La causa por el Correo Argentino cayó en un pantano legal

El sueño de Mauricio Macri de “volver a fojas cero” en el caso del Correo Argentino es hoy casi casi una realidad. No porque, como intentó hacer creer en su momento, la empresa familiar estuviera dispuesta a pagar su millonaria deuda en un justo acuerdo con sus acreedores, sino porque el expediente ahora está en un pantano donde sólo pueden llegar a mover piezas determinantes dos poderosos tribunales: la Cámara Comercial o la Corte Suprema. Aunque también hay que decir que los Macri han logrado algo impensado, que es que se ponga a participar del juego cual paracaidista un tercer tribunal, que es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. La situación antes de comenzar la feria judicial, la misma que ahora que las vacaciones terminan, es simple: la quiebra que después de 20 años decretó la jueza Marta Cirulli fue suspendida por la propia magistrada. Había sido visiblemente presionada en las redes sociales por el expresidente. ¿Acaso no estaba bien lo que había resuelto? ¿Alguien va a revisar eso? ¿Habrá marcha atrás de la marcha atrás? ¿Alguna vez el Correo pagará lo que debe? ¿O podrá seguir así hasta el infinito? Aquí un cuadro de situación y dos expertos que dan algunas pistas para afilar la comprensión, uno de los cuales escribió la Ley de Concursos y Quiebras y el otro fue juez comercial y en 2003 decretó por primera vez la quiebra del Correo.

Un breve repaso: la jueza Cirulli, que interviene en el expediente concursal del Correo desde 2004, decretó la quiebra el 5 de julio último al mostrar que la empresa no había logrado obtener avales de los acreedores para su ofrecimiento de pagar 1000 millones de pesos, una sexta parte de la deuda real estimada. La firma alegaba públicamente que sí tenía las conformidades exigidas, pero Cirulli mostró que las presentadas eran viejas, del año 2007, e incluso como había denunciado hacía tiempo la fiscala Gabriela Boquin, señaló que algunas eran truchas, que estaban concentradas en un grupito de estudios a su vez vinculados al propio directorio del Correo, y que incluso el acreedor privado más grande era un banco austríaco acusado de lavado de activos, el Meinl Bank, que ya no tiene licencia para operar, tiene directivos presos, y había pactado congelar lo que le debían al valor del dólar de 2013, o sea, 6,5 pesos. Era sospechoso que la entidad aceptara algo que sólo le servía al Grupo Macri. La jueza se negó también a decir que el Estado era un “acreedor hostil” por no aceptar el ofrecimiento insignificante del Correo, y remarcaba la insoslayable cuestión del paso del tiempo. En los días previos a la declaración de quiebra, Mauricio Macri difundió una carta y reiteró presiones por las redes a la magistrada y a las camaristas que revisan sus decisiones. Las mentiras del exmandatario –como que todo era para perjudicar a sus hijxs– son sencillas de desarmar, como lo hicimos en Página/12. 

Con la quiebra el Correo, sus pocos bienes y cuentas pasaban a estar bajo la órbita de la justicia; también salían de su control los juicios millonarios que inició contra el Estado  después de que fuera expropiada en 2003 ante la falta de pago de los cánones, entre otras cosas. Esto allanaba el camino, además, para esclarecer las maniobras fraudulentas de vaciamiento denunciadas por Boquin. Se iniciaba otro camino: la posibilidad de extensión de la quiebra a Socma, la principal firma del grupo, donde los hermanos Macri son accionistas, para que ésta afrontara las deudas. Pero cuando el Correo apeló la quiebra,  la propia jueza Cirulli le dio lo a su resolución un “efecto suspensivo”, de modo que todo volvió a ser prácticamente como antes. Las próximas dos decisiones claves estarán en la sala B de la Cámara Comercial y, quizá más todavía, en la Corte Suprema.  

Cámara, Corte…¡Acción!

* La Cámara Comercial tiene que resolver la apelación del Correo, es decir, si respalda o no la declaración de quiebra de la empresa. La Sala B que se ocupa de esta caso está integrada por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. Hay un cargo vacante. Como antecedente, este tribunal llegó a tener 9 años en su poder el expediente. Primero opinará la fiscala de Cámara, Boquin, la misma que en 2017 denunció –y logró frenar– un acuerdo ruinoso y abusivo con Macri de dos dos lados del mostrador que pretendía licuar la deuda. El Correo ya advirtió al apelar que se reserva la posibilidad de recurrir y pedir auxilio, como ya lo hizo, ante le TSJ porteño, es decir, la Corte de la Ciudad de Buenos Aires –dominada por una mayoría de jueces/zas afines a Macri– que pese a no tener competencia en los expedientes concursales ni respecto de la justicia comercial nacional, ya anticipó en resoluciones ligadas a este asunto que considera que puede inmiscuirse en ese terreno tranquilamente. 

