La condena de Amado Boudou fue reducida 10 meses por el juez Daniel Obligado

El juez Daniel Obligado firmó la resolución en la que le redujo la condena a Amado Boudou en diez meses por lo cual el exvicepresidente ya está en condiciones de tener salidas transitorias y debería acceder a la libertad condicional en julio. La reducción es la que rige para todos los detenidos de la Argentina en función de los estudios o trabajos que realiza cada persona estando encarcelada. En el caso de Boudou, hizo el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, una diplomatura en Ciencias Políticas en FLACSO y la licenciatura en Historia de la Universidad de Avellaneda, además de cursos de programación, electricista y un taller de filosofía. Sus abogados pidieron 20 meses de reducción y Obligado sólo aceptó diez. Como se sabe, está pendiente la decisión sobre la prisión domiciliaria, pero la realidad es que esta reducción torna lógico –dicen sus abogados– que pueda continuar en su casa porque originalmente se concedió la domiciliaria por la pandemia de coronavirus, que sigue vigente, y ahora además se redujo mucho lo que le falta cumplir hasta la libertad condicional.

Los abogados del exvicepresidente, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, pidieron los 20 meses de reducción, pero el magistrado no admitió la totalidad, sosteniendo que no deberían equipararse las reducciones de los detenidos que están en los penales con las reducciones de quienes pudieron estudiar cursando prisiones domiciliarias. Además, consideró que el estudio de filosofía no es una formación profesional y que parte de las materias el exvicepresidente terminó de cursarlas, presentó los trabajos finales, pero están pendientes de aprobación.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión en el caso Ciccone. En el Tribunal Oral el voto fue dos a uno, con la mayoría sosteniendo el delito de cohecho -coima-, supuestamente porque Boudou se habría quedado con el 70 por ciento de la Calcográfica. La realidad es que no hubo ninguna prueba de que el exvicepresidente fuera dueño de Ciccone, al punto que los directivos de la imprenta no pasaron a ser hombres de Boudou, sino que todos fueron allegados a Jorge Brito, del Banco Macro, y al financista Raúl Moneta. Ellos dos fueron los que pusieron el dinero. Los dos jueces que condenaron por cohecho –Néstor Costabel y Pablo Bertuzzi, ambos del corazón macrista– se basaron en el testimonio del arrepentido Alejandro Vandenbroele que hoy se sabe cobró cuatro millones de pesos de aquel entonces (unos diez millones actuales) por su testimonio. En disidencia votó Gabriela López Iñiguez. 

En el punto que hubo acuerdo entre los tres jueces fue en la condena por el delito menor, negociaciones incompatibles con la función pública, porque se consideró que el exvicepresidente introdujo en las conversaciones sobre la imprenta a un amigo suyo de la infancia, José María Nuñez Cardona, que no tenía cargo público. Desde ese punto de vista, Boudou nunca debió estar preso dado que negociaciones incompatibles es un delito claramente excarcelable con una pena mínima de un año.

En las 21 páginas del fallo del juez Obligado se hace un detallado análisis de cursos, materias, carreras. La fiscalía incluso había aceptado una reducción de 12 meses de la condena, ya muy por debajo de los 20 pedidos por Peñafort y Rúa. Finalmente, el magistrado otorgó diez, en el marco de los estímulos que se les conceden a los detenidos de todo el país con el objetivo de que utilicen el tiempo de detención para formarse o trabajar. El principal argumento es que buena parte la estudió con la prisión domiciliaria. 

Según los cálculos, teniendo en cuenta el tiempo que Boudou ya estuvo en Ezeiza y en su casa, el exfuncionario debería acceder a salidas transitorias en este mismo momento, o sea que debe permitirse que salga de su casa, por ejemplo, los fines de semana. Y, además, en julio estaría en condiciones de conseguir la libertad condicional porque tendría cumplidos dos tercios de la condena. Mientras tanto, Boudou y sus abogados están litigando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un argumento de peso: la forma en la que el gobierno de Mauricio Macri compró al arrepentido Vandenbroele.

La otra cuestión en litigio es la prisión domiciliaria. Obligado ya la revocó, los abogados apelaron a la Cámara de Casación y ese tribunal debería resolver en los próximos días. En abril del año pasado, en función de la epidemia de coronavirus, un plenario de Casación votó otorgar prisiones domiciliarias con determinados criterios para descomprimir las cárceles. Es algo que ocurrió en el mundo entero, incluyendo países con una larga tradición punitivista como Estados Unidos. La epidemia aún no pasó, por lo cual los abogados de Boudou esperan que se le permita seguir en su casa. Además, ahora tiene por cumplir menos tiempo.