“A 20 años estamos convencidos de que tenemos que seguir cubriendo todos los lugares, en estos días en forma más intensa, porque seguimos luchando por justicia y por los autores intelectuales, la clase política que tuvo la responsabilidad en ese momento del asesinato de Darío y Maxi, siguen impunes”. Alberto Santillán tiene una voz grave, acorde a su corpulenta figura, mira fijo y habla con Página12. Del mismo modo, sin ambajes, se expresó durante la audiencia pública en el Congreso convocada por les diputades del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) a poco de cumplirse dos décadas de la masacre de Avellaneda, la represión a los grupos piqueteros el 26 de junio de 2002 donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y que terminó en forma abrupta con el interinato de Eduardo Duhalde y con sus aspiraciones presidenciales. “Tiene que haber alguna vez un político preso para que dejen de matarnos, y dejemos de poner nosotros, el pueblo, los muertos”, dijo Santillán, y afirmó que su hijo se consideraba “parte de la sangre de los compañeros detenidos desaparecidos”.
La lucha por conseguir que se castigue a los culpables, materiales y políticos nunca cesó. Solo fueron condenados quienes ejecutaron a los dos jóvenes referentes del movimiento de desocupados. Los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua. Ante el pedido de su defensa para que le morigeren la pena, en abril de este año, los familiares acompañados por organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, publicaron una Carta Abierta en la que repudiaron la posibilidad de que los expolicías sean beneficiados con la libertad condicional.
“Traemos nuestra denuncia permanente de las complicidades políticas y judiciales. Sabemos que la clase política en estos largos años no ha colaborado salvo pocas excepciones, todos los gobiernos que pasaron han encubierto; Felipe Solá fue uno de los principales ideólogos de la masacre de Avellaneda, junto a Aníbal Fernández, ambos exfuncionarios y funcionarios de este gobierno. Decimos lo que sentimos con nombre y apellido acá en el Congreso, como papá de Darío ojalá tuviera una respuesta positiva a las responsabilidades políticas. Vamos a seguir golpeando hasta que se abra una hendija para que tengamos una justicia plena, por amor a mi hijo”, sintetizó Santillán.
“Vengo acá porque soy el orgulloso padre de Darío, que tenía 21 años cuando lo asesinaron, tenía muchos sueños y un proyecto. Dejó la casa calentita y cómoda para estar con los nadies, los que más necesitan, se fue a vivir ahí donde hay carencias, donde no hay agua potable, encontró su lugar en el mundo y fue un hombre libre. Darío y Maxi viven en todas las luchas”, expresó emocionado, al hablar en Diputados.
“Como todo crimen de Estado participaron distintos estamentos del Estado capitalista, después necesitó de la justicia para ampararlo y de un discurso legitimante que con preocupación vemos que reaparece”, dijo Bregman. “La impunidad fue acompañada de un reciclaje de los personajes políticos que los seguimos viendo en el poder, esto hace enorme la lucha de familiares y amigos de Darío y Maxi, en un país sometido a las políticas del Fondo Monetario Internacional, el ejemplo solidario de ellos se agiganta”.
A su turno, Orlando Agüero, del Frente Popular Darío Santillán, quien era compañero de Maxi y Darío, y Paula Alvarado –abogada de la causa– se refirieron a los muchos obstáculos que hubo que sortear en todos estos años, así como las maniobras de los asesinos para intentar evitar las condenas. También tomó la palabra Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, que recordó las movilizaciones de los desocupados de aquellos primeros años del siglo XX. “Los esperamos en las jornadas del 25 y 26 de junio en la estación hoy denominada Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, donde a pura lucha borramos a uno de los próceres del siglo XIX que formatearon esta Constitución neoliberal que no protege al pueblo”, dijo Agüero.
Participaron de la audiencia miembros de organizaciones de derechos humanos de activa pelea por la causa de la masacre de Avellaneda: María Del Carmen Verdú (Correpi), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), María Laura Bretal (sobreviviente de la dictadura), Marta Ungaro (hermana de Horacio, desaparecido), Susana Rearte y Carlos Loza (Encuentro Cachito Fukman). Raúl Godoy (Zanon), Jorge Medina (Madygraf), les abogades Luz Santos Morón, Sofía Carabelos y Matías Aufieri, Celina Rodríguez (militante feminista del FPDS), Mario Santucho (revista Crisis), el documentalista Patricio Escobar, y Marcial Bareiro (herido del 26 de junio), César Arakaki (diciembre 2017), además de mensajes que enviaron Cristina Castro y Adolfo Pérez Esquivel.
Otros referentes del Frente de Izquierda tomaron la palabra para denunciar la continuidad política de muchos de los responsables políticos de esos crímenes. Fueron Celeste Fierro (MST), Néstor Pitrola y Guillermo Kane (PO) y Juan Carlos Giordano (IS). El cierre fue de Nicolás del Caño, quien recordó que hace 20 años “Duhalde tuvo que irse por el repudio masivo ante el crimen de Darío y de Maxi”.
No pasarán
Por otra parte, hoy declaran en los tribunales de Comodoro Py los realizadores del documental Diciembre, Alejandro Bercovich y Patricio Escobar, en el que le hicieron una entrevista al exgobernador Eduardo Duhalde, donde reconoce que él dio la orden para que el 26 de junio de 2002 los piqueteros no pasaran a Capital ni cortaran el Puente Pueyrredón. El crudo del reportaje fue presentado como prueba en el juzgado y la fiscalía federal que investiga las presuntas responsabilidades políticas de la masacre, con la idea de sustentar una hipotética llamada a indagatoria del exmandatario.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/429091-kosteki-y-santillan-un-crimen-de-estado-y-un-discurso-legiti
