La Comisión de Juicio Político se prepara para abrir un nuevo frente de batalla durante la semana próxima: pedirá cruces de llamadas para avanzar en el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema. La presentación se hará ante los tribunales para evitar choques con la oposición de Juntos por el Cambio que, en su defensa de los supremos, oscila entre abandonar la Comisión o marcar presencia y reclamar la intervención de un juez.
Las comunicaciones que rodean a la Corte vienen teniendo un lugar central en la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard. Hasta ahora, lo que viene dominando el debate es la filtración de los chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el hombre de confianza del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Los mensajes entre los dos se conocieron a finales de diciembre y terminaron obligando a D’Alessandro a pedir licencia en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.
El Frente de Todos propuso como medidas de prueba cruzar todas las comunicaciones de interés para la investigación, entre las que se encuentran las de los cuatro miembros del máximo tribunal –Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti–. En una ampliación que presentó a mediados de mes el diputado Rodolfo Tailhade se habló específicamente de las llamadas entre Robles y D’Alessandro.
Dos protagonistas de la mesa judicial macrista también están incorporados en ese pedido: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón –el asesor de Mauricio Macri que está prófugo en Uruguay– y José Torello, jefe de asesores del expresidente. La inclusión de “Pepín” y Torello, que solían compartir oficina en la Casa Rosada, está centrada en uno de los hechos que investiga la Comisión de Juicio Político: el 2×1 a los genocidas. La hipótesis parecería apuntar a que fueron “Pepín” y Torello quienes motorizaron el fallo que benefició al represor Luis Muiña y les abrió la puerta a una libertad anticipada al resto de los represores que actuaron durante los años del terrorismo de Estado.
“Pepín” fue un jugador de peso ante la Corte Suprema durante la era Cambiemos. Fue él quien le sugirió a Macri el mecanismo del nombramiento en comisión para saltar la aprobación del Senado, pero debió retroceder ante el escozor que generó en buenas porciones del arco político, incluidos sectores del mismo Cambiemos. En la causa en la que se investigaron los aprietes a los dueños del Grupo Indalo –propietario del canal C5N, entre otros–, la jueza María Servini reconstruyó una serie de llamadas entre Rosatti, Rosenkrantz y “Pepín”. Rosenkrantz incluso debió declarar como testigo para explicar por qué hablaba tanto con Rodríguez Simón. En un expediente surgió que los espías conocidos como Súper Mario Bros también registraron un encuentro entre Pepín y el cortesano.
Los cruces de llamadas deberán ser hechos por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), más conocida como la “oficina de escuchas”, aunque no se trata de escuchas sino de ver cuándo se comunicaron y con qué interlocutores interactuaron antes y después. La DaJuDeCO funciona bajo la órbita de la Corte Suprema desde que asumió Macri, que se la sacó por decreto a la Procuración para ir vaciando de poder a Alejandra Gils Carbó.
El Frente de Todos planteó inicialmente que la Comisión podía pedirle por oficio a la DAJuDeCO que hiciera los cruces de llamadas porque hay un convenio de cooperación que data de la época del macrismo. La Coalición Cívica (CC) lo objetó y dijo que era necesaria la intervención de un juez. En la última sesión, la CC presentó un escrito ante la presidencia de la Cámara denunciando lo que consideraban como una serie de irregularidades, pero el Frente de Todos anunció que pedirían autorización judicial para tener los cruces de llamadas.
La discusión ahora será si corresponde que intervenga el fuero contencioso administrativo federal o el fuero penal federal –léase Comodoro Py–. Es probable que los oficios salgan en los primeros días de la semana pero aún no anticipan en el Frente de Todos en qué tribunales pedirán la autorización para los cruces de teléfonos.
“Debería intervenir la justicia criminal y correccional federal y se debería sortear el juez”, dice el diputado de la CC Juan Manuel López, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político. “Un juicio político es asimilable a un proceso penal y se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal”, agrega López para sustentar su posición.
En el pasado, comisiones investigadoras –como la del atentado a la AMIA o la del lavado de dinero– pidieron medidas de prueba a la justicia penal, pero eso sucedió porque había investigaciones penales en curso. En este caso, al menos, no hay una causa penal que contemple todos los temas que investiga la Comisión, que van desde los fallos a favor de los genocidas, la Coparticipación de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura hasta los mensajes de Telegram entre el vocero de Rosatti y el ministro de Larreta.
Es claro que la pelea por los cruces telefónicos todavía no arrancó. A los debates sobre qué tribunales deberán intervenir se le sumará que posteriormente vendrá la oposición de quienes estén incluidos en los pedidos para hacer los entrecruzamientos. Es probable que en una primera tanda estén los supremos o Robles y D’Alessandro. Habrá que ver si “Pepín” y Torello también son incluidos en los pedidos.
Ni en Contencioso Administrativo ni en Comodoro Py habrá demasiados magistrados entusiasmados por la posibilidad de habilitar que se investigue a sus superiores. Comodoro Py ya dio pruebas de su premura a la hora de archivar la causa por los chats entre Robles y D’Alessandro. Con la inestimable ayuda del fiscal Carlos Stornelli, el juez federal Sebastián Ramos archivó la cuestión en 24 horas. Lo hizo durante la feria judicial, donde únicamente se tratan cuestiones urgentes y particularmente causas en las que hay personas detenidas.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/526554-juicio-politico-a-la-corte-los-cruces-telefonicos-y-la-pelea
