La embestida de Stornelli contra Nodio está camino al naufragio

El plan del fiscal Carlos Stornelli para indagar a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y frenar la puesta en marcha del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica, va camino a naufragar: su superior ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, no lo respaldó y desistió de la apelación que había presentado para insistir en su objetivo. Ya la jueza María Eugenia Capuchetti había rechazado la cautelar que pedía el fiscal multiprocesado Stornelli bajo el insólito argumento de que el observatorio Nodio violaría la libertad de expresión y ejercería censura previa. En un dictamen breve pero contundente Agüero Iturbe sostuvo que no hay motivo para impedir que funcione más aún teniendo en cuenta que la acusación consistiría en convertir una decisión de política pública en un delito, lo que implicaría entrometerse en otro poder del Estado.

“Debemos ser cautos frente a un acto que importa la manifestación de una política pública en función a la interpretación que se otorgue al organismo que preside la imputada y atribuidos por la ley de medios audiovisuales; pues según el desenlace del proceso habremos intervenido en un accionar de otro poder del Estado sin que se encuentre presente los requerimientos legales para el dictado de una medida de no innovar”, dice el dictamen de Agüero Iturbe para explicar por qué no avaló a Stornelli ni lo acompañará en su reclamo. Para el fiscal de Cámara no hay razón que justifique una media cautelar. Dejó abierta la posibilidad de que su colega demuestre si hay un delito en juego. Pero ya con la resolución previa de Capuchetti, quedó claro que no será fácil. Ella había explicado que Stornelli daba por supuesto algo que sólo era “hipotético”: “no se verifica –más allá de las formulaciones genéricas e invocaciones a normas de distinta jerarquía—de qué modo concreto la creación del organismo afectaría el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución Nacional”, había resuelto la magistrada. 

La apelación de Stornelli ante la Cámara venía motivada por aquel primer revés donde la jueza Capuchetti no sólo le reprochó que no estaba “cuestionando ninguna norma o acto en particular” sin siquiera mostrar si el Observatorio ya había sido creado sino que, además, resaltaba que el lanzamiento de Nodio ocurría en un contexto de “recomendaciones que realizan los organismos internacionales hacia los Estados” como “evaluar medidas positivas para abordar el problema de la desinformación en línea, como la promoción de instancias independientes para la verificación de la información”. Desde mucho antes de que Stornelli lanzara su ofensiva, Lewin ya explicaba que la tarea de Nodio no tenía ningún objetivo punitivo, de control o supervisión, sino de análisis de los discursos de odio y los procesos de desinformación. Muchos de los observatorios u organismos similares que existen en el mundo buscan que haya menos criminalización de la información a partir de a puesta en evidencia de los mecanismos que se utilizan para multiplicar noticias falsas o con violencia simbólica para mejorar el debate público y la calidad democrática.

El dictamen original de Stornelli, donde pedía la indagatoria de la funcionaria y una cautelar para impedir el trabajo de Nodio, estaba basado en una denuncia de los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Graciela Ocaña, entre otros. Tomaba como eje una comunicación de la propia Defensoría donde explicaba que objetivo del trabajo sería proteger a la ciudadanía de “noticias falsas, maliciosas y falacias”. La llamativa lectura del fiscal era que la existencia del observatorio afectaría la libertad de expresión e implicaba un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cuando presentó la apelación, dobló la apuesta y comparó al observatorio con los métodos del franquismo y la última dictadura cívico militar en la Argentina.

La realidad es que la falta de soporte del fiscal de Cámara es un golpe para este expediente, que está emparentado con otras causas basadas en convertir decisiones de gobierno en delitos, como la del Memorándum con Irán (iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman) o la del dólar futuro. Pero esta vez empiezan a aparecer voces, dentro de Comodoro Py, que lo advierten y cuestionan.