La Cámara Electoral informó que no puede preguntarle a Victoria Villarruel por sus encuentros con Jorge Videla | Respuesta a una presentación del CECIM La Plata

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que no puede preguntarle a Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, para qué se reunió con el dictador Jorge Rafael Videla.

El jueves pasado, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata hizo una presentación ante el tribunal que preside el juez Alberto Dalla Via para que le requiera precisiones a Villarruel sobre sus encuentros con Videla, que trascendieron a partir de un posteo del mayor retirado Pedro Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando. Mercado contó que Villarruel organizaba visitas a la casa del dictador mientras se encontraba en prisión domiciliaria, y que había sido a través de la actual diputada que él había conocido al genocida.

“A 40 años de recuperada la democracia, debemos poner de resalto la inestimable importancia de conocer qué piensan aquellas personas que aspiran conducir las riendas de nuestro país. Máxime, si existen indicios vehementes y autosuficientes de que, en este caso, una candidata parecería comulgar con idearios que contrastan en pleno con los principios y valores democráticos que supimos construir”, le había planteado el CECIM a la Cámara Electoral.

Sin embargo, Dalla Vía le contestó al organismo que no había nada por hacer. “La medida solicitada no encuentra sustento en las atribuciones que la legislación asigna al tribunal al determinar las competencias de la justicia nacional electoral”, respondió la CNE. 

“Sin perjuicio del activo rol que la Cámara desempeña para facilitar el ejercicio de un voto informado por parte del cuerpo electoral, no existe vía para dar curso legal a la presentación“, insistieron desde el tribunal en la nota a la que accedió Página/12.

Villarruel dice que las visitas a Videla y a otros genocidas estaban motivadas por una investigación que estaba haciendo para un libro. Es la misma obra que Cecilia Pando denuncia que no fue escrita por la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA) sino por Alberto Eduardo González, un represor condenado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA –incluidos delitos sexuales–.