La cúpula de la AFI de Macri tiene cita con el juez

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su número dos, Silvia Majdalani, fueron finalmente citados a indagatoria por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, en su vivienda de Juncal y Uruguay, en el Instituto Patria. En la misma resolución procesó al ex jefe de Operaciones especiales del organismo Alan Ruiz, por violación a la Ley de Inteligencia (25.530), abuso de autoridad y falsedad ideológica, y le otorgó la libertad, aunque le prohibió salir del país y le trabó un embargo de 500 mil pesos. Citó como sospechoso también a Martín Coste, ex jefe de Contrainteligencia. En sus fundamentos, el juez explicó que Ruiz tenía relación directa con “la señora 8”, Majdalani, que ella le daba instrucciones y que él le elevaba sus informes. Tanto a ella como a Arribas los hace responsable de los seguimientos ilegales y de una maniobra posterior para darles apariencia de legalidad con notas e informes presentados ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las actividades de inteligencia y ante la Justicia, donde alegaron que nadie espiaba a CFK sino que la cuidaban de amenazas terroristas en el contexto de la Cumbre del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Majdalani tendrá que declarar el lunes 13 y Arribas el martes 14. Los abogados de la ex funcionaria –los mismos que representaron a Sandra Arroyo Salgado en la querella por la muerte de Alberto Nisman– ya lanzaron su primer intento para que la causa pase a Comodoro Py, como viene alentando el macrismo. Se presentaron ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tuvo una causa por el espionaje al Instituto Patria y sobreseyó a ambos ex jefes de la AFI, una decisión criticada por el juez Augé en su fallo. De todos modos, la causa que tramita en Lomas de Zamora abarca un período mayor y más hechos.

El espionaje a la actual vicepresidenta fue detectado en los primeros días de agosto de 2018, ya que había dos vehículos constantemente parados frente al Instituto Patria. Pronto se supo que eran de la AFI. Oscar Parrilli hizo una denuncia penal, en el Senado también se dejó constancia de lo ocurrido e intervino la Comisión Bicameral. Ante el juez Martínez de Giorgi y la Bicameral, Arribas y Majdalani argumentaron que nadie había espiado a CFK sino que se estaba velando por su seguridad, ya que había existido un alerta de que podía sufrir algún ataque. “Fue el comienzo de una serie de falsedades”, dijo el juez Augé, parte de una “estrategia delictiva, que no fue otra que el intento de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo”. Arribas y Majdalani afirmaron “falsamente que no se habían producido seguimientos respectos de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial”, recordó el fallo.

Esta fue para Augé, quien tomó como base la imputación de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, una segunda etapa de comisión de delitos. La primera había sido la del espionaje propiamente dicho, que define como espionaje político, por razones ideológicas y de pertenencia partidaria, prohibido por la Ley de Inteligencia. 

En la cadena de responsabilidades que describe el juez, a Ruiz lo sitúa encomendando las tareas un grupo de espías que actuaban en la calle, sacando fotos, tomando imágenes y confeccionando los informes, algunos de los cuales pertenecían al llamado grupo “Súper Mario Bros”. Pero Ruiz a su vez, afirma Augé, recibía claramente las órdenes de Majdalani, por la que incluso salteaba en ocasiones a sus superiores. “Tenía un vinculo directo con quien era en aquel momento la subsecretaria de la AFI, Silvia Majdalani, también conocida en la jerga como la número 8”, escribió el juez. Ella tenía “conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de las vigilancias y observaciones”. “Los informes confeccionados en los que se plasmaban los resultados de esos espionajes ilegales, eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y posteriormente este se los elevaba a Majdalani”, describe el fallo.

La tarea de seguimiento a CFK duró más de un mes y, sostiene el magistrado, era “un objetivo que no cuadraba con ninguna actividad regular de la AFI”. Según declararon testigos de identidad reservada, lo que les pedían eran que observaran si de la casa de la ex presidenta o del Patria se llevaban “bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, o si recibían objetos o se desarrollaban actividades”. Las tareas de inteligencia “nunca tuvieron por finalidad detectar posibles atentados o amenazas (…) ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos G-20 y Juegos Olímpicos la juventud”, como intentaron argumentar en sus informes tanto Ruiz como Arribas y Majdalani. 

Los testigos que aportaron información clave son agentes de la AFI. Algunos participaron de estas tareas de espionaje en particular y contaron que se quejaban ante Ruiz por la ilegalidad de lo que les pedían, y que la respuesta siempre era que se trataba de indicaciones de la vicejefa de la la central de espías.

