Juicio por la obra pública en Santa Cruz: Alberto Fernández y Sergio Massa declararán como testigos 

El presidente Alberto Fernández será uno de los próximos testigos en el juicio sobre la obra pública en Santa Cruz, una de las causas con las que más intensamente se buscó atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) anunció que en la próxima tanda de citaciones estarán los exjefes de Gabinete, por lo que la lista también incluye al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, a Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Otro de los convocados será Carlos Zannini, por su papel de exsecretario legal y técnico. Serán declaraciones de gran relevancia: el objetivo es que expliquen cómo se asigna el presupuesto para la obra pública, cómo se ejecuta y cómo se definen las reasignaciones. Es probable que quede claro que el presupuesto no era algo que definiera la entonces presidenta, que quedaba en un papel más acotado ya que se hace a través del Congreso en función de un diseño en el que intervienen múltiples reparticiones, mientras que la ejecución es de la Jefatura de Gabinete.

Las testimoniales de los ex jefes de Gabinete serán parte de una tanda de testigos propuestos por las defensas de los acusados, en este caso CFK y el empresario Lázaro Báez. Todavía no tienen fecha exacta, pero lo más probable es que deban presentarse después de la feria judicial de invierno. Tendrán, inevitablemente, un alto voltaje político y podrían implicar un respaldo a la vicepresidenta frente a una acusación que, de todos modos, se viene resquebrajando incluso con los relatos de los testigos presentados por la fiscalía. Cuando prestó declaración indagatoria, el 2 de diciembre de 2019, CFK señaló que “el que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la Nación. Si es así van a tener que citar al Presidente, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008”. El juicio, que comenzó hace dos años, tenía previstos al comienzo 160 testigos, de los cuales declararon la mitad.  

El eje de la acusación supone que en Santa Cruz se montaron más obras de las que se debieron haber hecho y que hubo una preferencia por otorgarle la concesión a Báez, aunque las licitaciones fueron públicas y no fueron impugnadas. Se señalan 51 obras de 83 en toda la provincia en manos de ese empresario, que en este caso era local ya que tenía todas sus instalaciones allí. Lo curioso es que para comenzar y sostener el juicio se peritaron solamente tres, que son tres tramos de la Ruta 3. El resto de las medidas de prueba fueron rechazadas por el tribunal. Es más, fue la discusión inaugural del juicio que comenzó sin ningún peritaje realizado, la Corte Suprema amagó con intervenir pero se echó atrás. El material de base fue un informe de la Dirección de Vialidad que dirigía Javier Iguacel, quien apenas asumió ordenó una auditoría exclusivamente sobre obras santacruceñas, y también planteó el supuesto pago de obras no realizadas y de sobreprecios. 

La gran paradoja del peritaje de auditoría interna que hizo Vialidad en 2016 fue que concluyó no encontró “deficiencias constructivas de relevancia como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse”. El tribunal encomendó un estudio al perito Eloy Bona, que había sido cuestionado porque tuiteaba contra CFK. Basó su estudio en publicaciones de la revista El Constructor que usa valores de referencia de materiales y procesos de obra en Buenos Aires, que no tienen relación con los de Santa Cruz. La acusación además sostiene que las obras tardaban más de lo debido como maniobra para que Báez lograra redeterminaciones de precios que, sin embargo, se calculaban según el índice de precios del Indec, y en teoría los contratistas perdían, no ganaban. 

Por declaraciones incluso de los técnicos de Vialidad y otros funcionarios de la gestión macrista que hubo ya en el juicio quedó a la vista que: 

* La discrepancia en los pagos de obras según la certificación fue del 0,006 por ciento y “las obras se hicieron a valores normales e incluso parte por debajo de los valores que se utilizaron en otras jurisdicciones”, en palabras del ingeniero Justo Pastor Romero, que participó del a auditoría de Iguacel. 

* Los atrasos de obras quedó claro que son similares en todo el país.

* No parece haber existido maniobra para beneficiar a Santa Cruz con obras que se votaron en el Congreso con fondos establecidos por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes. 

* Que Báez ganara 51 de 81 licitaciones no era algo inusual en comparación con otros distritos, donde las empresas locales resultan privilegiadas por tener la maquinaria y le personal en la zona. 

* Las redeterminaciones de precios no se calculan con el valor real de lo que cuestan, por ejemplo, el cemento u otros materiales, sino el índice oficial de precios, lo que no da ganancias extra para las constructoras. 

Todo este desmoronamiento de la causa explica también el gran interés que rondó a otro juicio, el llamado “Ruta del dinero K”, donde Báez fue condenado por lavado. Allí dos jueces del tribunal se empeñaron en decir que la obra pública era el delito precedente de esas maniobras, pese a que el juicio sobre ese asunto no está terminado y tiene para rato, como forma de –quizá– condicionar una futura sentencia en un caso donde la acusación está debilitada y CFK apenas fue mencionada en las audiencias.