La Corte le dijo no a Socma

La Corte Suprema rechazó un planteo de SOCMA, empresa pilar del Grupo Macri, que se niega a pagar a una aseguradora una suma millonaria que correspondía al contrato destinado a garantizar las obligaciones con el Estado en la época en que se otorgó la concesión del servicio postal al Correo Argentino. SOCMA se niega a pagar con el argumento de que el Correo –firma de la que es controlante– está en concurso de acreedores, situación que se sostiene desde hace 18 años. Es decir, la postura es coherente con la negativa histórica a pagar la deuda al Estado, como se ve en el expediente concursal. El seguro que se había formalizado con la Aseguradora de Créditos y Garantías era por 42.735.000 de pesos a valores de los años noventa (que eran dólares) más los intereses, tenía a la compañía de los Macri como “avalista”.

El fallo supremo, con mayoría de cuatro votos (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz), dejó firme una sentencia de la Cámara Comercial que decía que SOCMA debe pagar. Al día de hoy, sería una suma de 1.900 millones de pesos más intereses, lo que equivale a casi la mitad de la deuda que el Correo mantiene ya con el Estado, y hace todo tipo de piruetas para evitar saldar. En el expediente concursal, donde increíblemente nunca fue decretada la quiebra, el cálculo de lo adeudado por cánones según la fiscalía de Gabriela Boquín, es a hoy 4.500 millones de pesos.

Cuando se otorgó la concesión al Correo Argentino, la firma de la familia presidencial contrató en 1999 un seguro y para bajar el valor de la prima firmó que SOCMA y SIDECO eran solidarias con ella. Pagó menos por ese seguro de caución. La aseguradora celebró con SOCMA una carta de fianza por la que esa firma se constituyó como “avalista, fiadores solidarios y lisos y llanos y principales pagadores, con renuncia a los beneficios de excusión y división, de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el Correo Argentina SA con Aseguradora de Créditos y Garantías SA en virtud de los contratos de seguros de caución instrumentados”. La fianza establecida era del 54,42 por ciento del monto que la aseguradora reclamara al Correo y el 4,58 por ciento lo garantizaba Sideco Americana.

Cuando en 2003 el Poder Ejecutivo rescindió el contrato y estatizó el correo, y a raíz de que el Estado reclamó la póliza a la aseguradora, ésta dio por hecho que se estaban dando una de las situaciones previstas en la solicitud del seguro y por ende intimó al Correo a pagar los 42.735.000 pesos y a SOCMA como fiadora le reclamó una fianza de 23.256.387 pesos. El Correo alegó que como estaba en concurso preventivo no era capaz de cumplir con las obligaciones contraídas frente al Estado. SOCMA lo mismo. Una sentencia de primera instancia rechazó el reclamo de la compañía de seguros, pero luego la Cámara la revocó. SOCMA llegó a la Corte con un recurso de queja.

La Corte finalmente dijo que el recurso es inadmisible en un fallo de media página pero que tiene un efecto contundente y adverso al grupo empresario de los Macri que ha trazado toda clase de estrategias para evitar pagar sus deudas con el Estado.

La resolución deja en muy mala posición a la empresa Correo y sus controlantes en las causas en las que pretenden que sea el Estado quien les pague a ellas. Porque además de dilatar el pago de la deuda histórica que arrastró al concurso de acreedores al Correo, esta empresa inició diversas acciones en las que reclama resarcimientos o indemnizaciones posteriores a la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner, por sumas cercanas a lo mismo que adeuda.

Hay al menos cinco expedientes en el fuero contencioso administrativo por estas pretensiones. Uno de ellos incluso fue iniciado incluso el 13 de junio de 2016, dos semanas antes de que se celebrara el famoso acuerdo entre el Correo y el Estado ante la Cámara Comercial a través del cual se intentó una condonación casi total de la deuda de la firma postal. Fue el pacto denunciado por la fiscal Boquín que dejó en evidencia el comportamiento del Grupo Macri, que a la vez se ubicaba del lado estatal del mostrador.

Todo el cuadro de situación muestra que el Estado otorgó una concesión a una empresa que no pagó prácticamente nada. Lo poco que se abonó fue a través de una aseguradora, a la que por la disposición de la Corte SOCMA debería pagarle. Esto demostraría también que no es cierto que el Estado le deba nada al Correo que, junto con sus controlantes, se habrían convertido así en lo que se llama “deudores consuetudinarios”.

Un dato insólito adicional es que quien ha venido representando al Estado en las demandas en las que el Correo pretende cobrar, es el secretario de Modernización Andrés Ibarra, que fue director de la empresa. Ibarra presentó el año pasado una excusación en el expediente concursal, pero la vicepresidenta Gabriela Michetti recién se la aceptó ahora.

La decisión de la Corte desnuda es un comportamiento histórico del grupo empresario, que hoy aparece de los dos lados del mostrador.