Una de las conclusiones, que ya habían señalado los fiscales, es que la AFI utilizó como excusa para espiar una causa que la propia agencia había pedido abrir en octubre de 2017 con la excusa de que podía haber peligro de algún ataque terrorista. Ese expediente quedó a cargo del juez Federico Villena, que se excusó de intervenir en el expediente que ahora complica a las ex autoridades de inteligencia, que se abrió con una denuncia de la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño. Esa era la investigación judicial que invocaron Arribas y Majdalani para dar apariencia legal al espionaje político. Pero el juez Augé señaló, entre otras cosas, un problema de fechas. Hay dos presentaciones de ambos ante la Bicameral de Inteligencia y otra ante Martínez de Giorgi. La primera ante el Congreso fue el 9 de agosto de 2018, dos días después de que se detectaron allí un VW Voyage y un Renault Megane de la AFI. En aquella y otra posterior, decían que eran actividades de inteligencia en una causa judicial. No hubo menciones de amenazas a personas hasta mucho después, tras un pedido de Martínez de Giorgi. 

Fue ahí que se presentó un informe con una nota de José M. Padilla, entregada a Villena, que refería supuestos hechos de mucho antes: “El día 30 de julio se tomó conocimiento de información que indicaba la posibilidad de que personas antisistémicas organizadas planifiquen llevar adelante acciones en su contra (de CFK), con potencial repercusión mediática, con aparente intención de difundir sus ideas anarquistas para crear un clima de desestabilización e inseguridad en las postrimerías de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y aprovechando la exposición mediática que había en ese momento sobre la funcionaria (…) en ese sentido se llevaron a cabo tareas de la especialidad en las inmediaciones de las locaciones donde se consideró que podría resultar como factible la posibilidad de que se lleven adelante las acciones en cuestión”. 

El informe también decía que “luego de realizado el debido análisis se pudo descartar el real riesgo del indicio de estudio”. Por entonces, hubo presentaciones similares sobre María Eugenia Vidal y Diego Santilli, también seguidos y querellantes en la causa más grande sobre espionaje ilegal.

Esas presentaciones tuvieron el fin de “ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal” y “ese derrotero permitió que hasta la actualidad los responsables quedaron a cubierto, al menos hasta ahora, y así intentar eludir rendir cuentas por sus acciones”, señaló Augé, y aludió en ese punto al “sobreseimiento de los mentados Arribas y Majdalani” en la causa que instruía Martínez de Giorgi. Sobre este caso, Augé cuestionó que su colega se basó en “una más que ligera certificación actuarial” para desvincular a ambos, cuando había “falsedades documentales”.

En la cadena de responsabilidades, el ex titular de Contrainteligencia Martín Coste, que también será indagado,  aparece como responsable del área que se ocupó del espionaje. De las tareas concretas se ocupaba Ruiz, quien instruía a los espías. Por encima de todo, estaban Arribas y Majdalani.

Los espías indagados

Este martes fue un día movido también en la causa más grande sobre el espionaje, donde hubo tres indagatorias. Declararon dos ex espías, Guillermo Matta y Johnatan Nievas, que dijeron que no hacían tareas de inteligencia, que no estaban en la calle, y que acudían a una oficina donde analizaban publicaciones en los diarios o imágenes donde les pedían que buscaran determinados datos. Respondían ambos a Alan Ruiz, y se desligaron de tareas ilegales. Dominique Lasaigues, hija de un ex jugador de paddle amigo de Gustavo Arribas, que la hizo entrar a la AFI, ofreció una declaración algo más jugosa: contó que la mandaban a sacar fotos y reconoció, por ejemplo, seguimientos a organizaciones sociales y políticas, como Barrios de Pie y el Partido Obrero. Le señalaban movilizaciones y ella debía acudir y enviaba las imágenes al grupo “Súper Mario Bros”. Contó que Ruiz, su jefe, y Mercedes Funes Silva la llevaron un día al penal de Ezeiza (donde también se investiga espionaje) aunque no sabía para qué. También aparece en conversaciones vinculadas al seguimiento al camarista Martín Irurzun, aunque no parece haber participado.

El espía Jorge “el Turco” Sáez hizo, a través de su abogado, Alfredo Oliván, una presentación donde plantea que se investigue a las autoridades, ya que “no es lógico suponer que un grupo de personas de menor importancia son los autores de un hecho delictivo como cuestión propia”. Requirió la declaración testimonial de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Este miércoles Ruiz será indagado por otras múltples actividades de espionaje ilegal.