La guerra interna en la Corte Suprema quedó al desnudo | Ricardo Lorenzetti denunció las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial

El supremo Ricardo Lorenzetti volvió a dejar al desnudo la interna feroz que corroe a la Corte Suprema, empujada por el juicio político, al difundir una carta donde denuncia que las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) siguen a la orden del día. Para redoblar la apuesta, la nota fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), que es el portal institucional del Poder Judicial, que maneja el máximo tribunal. Si bien el texto está dirigido al directorio, a cuyos miembros acusa de haber confeccionado un “informe irregular” sobre el sistema de salud, el juez les reprocha a los otros tres supremos que se queden de brazos cruzados y en un tramo apunta en particular a Juan Carlos Maqueda.

Subraya dos datos que muestran problemas no resueltos: no hay balances disponibles de los años 2021 y 2022, con lo cual no se sabe qué se hizo con la plata, y tampoco hay presupuesto del año pasado ni del actual. En rigor, señala, nunca se confeccionó un presupuesto. Uno de los directores no se dio por aludido y le trasladó los planteos por su “tenor” –dijo– al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Uno de los primeros coletazos de esta situación se verá la semana próxima en la Comisión de Juicio Político, que pedirá el levantamiento del secreto fiscal y bancario de la obra social en cuestión.

Lorenzetti anuncia en su nota que iniciará un “procedimiento legal” contra los miembros del directorio actual de la Obra Social porque entregaron en forma tardía un informe que se les encomendó en agosto del año pasado y donde, a su vez, dejan en evidencia incumplimientos que no sólo involucran a las gestiones pasadas, cuando el director era Aldo Tonón –a quien la Corte Suprema recién le aceptó la renuncia la semana pasada– sino a la presente. Tonón era un hombre de confianza del cortesano Maqueda, quien estuvo por años a cargo del manejo de la OSPJN. El escándalo, que estalló en 2021 con denuncias penales principalmente del gremio Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales), es una de las causales del juicio político contra los supremos. Como informó Página/12, el tribunal respondió a la Comisión de Juicio Político un primer requerimiento de documentación. Horacio Rosatti le derivó el tema a Maqueda, aunque es la Corte en pleno la responsable. Entre el material enviado estaba incluido un mail del cordobés donde en 2021 admitía los desmanejos pero subrayaba mejoras. Lorenzetti, como es evidente, intenta diferenciarse del resto.

La jugada de Lorenzetti

Lo primero que dice la nota de Lorenzetti es que el 13 de febrero llegó el informe que le habían encomendado los supremos al directorio actual de la OSPJN el año pasado y que “fue comunicado a los ministros sin respuesta alguna”. El mensaje que deja a la vista es que Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz no hicieron nada. Entonces toma él la palabra: “Me siento en la obligación de notificarle e iniciar el correspondiente procedimiento. Es un informe irregular en muchos sentidos”. Los actuales directores son Mariano Althabe, Cora Borensztejn y Maia Vocovinsky, esta última representante de la Unión de Empleados de la Justicia. Lorenzetti dice que presentaron el documento seis meses después y que es “extemporáneo”. La otra cuestión que señala es que en realidad los directores son cinco, pero dos aún no sumieron. A lo que suma que “la representante del gremio no tenía contrato al momento de firmar”, y faltó en cambio la firma de Tonón, que sí tuvo que participar del informe que, de todos modos, para él es “inválido por no representar al órgano de dirección”.

Lo cierto es que el contenido entregado finalmente por el trío actual de directores tampoco deja bien parado a nadie, ni a ellos mismos ni a la Corte Suprema. El tribunal les había pedido cuestiones muy específicas: debían hacer un informe sobre los resultados de una auditoría que se ordenó en noviembre de 2021 y que se entregó el año pasado, de la que participó la Auditoría General de la Nación (cuyos resultados habían sido lapidarios); tenían que elaborar un presupuesto y adoptar medidas contables y de gestión; implementar un sistema de contabilidad; concretar licitaciones para adquirir el software necesario; aprobar manuales de procedimiento, un organigrama y un reglamento para los convenios con prestadores

¿Qué surge de lo que informaron los directores?

* La OSPJN jamás en su existencia elaboró un presupuesto. En 2022 se presentó a los supremos una aproximación presupuestaria

*La obra social nunca certificó balances; ahora trabaja en un balance del 2021 y no inició el de 2022.

*En abril del año pasado se publicó un pliego de bases y condiciones para licitar el “software de gestión”; se presentaron cuatro empresas pero el pliego debió ser modificado por un pedido del propio tribunal, que aún no aprobó el nuevo.

*Todos los manuales encomendados están recién ahora en confección.

*Hubo algunos cambios en como incrementos arancelarios a prestadores, nuevas contrataciones, transferencias de dinero del fondo anticíclico (la plata que guarda la Corte para sí) y cambios en el servicio como la eliminación de bonos, la implementación de la credencial digital.

Omisiones

Según señala Lorenzetti, el informe del directorio alude a “incumplimientos” de la gestión de Tonón sobre los que la Corte recién fue informada por la auditoría. Aprovecha para cuestionar a Maqueda con el argumento de que cuando se dirigió en una carta a sus colegas el 31 de agosto de 2021, en medio del escándalo, si bien reconocía anomalías que presenta como heredadas (“insolvencias, desfalcos, prestaciones reducidas) hacía hincapié en que se “sanearon las finanzas” y eliminaron prácticas corruptas.

Pero lo que quiere mostrar el supremo a la ofensiva es que la auditoría ya señaló “incumplimientos durante la gestión del Dr Althabe”, quien ingresó la OSPJN en noviembre de 2021. No se explica, dice Lorenzetti, “por qué sigue con los incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”. Lo señala como responsable de la falta de presupuesto para 2022 y 2023 y de no haber presentado los últimos balances (aunque se habrían regularizado los anteriores), así como de la falta de un software. Recuerda también que se había encomendado la creación de un sistema a la contadora Melisa Solanas pero renunció abruptamente.

Althabe decidió no darse por aludido y trasladar los planteos de Lorenzetti al presidente de la Corte Rosatti, como quien dice, arréglense entre ustedes que están en guerra. Envió un breve texto: “Teniendo en cuenta el tenor de la petición formulada por el señor ministro Dr. Ricardo Lorenzetti, pasen las actuaciones a la presidencia de la Corte Suprema. Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida”. Ahora hay que ver si Rosatti y el resto dicen algo o siguen en silencio.