El pasado 12 abril las autoridades de la Penitenciaria del Litoral en Guayaquil –la más grande del país— encontraron a seis presos colgados y ahorcados en sus celdas, en un pabellón dominado por una banda narcotraficante enfrentada a otras.
Dos días después, allí mismo, una reyerta de varias horas con fusiles y pistolas 9 milímetros generó 12 muertos, ante la desesperación de miles de familiares que durante días no supieron nada de quienes estaban adentro y reclamaban al director de la cárcel dar la cara y “que nos diga cuántos son los muertos, un listado, no son animales, son seres humanos”.
La violencia se derrama a los alrededores del penal: el jueves pasados tres agentes penitenciarias que almorzaban en un restaurante enfrente, fueron acribilladas. Hace un año, en la prisión de Santo Domingo –centro norte del país– 43 reos se despedazaron a cuchillo mutuamente, durante un motín en el que escaparon 220 reclusos.
La muerte es la norma
Ecuador sufre desde febrero de 2021 una crisis carcelaria constante: más de 450 presos se han aniquilado entre sí. La peor masacre fue el 28 de septiembre de 2021 en Guayaquil: 125 muertos. Dos meses después, ese mismo combate continuó durante dos días y fue transmitido en redes sociales, incluyendo la mutilación, asesinato a balazos e incineración de 67 personas.
En total ya son 11 masacres carcelarias y la situación se le ha ido de las manos al Estado. La guerra de fondo entre las bandas narcotraficantes es por el control interno de las cárceles y el externo de las rutas de la cocaína hacia Europa y EE.UU. especialmente en ciudades costeras como la capital del país.
Muchas de las víctimas son reos encarcelados por delitos menores sin sentencia en cárceles sobrepobladas, cuyos familiares son extorsionados por los “peces gordos” con al menos 300 dólares al mes para garantizarles “protección” a los detenidos, comida y un lugar más cómodo dónde dormir: las pandillas terminan teniendo el verdadero control de la cárcel. Según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021, algunos de los muertos tenían cumplida su sentencia y continuaban presos por mera burocracia.
La atomización de los cárteles
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que una de las explicaciones sobre el aumento de la violencia intercarcelaria es que en Brasil, Colombia y Ecuador, los grandes cárteles del pasado se han ido atomizando desde 2020. Incluso hay bandas menores que trabajan tercerizadas para los grupos mayores a modo de subcontratistas: el aumento en la cantidad de actores hace más dificil los acuerdos y la convivencia, ya que hay mucha competencia. Antes que megabandas, hay redes locales cambiantes trabajando para varios clientes a la vez en distintos países.
Arturo Torres –autor del libro de investigación El juego del Camaleón– explicó a Página/12 que “la fragmentación de las bandas se profundizó a partir de 2020 tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, cabecilla de la banda de Los Choneros que tenía un control hegemónico sobre el resto de grupos criminales, como Los Lobos, los Latin Kings y los Lagartos. Luego del asesinato en un centro comercial de Manta, las bandas se atomizaron desde las cárceles en medio de un aumento de la demanda de cocaína en Europa”.
Se observa incluso una especialización por parte de cada subgrupo en distintas fases de la producción, que incluye “empresas” de logística y comercialización: los grandes capos tienen proveedores de servicios no exclusivos que no son miembros de la banda. Esto hace también que las caídas de un sector de la cadena productiva no sean tan catastróficas para el resto.
Desde 2016 los presos están agrupados, no por tipo de delito, sino por la banda a la que pertenecen, como medida preventiva fallida contra los enfrentamientos. Esto generó a la larga, que se solidificaran los nexos entre los miembros de un grupo. Los dos más importantes son Los Choneros –ligados al Cártel de Sinaloa– y Los Lobos –asociados al Cártel de Jalisco Nueva Generación– que pasaron a dominar las cárceles y a enfrentarse.
Cárceles superpobladas
La Coordinación de Seguridad Penitenciaría de la Policía estima que más del 60% de los 35.000 presos del país pertenecen a alguna banda dentro de los 54 penales, las cuales dominan el ingreso a las celdas de licores, comida y droga, un negocio multimillonario que requiere complicidad policial y administrativa. La sobrepoblación carcelaria es del 30%,
También hubo una reconfiguración del negocio de la cocaína en el que Ecuador se consolida desde 2022 como un eslabón fundamental para el tráfico internacional que nace en Colombia y zarpa desde los puertos ecuatorianos. Otro detonante fue la criminalización del microtráfico, la captura de pequeños traficantes y meros consumidores que aumentó desde el 2015 por una reforma penal.
Además hay un abuso de la prisión preventiva, una medida que fue perdiendo su carácter excepcional que la teorizada. Solo el 58 por ciento de los presos está condenado y el 38 por ciento procesado con presunción de inocencia, cuando se supone que solo el primer grupo debería perder su libertad: por eso son tantos. Tres de cada diez están presos por delitos ligados a la droga.
La Penitenciaria del Litoral en Guayaquil –El Peni– está preparada para 5.000 personas pero la habitan 8.000. Carece de agua potable, la temperatura interna asciende a 40°C. y en la celdas hay hasta nueve presos en lugar de los cuatro que corresponden, quienes ser turnan para dormir. La comida es pésima y los que pueden la compran en las tiendas oficiales del penal donde todo vale tres veces más que afuera. Un litro de agua cuesta 5 dólares y un paquete de galletas o un cigarrillo, 3 dólares: los familiares pagan desde afuera. Pero hay negocios aun mayores: hacer entrar un revolver cuesta 4.000 dólares, un fusil tres veces más y un teléfono 500 dólares.
El que no paga no come
Cada pabellón tiene un comandante que raciona la comida según los pagos que recibe, a veces de hasta 500 dólares por mes por preso. Estos negocios internos ya de por sí generan ganancias millonarias y por eso las disputas a muerte. Pero es muchísimo más lo que se juega en esas pujas territoriales. Porque lo mismo sucede extramuros en la lucha por cada cuadra en los barrios por el menudeo, y todo es parte de la competencia mayor por el control de esa autopista marítima para la droga rumbo al Primer Mundo, cuyo punto de partida es la costa de Ecuador por donde sale un tercio de la producción colombiana.
Las cárceles ecuatorianas son un eco de lo que sucede en las calles con un plus de hacinamiento inhumano y tanto ausencia como complicidad del Estado. Estos factores crearon la tormenta perfecta que inundó las cárceles de sangre.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/542766-la-crisis-carcelaria-carcome-al-ecuador
