La Cámara Nacional de Casación Penal solicitó “a las autoridades competentes la adopción con carácter de urgente y en forma conjunta un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus COVID-19 para resguardar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún grupo de riesgo. Además, encomedó a los jueces penales que le den un trámite urgente a las presentaciones de detenidos que cuya salud esté deteriorada.
Los camaristas entendieron que las disposiciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre lavado de manos, no compartir utensilios y ventilar los pabellones son insuficientes, teniendo en cuenta que en las cárceles hay superpoblación y hacinamiento de internos con récords históricos. La Procuración Penitenciaria viene advirtiendo hace años, sin ser escuchada, que esa situación vulnera derechos, y ante la expansión del Coronavirus la inminente vulneración del derecho a la salud encendió alarmas. Según las últimas cifras, hay la cantidad de internos duplica la capacidad de alojamiento. La Procuración explicó que las razones de la sobrepoblación son la baja aplicación de medidas alternativas a la cárcel, la presión de la opinión pública, la reducida aplicación de libertades anticipadas y el uso sistemático de las prisiones preventivas. En el ámbito federal, más de la mitad de los presos no tienen sentencia.
Los camaristas Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Carlos Mahiques, Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo remarcaron: “Sin perjuicio de las recomendaciones establecidas en atención a la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus 2019, constituye preocupación de este tribunal la situación de personas privadas de la libertad, en razón de las particulares características de propagación y contagio, conforme las advertencias efectuadas por la Organización Mundial de la Salud y las actuales condiciones de detención en el contexto de emergencia penitenciaria formalmente declarada”.
En la acordada emitida hoy, los jueces de Casación agregaron que “esto permite inferir las consecuencias sobre aquellas personas que, además, deban ser consideradas dentro de un grupo de riesgo, de acuerdo a las indicaciones de aquellos organismos y del Ministerio de Salud de la Nación”. Por esta razón pidieron el protocolo específico, “a fin de resguardar adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, por tratarse de una específica situación de vulnerabilidad”. Los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi se pronunciaron en disidencia con sus colegas, en el entendimiento de que “el Señor Presidente dispuso medidas suficientemente abarcativas de diversa índole para enfrentar la contención del Coronavirus, que deben tener efecto en todos los órganos del Estado”.
La Cámara de Casación había emitido otra acordada para sugerir que se evite el traslado de presos, en la medida de lo posible, y se priorice el uso de la tecnología, como las videoconferencias, para los actos procesales. Por su parte, el camarista de Casación Gustavo Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, consultó a la ministra de Justicia Marcela Losardo “si existe en la actualidad un plan de prevención en el medio carcelario contra la situación epidemiológica del coronavirus” y le solicitó que “de existir, se lo ponga en práctica a la brevedad”.
En tanto, en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron restringidas las visitas que tuvieran alguno de los síntomas de esta enfermedad o hayan viajado a las zonas “con transmisión local de Coronavirus”. No escapa a las autoridades, tanto nacionales como provinciales, el antecedente de las cárceles en Italia donde la restricción de las visitas derivó en motines en 27 unidades. Uno de ellos ocurrió en la ciudad de Módena y provocó seis muertos. Esta limitación de ingreso a los penales vale también para personal del SPB, del Poder Judicial o consular.
El procurador Julio Conte Grand , jefe de los fiscales bonaerenses, podría indicar en breve a defensores generales y fiscales generales que soliciten arrestos domiciliarios para los mayores de 65 años, si cada caso lo permite desde el punto de vista procesal. Los presos de esa franja etaria son el 1,25 por ciento del total de la población carcelaria en territorio bonaerense.
En tanto, los detenidos por crímenes de lesa humanidad en el ámbito federal podrían verse beneficiados por esta emergencia sanitaria. El otorgamiento del arresto domiciliario para los represores sigue siendo cuestionado por los organismos de derechos humanos. Entre los presos comunes hay casi 2 mil enfermos graves y con enfermedades terminales que jamás accedieron a la prisión en domicilio.
Por su parte, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura recordó al Estado su condición de “garante” de la situación de los detenidos ante el coronavirus y recomendó a los jueces resolver “con la mayor celeridad posible las solicitudes de arresto domiciliario para la población de riesgo”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/252838-la-camara-de-casacion-busca-proteger-el-derecho-a-la-salud-d
