Los cinco jueces del máximo tribunal subrayaron que aquellos jueces que se aparten de las normas tienen que ser juzgados pero además “deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública”.
En la acordada 17/2019, los jueces pidieron a sus pares que actúen como “celosos guardianes de la privacidad” de las personas cuyas comunicaciones han sido intervenidas, al aconsejar a los magistrados de competencia penal a aplicar “de forma restrictiva” la norma que los faculta a requerir la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia. En el texto subrayaron también que serán castigados quienes obtengan de forma “furtiva” datos personales o información sensible sin fundamentos en una investigación judicial, como así también “la elaboración de registros meramente preventivos, la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito”.
La Corte solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que formule un diagnóstico “exhaustivo” sobre la utilización de intercepciones de comunicaciones en el marco de las investigaciones penales. “La interceptación de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional. Será ordenada con criterio restrictivo atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito”, aclararon. El tribunal también exhortó al Congreso a realizar un “pronto tratamiento del proyecto de ley (S-979/18) destinado a regular la cadena de custodia de las interceptaciones”.
El máximo tribunal dejó en claro que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeC0), que está dentro de la órbita de la Corte, “es el único órgano estatal encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”. En consonacia, reclamó a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que certifique que la Agencia Federal de Inteligencia no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/201305-la-corte-le-puso-un-freno-a-las-escuchas-ilegales
