad de los intereses del Reino Unido. Estados Unidos ya había advertido que la vuelta de los habitantes significaría un “riesgo inaceptable” para su base.

Obstinados en recuperar su paraíso, los isleños acudieron a la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, en 2010, el gobierno inglés sacó un increíble argumento de la manga. El canciller David Miliband anunció que crearía la mayor reserva natural oceánica del mundo alrededor del archipiélago, que componen unas 55 minúsculas islas, en función de las 220 especies de corales y las más de mil de peces que se encuentran en sus aguas. Para preservar el área virgen, obviamente, resultaba imprescindible que no esté habitada por los depredadores agricultores chagosianos. Al parecer, los peces no tenían problemas con las naves norteamericanas que salían a bombardear Afganistán o Irak. Tampoco con los militares que viven allí, ni los empleados civiles. Tan triste todo, que un cable difundido por Wikileaks reveló el obvio trasfondo de la maniobra.

La novelista Philippa Gregory describió el caso de Diego García en un artículo de junio pasado en The Times titulado elocuentemente “Las Falklands secretas que siguen en conflicto”. “He leído los papeles del Foreign Office desde 1960 intentando entender la historia de Chagos: es una lacrimógena experiencia sobre el engaño y la arrogancia”, escribió.