La causa Qunita se derrumba por el peso de las pericias

Las pericias del Plan Qunita —que el juez Claudio Bonadio se negó a hacer en su momento— dejaron la causa al borde de la extinción dejando al descubierto, una vez más, la industria del armado de causas. Ante esa situación, la pata mediática de la coalición judicial-política alineada con Juntos por el Cambio y con domicilio en Comodoro Py, trata de salvar la ropa del incendio. Sucede que la acusación central, la fundamental, era que hubo “un precio excesivo” y, peor aún, que era nocivo el kit de 42 elementos para criar mejor a bebés de hogares humildes en los seis primeros meses de vida. Como las pericias demostraron que los 7.479 pesos a los que se adjudicó cada kit fue un precio que estaba dentro de lo marcado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y que incluían una ganancia razonable del 18 por ciento, la conclusión tácita es que no hubo un perjuicio para el estado. El expediente quedó moribundo.

Ante el derrumbe de la acusación, el coro mediático entonces sacó de la galera que los proveedores no tenían suficiente capital, algo absolutamente habitual en las licitaciones. Lo objetivo es que entregaron 79.000 kits, o sea que su escaso capital no tuvo ningún peso en la provisión de lo licitado. Además, los proveedores presentan un seguro de caución para garantizar que van a cumplir, de manera que el estado no corre riesgo por el bajo capital que suelen tener los oferentes. A todo esto se agregó que la acusación, encabezada por Graciela Ocaña, presentó un kit alternativo que apenas tenía el 34 por ciento de los elementos requeridos, mientras que el kit adquirido por el Ministerio de Salud en tiempos del gobierno de Cristina Kirchner se terminó distribuyendo, es decir que resultó de enorme beneficio para los bebés y las madres.

La causa Qunita, como la de dólar-futuro, la muerte de Nisman, el Memorándum de Entendimiento con Irán, la persecución a Oil Combustibles, se caen a pedazos. Todas tienen un punto en común: como el objetivo era perseguir opositores, los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini evitaron hacer pericias y pruebas elementas, las más habituales en cualquier causa de la Argentina y del mundo. El escándalo es tan grande que varios fiscales piden medidas sobre las irregularidades cometidas por jueces y camaristas, e incluso vinculan todo con el espionaje macrista.

En ese marco, alguno de los grandes medios trata de evitar lo inevitable, sacando del cajón una pericia contable que trataron de actualizar diciendo que se entregó hace unos días, pero que fue firmada por los profesionales el 26 de junio de 2019 y se incorporó al expediente el 1 de julio de 2019. Es decir que tiene dos años. La maniobra mediática esta vez consiste en asignarle a la causa Qunita un contenido esencial que no tiene: que las empresas que participaron no tenían capacidad económica. Con un obstáculo insalvable, propio de cualquier licitación. La empresa que presenta una oferta y luego es adjudicataria tiene que entregar una garantía, una caución, con lo cual el estado se asegura que cumpla. Y, de hecho, de las cinco empresas que se presentaron, dos se cayeron porque no entregaron la caución. El otro elemento objetivo, es que aún con poco capital, los proveedores cumplieron a grandes rasgos, en cantidad y calidad, con objeciones menores de los peritos en la terminación y pequeñas cantidades no entregadas.

Pero lo fundamental es la respuesta a la acusación central, fundamental: “no se pudo determinar la violación del sistema de control de precios testigos ni un perjuicio para el estado nacional en tanto la única determinación completa de valores establece un valor indicativo de mercado en los mismos rangos que las ofertas adjudicadas”, concluyen las pericias.

A esto se agrega el hecho de mayor trascendencia: el macrismo sostenía que el kit era malo para los bebés. Aunque la cuestión no estaba en el centro de la causa judicial, lo cierto es que los kits terminaron distribuyéndose porque eran efectivos y, además, surgieron de una iniciativa similar en Finlandia destinada a reducir la mortalidad de los recién nacidos. El diseño fue hecho por un joven militante, Santiago Ares, que falleció muy poco tiempo después de puesto en marcha el proyecto. Sucede que una parte de los decesos de bebés se producen por el colecho, o sea de dormir con los padres, lo que termina en ahogamientos. El moisés, con todos los elementos adicionales -chupetes, ropita, libros para las madres, sonajero, crema hidratante- apuntaba a bajar los riesgos de esa mortalidad inicial. Los kits terminaron distribuidos porque así lo decidió el TOF 1 y la fiscal Gabriela Baigún, quien recibió pedidos del cura Paco Olveira, el diputado Martín Doñate y la propia UNICEF. Es más, ronda la idea de impulsar una acusación al Ministerio de Salud en tiempos de Macri por los increíbles gastos de almacenamiento que significó no distribuir los kits.

El expediente está hoy en manos del Tribunal Oral Federal número 1, que encabeza Adrián Grünberg, acompañado por José Michilini y Ricardo Basilico. La fiscal es Gabriela Baigún que insistió en la necesidad de hacer las pericias que no se hicieron en la primera etapa de la investigación.

Por supuesto que el principal objetivo de Bonadio y Ocaña, como en las otras causas, fue la persecución. En este caso contra algunos de los funcionarios que hoy juegan un papel preponderante contra el coronavirus como Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, ministro y viceministro de Salud bonaerenses, y contra Aníbal Fernández, que ni siquiera había asumido como jefe de Gabinete en el momento en el que se firmó la licitación.