La complicidad civil tucumana en dictadura, otra vez bajo la lupa 

No todo está dicho para los cómplices civiles de la última dictadura en Tucumán. Porque hoy  se supo que la Cámara de Casación aceptó el recurso de queja que la Fiscalía había presentado para que revierta la falta de mérito que la Justicia tucumana le había dictado a cuatro empresarios del ingenio azucarero La Fronterita por su participación en el secuestro de trabajadores de esa compañía en un centro clandestino de detención que funcionó en sus instalaciones –algunos de ellos continúan desaparecidos–. En las próximas semanas deberá definir si los mantiene o exige una nueva resolución. Representantes del ministerio Público Fiscal y de la querella en la causa celebraron la decisión de la alzada.

“El Ministerio Público Fiscal sostiene que las faltas de mérito son sobreseimientos de facto y que hay prueba más que suficiente para ir a juicio”, resumió en diálogo con este diario el fiscal de la causa Pablo Camuña. En ese sentido, apuntó que el objetivo de ir en queja a la Casación para intentar revertir la decisión con la que el juez Daniel Bejas había dejado fuera de la atención de la Justicia a administradores e integrantes del consejo directivo del ingenio azucarero, y que la Cámara Federal de Apelaciones provincial había confirmado, responde a que “no se malogre la posibilidad de las víctimas y de la comunidad de tener un debate amplio sobre la participación de los acusados en gravísimos hechos contra más de 60 personas entre 1975 y 1978”.

Tanto la Fiscalía, representada por Camuña, como la querella al frente del reclamo de la familia de Fidel Ortiz, uno de los delegados de La Fronterita secuestrado y que continúa desaparecido, apelaron la decisión de Bejas, emitida a mediados de 2019, ante la Cámara de apelaciones tucumana. Y fueron en queja ante la Casación cuando aquella confirmó la falta de mérito de primera instancia y les negó el recurso con el que intentaron torcer su fallo confirmatorio.

El expediente llegó a fines de julio a la Sala IV de la Casación nacional. Allí, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Los camaristas coincidieron con la Fiscalía al considerar “arbitrario” el fallo de la alzada de Apelaciones así como que, de persistir, establecería un pronunciamiento “de carácter definitivo”. Camuña había considerado en su recurso de queja que la resolución de los camaristas locales a favor de los empresarios es equiparable a una sentencia definitiva pues “implica la paralización lisa y llana” de la causa.

Borinsky, Hornos y Carbajo tuvieron en cuenta además, que a principios de mes habilitaron el mismo recurso en la misma causa a Pablo Gargiulo, el abogado que en nombre del colectivo Andhes representa a la familia de Ortiz. “Habíamos hecho un planteo con el mismo objetivo y similares argumentos sosteniendo que la Casación debía declarar mal denegado el recurso, abrir la queja y resolver el fondo de la cuestión, que es la falta de mérito” con la que Bejas benefició a los civiles que, al frente del Ingenio La Fronterita, fueron cómplices del terrorismo de Estado.

Ahora, tienen que analizar qué decisión tomarán: si devuelven el expediente a Bejas y le ordenan tomar otro rumbo en relación con los empresarios, o si solo rechaza la falta de mérito y deja en manos de la Justicia tucumana quién y cómo determinará los pasos a seguir. Como sea, el hecho de que la Casación tomara la queja es un paso importante debido a que abre la puerta nuevamente a que los empresarios sean procesados y, finalmente, juzgados.

Fue en abril de 2018 que Camuña, tras años de investigación, solicitó a Bejas que indague a seis administradores e integrantes del consejo directivo del ingenio por su participación en secuestros, torturas y desapariciones de al menos 68 trabajadores de la compañía durante la última dictadura. La Fiscalía dio por probado que que el aparato del ingenio “cumplió un rol fundamental” en la “implementación del terrorismo de Estado en la provincia” al haber “cedido los espacios y las instalaciones para que se efectivice un centro clandestino y una base militar”. Surgió de la investigación que el ingenio prestó vehículos, brindó información de los trabajadores al aparato represivo, autorizó a patotas de genocidas a ingresar a sus casas, dentro del predio del ingenio.

Un año y meses después, Bejas indagó a los cuatro empresarios que quedaban en condiciones Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos. Pero los consideró víctimas de la dictadura y les dictó la falta de mérito.