A pesar de lo que intentó instalar la oposición, la Organización de Naciones Unidas (ONU) no hizo crítica alguna a la situación del sistema de justicia en la Argentina ni le pidió al gobierno por su independencia. Este viernes, el país terminó de rendir un examen en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos. De las 287 recomendaciones que recibió, sólo cuatro estuvieron enfocadas en la justicia: Bolivia que saludó la denuncia del lawfare, Chile que se pronunció en sintonía con el gobierno argentino, Eslovaquia en términos similares y Alemania que pidió por la independencia de jueces y fiscales. Sin embargo, la delegación alemana estaba haciéndose eco de un informe de Naciones Unidas de finales de 2019 en el que se denunció el plan de hostigamiento del gobierno de Mauricio Macri hacia aquellos magistrados que no comulgaban con sus ideas.
El lunes, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, encabezó el Examen Periódico Universal (EPU) que debe rendir el país cada cuatro o cinco años. En su discurso denunció la persecución judicial hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hacia la dirigente social Milagro Sala. Además, mencionó la pérdida de credibilidad del Poder Judicial –en momentos en que el país debate el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema–.
A las horas, la oposición instaló que Naciones Unidas había pedido por la independencia de la justicia. Sin embargo, en realidad, se estaban haciendo eco de un comentario escueto de la delegación alemana.
Lo que sucedió es que Alemania tomó en consideración el informe que en 2019 remitió el relator para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, después de reunir denuncias sobre los desmanejos de la administración Cambiemos con la justicia.
“Contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, en el caso de Alemania, resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
“En esa comunicación, el relator advertía que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había llevado adelante ‘actos de intimidación y presión’ a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, y que estos ‘habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo’”, agrega la comunicación oficial.
En 2019, García Sayán había expresado su preocupación ante lo que se denunció como un plan sistemático de acoso a quienes no se alineaban con Macri dentro de la justicia: desde la procuradora Alejandra Gils Carbó –forzada a renunciar– hasta el juez Alejo Ramos Padilla –que entonces investigaba el espionaje macrista– pasando por la fiscal Gabriela Boquin, hostigada por pretender que la familia Macri pague lo que corresponde por la deuda del Correo Argentino.
Esta mañana, la subsecretaria Andrea Pochak recibió las recomendaciones preliminares que reunió la troika integrada por Bolivia, Gabón y China. El Estado argentino deberá analizarlas y tendrá un plazo de unos tres meses para responderlas. La evaluación que hizo la Secretaría de Derechos Humanos fue que se trató de una instancia exitosa.
Ante el Consejo, Pochak reafirmó que Argentina seguirá trabajando en reformas institucionales para asegurar la democracia –a pocos meses de que se cumplan 40 años del retorno constitucional–. Además, Argentina asumió una serie de compromisos voluntarios para los próximos años: entre ellos, agilizar los juicios contra los genocidas y hacer foco en los delitos de lesa humanidad con motivación económica, inaugurar este año un espacio de memoria en Campo de Mayo e impulsar una ley contra la violencia institucional.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/519219-la-fake-news-sobre-la-denuncia-del-lawfare-en-la-onu-quedo-d
