Juicio político a la Corte: Citan al juez Juan Carlos Maqueda | Por las sospechas sobre su desempeño como supervisor de la Obra Social Judicial

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el proceso de remoción de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con la presencia de testigos y
damnificados, la audiencia volvió a centrarse en el análisis de las irregularidades halladas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Al término de la jornada, la Comisión le encomendó a la
presidencia de la Cámara de Diputados que “se cite inmediatamente” al juez Maqueda por el supuesto mal desempeño en sus funciones de
supervisor de la OSPJN.

Los diputados oficialistas que conforman la mayoría en el cuerpo presidido por Carolina Gaillard formularon las imputaciones por mal desempeño y posible comisión de delitos y llamaron al juez Maqueda para que responda sobre los millonarios desmanejos en la administración de la OSPJN. No se precisó una fecha de convocatoria y se presume que el juez del máximo tribunal podría responder por escrito.

A través de un informe preliminar dirigido a la presidencia de la Cámara baja, que leyó la diputada Vanesa Siley en la Sala 1 del anexo, los legisladores del Frente de Todos pidieron que se convoque al ministro de la Corte “en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político”.

Los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, ya se encuentran ampliamente fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando y consolidando en las audiencias. Las imputaciones señalan a Maqueda por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial”.

El testimonio clave fue el del ex administrador general de la Corte Héctor Marchi, quien reveló que durante la gestión de Aldo Tonón como director de la Obra Social -designado por Maqueda- no había control de stock de medicamentos; no se presentaban balances contables; el sistema informático era obsoleto y vulnerable; habían demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos; había vacancias de cargos clave; la compra de medicamentos y prótesis se hacía en forma directa y no por licitación; y se registraban pérdidas millonarias por no invertir el dinero remanente en plazos fijos.

El lobby opositor

La convocatoria a Maqueda fue objetada desde la oposición. Primero, desde Juntos por el Cambio argumentaron que “no correspondía” citar al juez porque había prueba que aún no había podido ser compulsada. “Para alegar en cualquier juicio se necesita un tiempo prudente para
con la prueba ya producida y evaluada podamos sacar conclusiones.
Cuando uno cita a un ministro para hacer un descargo es porque el
proceso ya está concluyendo. Es una irregularidad votar esto de esta
manera”, protestó el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Vanesa Siley le aclaró a López que no se trataba de un “alegato” suyo ni de un “descargo” para Maqueda, sino de una facultad prevista en el artículo 13 para darle al acusado la posibilidad voluntaria de intervenir en esta instancia, y explicó que el “derecho de defensa” recién lo ejercería en el Senado. “No se cierra la etapa porque se cierra con el dictamen. Incluso se puede seguir produciendo prueba. Por favor, no traspolemos figuras del procedimiento penal que acá no corresponden”, reclamó la diputada del FdT.

Luego, los legisladores de JxC cambiaron de argumento y cuestionaron el “oportunismo” político de votar la citación en un momento de definiciones electorales. También sostuvieron que no se había avisado a los miembros opositores con antelación sobre la iniciativa. Paula Oliveto Lago, de la CC, fue una de las legisladoras que se expresó en ese sentido. El oficialista Leopoldo Moreau respondió que el FdT no está dispuesto “a paralizar la comisión” por la proximidad de las elecciones: “Francamente creemos que no solo hay razones suficientes para sustentar este juicio político sino que en este caso específico de la Obra Social se han revelado hechos de una enorme gravedad”.

Después del debate, los 16 votos del FdT, sobre 31 miembros de la comisión, dieron por aprobada la convocatoria para Maqueda.

Los testigos

La jornada había comenzado con los testigos citados en relación con  la OSPJN. Gaillard, presidenta de la comisión, informó que con los testimonios del día concluía “la etapa sumarial de una de las causas que se investiga en esta comisión: las irregularidades en la OSPJN”. Ya la próxima reunión -sería el jueves 15- se dedicará a analizar el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito en 2016.

Ausente la exdirectora de la Obra Social Marta Herrera Alem, quien pidió reprogramar su declaración, la primera testigo del día fue la secretaria letrada de la vocalía de Rosatti, Isabel López Alducin. La funcionaria dijo que no tener conocimiento “de cuestiones sobre superintendencia y administrativa, los expedientes de la obra social vienen por otra línea que no es la que yo trabajo”. Ante una consulta del diputado Leopoldo Moreau, López Alducin confirmó que Maqueda “tenía el primer voto en temas de salud y obra social y en los temas laborales”, y precisó que cuando debe enviar un proyecto lo hacía “al correo de Silvio Robles o Natalia Monayer porque no tengo el correo de Rosatti”.

Luego, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Maqueda, señaló: “A mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba; era una simple ayuda”. En su exposición, se refirió al caso de la jueza Martina Forns sobre la situación que pasó en la pandemia con su marido, y dijo que su misión fue “el reenvío de su pedido a la obra social para cerciorarme que la comunicación que aparentemente estaba trabada pudiera ser allanada”.

Villarruel agregó que “las personas que llegaron a mí para consultar por una cuestión con la obra social las puedo contar con los dedos de la mano”, incluido “el caso de Forns, siempre mi intervención se limitaba a ver si la obra social había recibido ese pedido para que le dieran el curso que correspondía”.

La exdirectora de la Obra Social Claudia Madies, en tanto, dijo que “era la primera vez que intervenía un directorio colegiado en la OSPJN y el estatuto planteaba modernizarla en las instancias prestacionales, de atención y de afiliación pero el Dr. Tonón imposibilitaba avanzar con medidas de gestión”. Tonón ya declaró ante la comisión y evitó dar precisiones sobre su gestión “para no autoincriminarse”, debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra.