La causa armada, punto por punto

Por Raúl Kollmann

La lectura del expediente sobre las obras viales en Santa Cruz le da toda la razón a Cristina Fernández de Kirchner: una causa armada, un ejemplo de la lawfare, la utilización de la justicia contra los dirigentes populares.

1.- Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre de 2015, pero no nombró director de Vialidad hasta el 15 de enero de 2016. El entonces ex candidato a intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel, furioso anti-K, asumió ese día. El 16 de enero, o sea al día siguiente de asumir, ordenó una auditoría. ¿En los 24 distritos del país? No, en uno solo. Santa Cruz. El objetivo estaba claro: ir contra la ex presidenta.

2.- Una acusación inicial fue que a Santa Cruz se le adjudicaron 81 obras en rutas. Según los fiscales, demasiado, 14.000 millones de pesos, comparado con Córdoba que recibió obras viales por 10.000 millones. Pero eso fue votado en el Congreso Nacional, en la ley de presupuesto: fue una decisión política. Es que Santa Cruz tiene el 10 por ciento de la superficie argentina, con pocos habitantes y tenía un considerable atraso en rutas. Aún así, no recibió una parte desproporcionada: el 11 por ciento de la obra vial nacional.

3.- La Auditoría de Vialidad, realizada por el macrismo con dos ingenieros y un contador, designados los tres por el gobierno entrante, dejó algunas cosas clarísimas. Ni Lázaro Báez ni ningún empresario cobraron obras que no se hayan hecho; las obras estaban bien hechas, incluso mejor de lo que señalaba el pliego. La auditoría sostuvo que la diferencia entre lo pagado y lo hecho fue de 0,1 por ciento, lo habitual en todos los distritos. O sea, aquellas acusaciones que se difundieron por todos los medios de que se pagaron obras que no se hicieron o que hubo obras que no se terminaron, naufragaron en forma total y no son ni siquiera hoy materia de acusación.

4.- La auditoría estableció que las demoras registradas no se debieron a razones atribuibles a las constructoras sino que aparecían caños petroleros o de gas, o cables eléctricos o telefónicos que había que correr y eso llevaba un tiempo. O circunstancias climáticas que impidieron trabajar o terrenos que los municipios no habían expropiado. La auditoría también consignó que es lo que sucede en la mayoría de las obras del país.

5.- Otra imputación neurálgica fue que empresas en las que Lázaro Báez era accionista se adjudicaron 51 de las 81 obras. Esto es algo que se repite en numerosas provincias: empresas que tienen el personal (miles de trabajadores), la maquinaria adecuada y ganan la mayor parte de las licitaciones porque juegan de locales: no tienen que trasladar ni la gente ni las máquinas. Y menos todavía a 1.800 kilómetros, como sucede con Santa Cruz, con trabajos en condiciones climáticas muy difíciles.

6.- Las 51 obras fueron motivo de licitaciones en las que participaron otras empresas –algunas de las más grandes del país– que no radicaron denuncias por irregularidades en esos concursos. No se puede argumentar cartelización porque, justamente, Lázaro Báez era un adversario de la Cámara de la Construcción. Además, el santacruceño casi no ganó ninguna licitación fuera de su provincia y, para colmo, perdió la licitación más importante de Santa Cruz: la de las dos represas Condor Cliff y Barrancosa (Cepernic y Kirchner), la obra más importante financiada por China fuera de China.

7.- A lo largo de tres años, los jueces y fiscales se negaron a hacer una peritaje para evaluar lo único que quedaba pendiente: la existencia o no de sobreprecios. Finalmente el tribunal ordenó un estudio, pero de sólo cinco obras, porque no había capacidad para analizar las 51 obras cuestionadas. Esto ya demuestra la desesperación por condenar, porque alguno de los imputados no tuvieron nada que ver con esas cinco obras y entonces van a resolver si son culpables o inocentes teniendo como parámetro obras en las que no participaron o que ni siquiera se construyeron cuando eran funcionarios. 

Para redondear la jugada, los jueces nombraron como perito oficial al ingeniero Eloy Bona, quien registraba tweets groseros contra CFK. La defensa, a cargo de Alberto Beraldi, recusó al perito, pero el tribunal sostuvo que los tweets no eran suficientes para apartar al profesional.

8.- Aún así, una parte de la pericia se firmó de manera unánime: se dictaminó que no hubo sobreprecios en las redeterminaciones ni en los rediseños de las obras. Se habla de redeterminación cuando hay inflación y el valor de la obra debe actualizarse. Se realiza aplicando un decreto de la época de Eduardo Duhalde, o sea que se aplican índices que tienen que ver con los precios de la construcción. 

Tampoco hubo sobreprecios cuando, por ejemplo, se encontró un obstáculo y hubo que rediseñar el trazado. Esta también era una gran bandera de los denunciadores que hablaban de que se pagaron valores siderales con los cambios. La realidad es que los rediseños y las redeterminaciones fueron mucho menores a las realizadas en las obras del macrismo en estos cuatro años.

9.- Lo que queda como disputa en el juicio es la existencia o no de sobreprecios iniciales de las obras. El argumento debería caerse en sí mismo porque hubo licitaciones y cada empresa podía ofertar. Sin embargo, cuando los tres peritos tenían un acuerdo para firmar de manera unánime, apareció Bona con su propio dictamen sosteniendo que hubo sobreprecios en los pliegos originales. El perito oficial puso sobre la mesa, de manera sorpresiva, la oferta que se hizo por tres tramos de la ruta 3, una vez que le quitaron la obra a las empresas de Lázaro Báez. Los tres tramos fueron adjudicados a CPC, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que ya hostigada por el nuevo gobierno, decidió hacer una oferta fuerte, por debajo del precio de la licitación, para quedarse con la obra. 

Pero lo asombroso fue lo que ocurrió después: CPC tuvo la obra ocho meses y perdió 100 millones de pesos. La consecuencia fue que la abandonó, se la devolvió al Estado. Y está abandonada hasta ahora, deteriorándose. Pese a esos elementos, quieren tomar la oferta de CPC como parámetro. Es otro ingrediente del lawfare. Esta será la polémica central que aún queda.

10.- Desde el punto de vista estrictamente judicial, hay que tener en cuenta que las obras se votaron en el Congreso y luego se licitaron y adjudicaron en Santa Cruz. El control también fue provincial y los certificados de obra, con los cuales se fue cobrando, igualmente tenían firma de los funcionarios santacruceños. El Estado nacional financiaba, pero la ejecución era provincial. Había un control nacional, principalmente a raíz de denuncias o de controversias y en ocasiones por muestreo. 

Todo esto demuestra que un presidente tiene una cantidad enorme de instancias y de firmas que se sitúan entre una obra y sus decisiones. Desde ya toda la estructura provincial, desde los inspectores, secretarios y ministros, hasta el gobernador. Y luego la estructura nacional, también de inspectores, secretarios, ministros y hasta el jefe de Gabinete que es quien ejecuta el presupuesto y redirecciona fondos cuando es necesario. O sea que ningún presidente está en contacto directo con una obra. 

Lo que exhibe la lawfare en esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete fue imputado. El objetivo era la ex presidenta y adjudicarle a la mandataria ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible es condenar a la totalidad de un gobierno.