La Cámara de Casación rechazó detener a un acusado que aprieta testigos 

A cinco días del 45ª aniversario del golpe de Estado, la Cámara Federal de Casación Penal emitió un preocupante mensaje a los actores de los procesos de lesa humanidad al convalidar la libertad de un imputado que llamó por teléfono a una testigo luego de que fuera citada a declarar. El episodio lo protagonizó Juan Carlos Curzio, que es juzgado en Bahía Blanca por los asesinatos de la Triple A en 1974 y 1975. El fiscal Pablo Fermento pidió su detención por considerar que el llamado no tenía otro fin que la intimidación pero el Tribunal Oral Federal la rechazó y sólo le impuso al acusado la prohibición de volver a contactarse con testigos. Ante la apelación, los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques convalidaron esa decisión. En disidencia votó Alejandro Slokar, quien destacó “los peligros de revictimización de los testigos-víctimas y el riesgo de impunidad que podría generar la omisión de una respuesta jurisdiccional efectiva”.

En los años ’70 y el ’80, “El Loco” Curzio, como se lo apodaba, fue un conocido piloto de speedway en Bahía Blanca. Petiso, narigón, dientes de rata, su imagen era habitual en las páginas de La Nueva Provincia. Menos notoria era su faena como miembro de la banda parapolicial que comandaba el ex diputado Rodolfo Ponce, responsable de una veintena de asesinatos antes del golpe. Contratado en la Junta Nacional de Granos y luego como personal de “seguridad y vigilancia” en la Universidad Nacional del Sur por su interventor Remus Tetu, Curzio es recordado al volante de “La Fiambrera”, un Fiat 125 en el que la patota se paseaba impune asomando las armas largas que les facilitaba el Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, y también de un Dodge Polara que usaba la banda. Llegó a juicio acusado por integrar esa asociación ilícita y sigue las audiencias por videoconferencia desde su casa.

A fines de julio, cuando se trataba el caso de Alberto Pojomovsky, un comerciante y militante del Partido Comunista asesinado en 1975, una testigo contó que tras ser citada a declarar recibió un llamado de alguien que se presentó por su nombre de pila y, ante su insistencia, le dijo que la conocía de su cantina en Ingeniero White. Cuando se dio cuenta de que era Curzio, lo increpó por sus delitos, escuchó un breve descargo de que lo habían involucrado “por dinero” y cortó la comunicación. El episodio motivó el pedido de detención por parte del fiscal Fermento, quien destacó que el propósito de Curzio no era otro que intimidarla y condicionar su testimonio. Recordó que el miedo ya había originado el desistimiento de otros testigos e invitó a los jueces a preguntarse por el mensaje que debían transmitir a quienes declaran sabiendo que los acusados están libres. Al pedido del fiscal adhirió la abogada Mónica Fernández Avello en representación de Hijos-Bahía Blanca.

El tribunal que integran Roberto Amábile, Marcos Aguerrio y Pablo Díaz Lacava rechazó el pedido invocando “la gravedad de la enfermedad de Curzio frente al coronavirus”, el tiempo que estuvo con preventiva y la pena prevista para el delito que se le atribuye, y le prohibió contactarse con testigos bajo advertencia de que de hacerlo lo trasladarán a un penal. Esa es la decisión que ratificaron ahora Yacobucci y Mahiques. En disidencia, Slokar votó por hacer lugar al pedido, advirtió sobre el riesgo de “un gravamen de imposible reparación ulterior derivado de ‘las posibilidades ciertas de que Juan Carlos Curzio frustre o perjudique la prosecución del proceso”. “A más de cuatro décadas el padecimiento humano por efecto de la violencia y la impunidad sufridos, en razón de los atroces delitos perpetrados por el terrorismo estatal del último régimen de facto, obliga primariamente a atender a los damnificados y procurar la reparación a aquellos auténticos sostenes de la verdad y la justicia”, remarcó.