Para mostrar el nivel de obsesión que el tema genera en el macrismo, en la audiencia en el Senado para cubrir la vacante que hay precisamente en la sala B de la Cámara Comercial, el senador Julio Martínez intentó hacerle pisar el palito a la candidata a camarista María Guadalupe Vázquez, con posibilidades de ser designada, al hacerle preguntas supuestamente técnicas groseramente alusivas al expediente del Correo, como informó El Destape. Era una forma burda de hacerla opinar para facilitar su recusación algún día. Fue curioso, a nadie le importó preguntar casi nada más, solo eso. Por ejemplo: “¿Qué opina si en un caso un deudor ofrece el cien por ciento del crédito reconocido, si eso puede negarse el acreedor…?”. Es la teoría tramposa de Macri de que ofreció pagar toda la deuda –lo que no es cierto– pero el Estado no quiso aceptar.  

* Quizá más relevante y menos previsible todavía es lo que puede pasar con este tema en la Corte Suprema. Lxs supremxs no tienen que opinar todavía sobre la quiebra sino sobre la gran jugada del Grupo Macri: si puede intervenir en todo este asunto el Tribunal Superior Porteño como máxima instancia, para terminar opinando precisamente sobre la quiebra. El Correo y Socma plantearon esto en distintos recursos a través de los cuales intentaron apartar a Boquin y a la jueza Cirulli. Cuando la Cámara rechazó esos reclamos, llevaron un “recurso de inconstitucionalidad” para abrirse camino ante la corte porteña. Es un recurso que en la justicia nacional comercial no existe y que –sin embargo– el TSJ sí dijo que aceptaba y que estaba dispuesto a tramitar. La decisión fue calificada como “escandalosa” en buena parte del mundo judicial, pero pasó y escaló hasta la Corte. Aunque ya se dijo, vale recordar que quienes votaron a favor del increíble pedido del Correo fueron la presidenta del TSJ Inés Weinberg de Roca, excandidata fallida a la Procuración de Mauricio Macri, Santiago Otamendi, exviceministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, y Marcela de Langhe, nombrada por el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. 

En la Corte Suprema tratan de esquivar asuntos con connotación política en el tramo caliente de la campaña electoral. El del Correo y la competencia del TSJ no estaría previsto para esta primera semana pos feria, pero hay quienes en el tribunal lo miran con atención como un asunto que tampoco debería demorarse tanto. Si Corte llegara a bloquear la participación de la justicia porteña en este asunto, cerrará una compuerta importantísima con la que especulan los Macri. Toda demora es a favor de ellos. 

Voces expertas

“La declaración de quiebra fue correcta porque el Correo no cumplió con ninguno de los requisitos de la ley para que exista un acuerdo preventivo. No consiguió aprobación de su propuesta por la mayoría absoluta de los acreedores que representen las dos terceras partes del capital de los créditos verificados y declarados admisibles. No acompañó la conformidad del acreedor principal que es el Estado ni las conformidades de los acreedores quirografarios (o comunes) a su última propuesta de acuerdo, lo que exige imperativamente la ley. Su jugada riesgosa fue tratar de hacer pasar como actuales conformidades de hace 13 años. El intento porque la jueza declarara al Estado como acreedor hostil, también le salió mal”, explica a Página/12 Daniel Vítolo, autor de la Ley de Quiebras y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Vítolo cuestiona que Cirulli haya dejado el proceso de quiebra en suspenso y apuesta a que ahora “es posible que el Correo busque una nueva audiencia con la Cámara quizá para lograr un acuerdo y/o que refuerce la idea absurda de que esto sea resuelto por el Tribunal Superior de la Ciudad. Si bien no tiene ningún asidero, con eso podrían ganar varios años, más aún si la Corte se demora”. Siempre parece una especulación latente la de patear todo para adelante, por si cambia el gobierno. 

Eduardo Favier Dubois fue juez comercial y decretó la quiebra del Correo en 2003. Aunque ese capítulo suela ser pasado por alto, existió. “Si se hubiera mantenido mi sentencia de aquel entonces, casi no habría juicios del Correo contra el Estado, porque la mayoría los iniciaron después de 2016. En su momento yo decreté directo la quiebra y dije que no tenían derecho a salvataje, porque no había empresa ni actividad ¿Qué era lo que iban a salvar?”, plantea el experto. En aquella oportunidad, la Cámara que actuaba en la feria judicial puso el efecto suspensivo a la quiebra que la jueza Cirulli invocó. La diferencia es que no había habido “salvataje”, es decir, el proceso por el cual otras empresas pueden ofrecer rescatar a la que está concursada. Recién se hizo el año pasado, y fracasó. “Ahora, la quiebra no sólo está bien por la falta de conformidades y las denuncias por irregularidades con las existentes, sino que el Correo hace una oferta firme con una tasa muy baja y otra oferta condicional sujeta a lo que se decida después de sucesivos recursos judiciales. Es decir: no hay monto, no hay fecha, no hay factibilidad ni garantía de que van a pagar. Es una empresa que después de 18 años sigue sin actividad. Es inconcebible lo que que ha pasado”, señala Dubois, quien reclama una norma que limite en el tiempo los concursos y quiebras.