Jueces nombrados a dedo: La Corte Suprema estira la definición

La Corte Suprema mantiene el suspenso sobre la situación de los jueces trasladados a Comodoro Py por el gobierno de Mauricio Macri, cuya definición podría tener implicancias sobre otras designaciones y en el concurso para las vacantes en la estratégica Cámara Federal porteña. Este jueves cumplirá un mes la decisión del tribunal de abrir el per saltum solicitado por los magistrados, cuyo recurso de origen incluso había sido presentado otros treinta días antes de eso. Los supremos y la jueza suprema tuvieron su acuerdo habitual de los martes, que ahora se hace por Zoom, pero no definieron la sentencia sobre el tema. Ese encuentro fue puesto bajo la lupa en las últimas semanas por los medios más afines a la oposición, que alientan que los nombramientos sin acuerdo del Senado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli sean confirmados, contra la decisión del Senado, del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Casación que había tenido como punto de partida el rechazo del Consejo de la Magistratura. En los despachos cortesanos dicen que no tienen apuro, que un fallo puede firmarse cualquier día y que intentan consensuar la mayor cantidad de posturas posibles. En el mundo de la política, muchos daban por hecho que el 27 de octubre, a diez años de la muerte de Néstor Kirchner, no era un buen día para la sentencia. 

Pese a que las licencias extraordinarias de los jueces B-B-C están vencidas, en la Corte dicen que no es un dato de gran relevancia. No creen que ninguno de ellos se lance a volver a los lugares que el Senado consideró que no ocupaban legítimamente: Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña y Castelli en el Tribunal Oral Federal 7. De todos modos es un dato que sugiere que mucho más tampoco se demoraría la decisión, más aún tratándose de un recurso que salteó instancias por una supuesta gravedad institucional. 

El acuerdo semanal se hizo en la mañana del martes pero fue breve. No es un ámbito que los supremos usen para debatir en profundidad sobre los detalles del fallo en ciernes. Nadie presentó oficialmente un voto y todo parece seguir el mismo rumbo que en los últimos días: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti intentan consensuar una postura común; Elena Highton de Nolasco no da muchas pistas; Carlos Rosenkrantz fue quien hasta ahora blanqueó su posición favorable a las designaciones por traslado del trío de jueces atornillados y el encargado de forzar su tratamiento.   

La ansiedad de Ronsenkrantz tiene su correlato en algunos medios que insisten en versiones favorables a B-B-C y que hasta anunciaron la existencia de un acuerdo, la semana pasada, que nunca había ocurrido, así como en manifestaciones con supuestas consignas “republicanas”. El resto del tribunal, ante la presión del presidente supremo, optó por una deliberación parsimoniosa, no habitual en este tipo de recursos ni coherente con el apuro incial que le imprimeron a la Procuración para que dictamine y al Consejo de la Magistratura –el organismo demandado– para que se defienda. 

En el Consejo de la Magistratura, como informó este diario, analizan desde hace varios días los posibles escenarios de acuerdo a distintas hipótesis de fallos. Es tema de preocupación porque no se descarta que la decisión impacte sobre otros siete jueces/zas nombrados por traslado, que fueron a audiencia pública en el Senado para obtener acuerdo (los B-B-C se ausentaron) y sobre el concurso para la Cámara Federal, un tribunal que hoy tiene cuatro vacantes, si se cuentan las de Bruglia y Bertuzzi. El concurso para las dos anteriores está avanzado y se podría extender el orden de mérito a otros concursantes. Pero habrá que ver qué decide la Corte y si toma como base las acordadas 4 y 7 del año 2018, cuando el trío B-B-C fue trasladado, que señalaba la intervención obligada del Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado. Esas acordadas fueron firmadas por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda. 

Las tres alternativas básicas para un fallo, aunque podría haber variados matices, son: la consideración de que los traslados son definitivos y no pueden ser revisados; o que no son definitivos y los demandantes deben volver ya mismo a sus cargos de origen; o que no son definitivos pero se deben terminar de sustanciar los concursos, con lo cual los jueces cuesitonados podrían permanecer hasta que terminen.