La CIDH anunció una visita urgente a Bolivia

Al menos tres personas murieron y otras 22 resultaron heridas en la localidad de San Antonio de Senkata, en El Alto, durante una represión coordinada entre la Fuerzas Militares y la Policía para levantar un bloqueo sobre una planta de abastecimiento de combustible. “Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto”, escribió el presidente depuesto Evo Morales en sus redes. 

Los manifestantes denunciaron la ausencia de medios de comunicación y de asistencia sanitaria durante la represión que, según algunas fuentes, ya habría provocado 8 muertes en total en una sola  jornada. Antes de que se difundieran los videos de los asesinatos, el ministro de facto de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, había sostenido: “Excepto el uso de gases, pedimos que se evite la agresión”. 

Tras la represión comenzaron a difundirse, a través de las redes sociales, videos y fotos en las que se ve a los uniformados disparar de manera indiscriminada a la altura de la cabeza de los manifestantes. 

“Estaba colaborando con un herido y oí los disparos. El compañero murió en mis manos por un tiro de bala que se alojaba en el corazón. Le pido a médicos, enfermeras, a la Cruz Roja que vengan a ayudar”, imploró un médico voluntario que asistía a las víctimas. 

En Senkata, a 40 kilómetros del centro de La Paz, los manifestantes bloquearon durante varias horas el ingreso a la planta de combustible que abastece a la capital boliviana, finalmente despejada a fuerza de represión. 

“Pido a los militares patriotas y nacionalistas dejar de usar contra nuestros hermanos bolivianos el equipamiento que les dotamos con recursos conseguidos gracias a la lucha del pueblo. Que las FFAA no manchen su honor con la sangre del pueblo por sostener a un gobierno de facto”, exigió Morales tras los acontecimientos. 

Las nuevas víctimas fatales, que podrían llegar a las 8, se suman a las 9 provocadas por la represión ocurrida el viernes pasado en Cochabamba
. 

Luego de que la presidenta de facto, Jeanine Añez, firmara el sábado pasado el decreto
que exculpa a las fuerzas armadas de cualquier responsabilidad durante la represión a las protestas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una visita urgente frente a al “riesgo de impunidad para violaciones de DDHH”.