Individualismo y meritocracia en las políticas macristas

El Ministerio de Educación publicó en su página de Facebook la foto de un chico de seis años, de la provincia de Misiones, que debía caminar tres kilómetros y atravesar dos arroyos para ir a la escuela. El posteo, fechado en agosto pasado, presentó la situación como ejemplar, subrayando méritos del niño (“un pequeño héroe sin capa”) donde había ausencia del Estado, incumplimientos del propio Gobierno. La antropóloga social Estela Grassi recuerda aquel acto de honestidad brutal del macrismo en el libro Tramas de la desigualdad, una investigación que indaga sobre la producción sociopolítica de los conceptos de autovalía y legítima dependencia, en tanto derecho a recibir la protección del Estado. La investigación —realizada por dos equipos del Instituto Gino Germani (UBA) y la Universidad de General Sarmiento, dirigidos por Grassi y por la socióloga Susana Hintze— analiza de qué modo operan la ideología neoliberal y sus argumentos sobre el merecimiento, que atraviesan todas las políticas macristas vinculadas a la protección social, desde los criterios jubilatorios a los planes de empleo.

-¿Por qué parten de los conceptos de autovalía y dependencia? ¿Qué significan?

– Nos interesó subrayar que la autovalía, lo que socialmente se entiende como “vivir del propio trabajo”, se da siempre en una interdependencia; sin embargo, las condiciones que la hacen posible pueden quedar invisibles para el propio sujeto. No se puede llegar a ser autoválido sin las redes e instituciones que forman la trama sobre la que se desenvuelve la vida de cada uno, pero pese a esto la autovalía puede ser presentada como un puro “mérito individual”.

-¿Y lo que llaman “legítima dependencia” cómo se define?

– Lo fija la política social, que no es sólo el trámite de establecer unos planes y programas, sino que define el sujeto al que se dirige. Así, crea un sujeto social: dice quién es el que puede recibir y además bajo qué condiciones.

– La ex presidenta Cristina Kirchner plantea que el gobierno de Cambiemos terminó otorgando más planes sociales que su gestión. ¿Qué vieron sobre las condiciones de acceso?

– Lo que vemos es que de una política que, mal que bien, interpelaba a los beneficiarios de planes como trabajadores a los que el sistema había dejado afuera, se pasó después de diciembre de 2015 a otra política cuyo sujeto es un otro, al que se separa del conjunto social. Un otro que debe cumplir las reglas de cada plan, aquello que cada plan exige, es decir al que se impone cumplir con ciertas condiciones para merecer.

-¿Qué efectos tiene ese enfoque?

– Sustituyó la idea de derecho y ciudadanía, que entiende al sujeto, por su sola condición, como parte de la comunidad. Esto no anulaba las desigualdades, desde ya, pero tendía a conformar pertenencia. En cambio, hoy las políticas sociales son presentadas como una ayuda siempre acompañada de alguna exigencia.

Bajo el argumento del merecimiento se legitimó el recorte de derechos. Algunos de los casos citados en el libro son la creación de una comisión nacional para revisar el otorgamiento de las pensiones por discapacidad, que suspendió cerca de la mitad de sus beneficiarios (“Les aseguro que las familias que merezcan y necesiten la pensión la van a tener”, declaró en esos días la ministra Carolina Stanley) y las becas del Plan Progresar, destinado a jóvenes que se anotaran para terminar sus estudios (“Lo hacemos por vos, que cumplís”, fue el slogan lanzado por Cambiemos en los años de mayor reducción de las becas). En los dos casos, las quitas de estos ingresos fueron presentadas como resultado de controles, para que “la ayuda” llegara “a los que verdaderamente necesitan”.

En Tramas de la desigualdad, los investigadores plantean que Cambiemos expresa un momento de desbloqueo de la sociedad neoliberal, que es parte de una disputa “no sólo por acceder al gobierno, sino por el sentido común social acerca de cómo y entre quienes vivir juntos y qué debe hacer (o no) el Estado por la vida en común”. Es en este camino que la orientación y el discurso de las políticas sociales pasaron de lo colectivo a lo individual, y de presentarse como reparación de injusticias sociales a autorresponsabilizar a quienes las reciben.

-¿En qué áreas encontraron este enfoque?

– En las jubilaciones hay un ejemplo claro. La moratoria previsional (abierta en 2014) partía de reconocer que había habido empleadores que no habían cumplido con hacer los aportes a los trabajadores, que tenían derecho a jubilarse. O que había y sigue habiendo un sector de trabajadores informales muy grande. El problema estaba puesto en el sistema que no cumplía. En cambio, ahora se habla de “los que no cumplieron con aportar” al sistema previsional para los que se creó la PUAN (Pensión Universal para el Adulto Mayor). La PUAN es al revés que la moratoria, pone la culpa en el que supuestamente no cumplió con aportar. No son jubilados, son pensionados.

– De paso, les pagan un poco menos.

-Es menos que una jubilación. Y es una política que tiende a distinguir, a separar a “los que no cumplieron los requisitos”.

– Ustedes plantean que la pobreza ya no puede pensarse como la consecuencia indeseada de un mal gobierno, sino que es un rasgo que estructura nuestra sociedad, y que el capitalismo del siglo XXI no puede generar pleno empleo. ¿Esto está siendo reconocido desde el campo de lo político? No digamos por el macrismo, sino de manera más amplia.

-Es una cuestión difícil de aprehender para todos. Hay un reconocimiento de que las condiciones de producción son diferentes… el avance tecnológico hace que desaparezcan profesiones, que se pueda producir lo mismo con mucha menos gente y, por lo tanto, la expectativa del pleno empleo, que era la expectativa clásica, parece difícil de asumir. El tema es qué se hace entonces, cuáles son las maneras para que ciertas condiciones que deberían ser beneficiosas para todos no operen al revés, dejando afuera a un montón de gente. En el período kirchnerista hubo una tensión en ese sentido, porque se mantuvo la expectativa del pleno empleo o por lo menos del crecimiento del empleo clásico, pero en términos prácticos también se asumió la dificultad. La creación de la AUH fue un modo de reconocerlo indirectamente, de incorporar a la seguridad social a población que el mercado de trabajo dejaba afuera, a través de la economía social, que también tuvo su apoyo, mal que bien.

-¿Cuáles han sido los discursos de los organismos internacionales respecto de quiénes debían ser sujetos de la política social?

-En los ’90 hubo una presencia muy fuerte del Banco Mundial y sus programas de focalización, que trataban de elegir la población más necesitada para “eficientizar el gasto”. El discurso hablaba de asistir a las “víctimas del ajuste”, es decir que la idea era también ajustar, eran políticas destinadas a acompañar el recorte de los gastos del Estado. Hoy el FMI ha incorporado el pedido de que atiendan a los más vulnerables. Es un discurso hipócrita, porque son políticas que reproducen la pobreza. El neoliberalismo de los ‘90 generó condiciones sociales de las que el país nunca se recuperó, aún en el mejor momento del ciclo de la primera década de este siglo. La recuperación de una sociedad es de largo plazo y requiere inversiones sociales enormes, que no se hicieron.

La ausencia de lo colectivo

Tramas de la desigualdad. Las políticas y el bienestar en disputa, publicado por Prometeo, analiza los modos en que, a lo largo del período 2003-2017, se construyeron social y culturalmente la idea de autovalía de las personas (contrapuesta a la dependencia) y la legitimidad del derecho a contar con protecciones sociales. Los textos reunidos por Grassi y Hintze examinan cómo entre 2003 y 2015 diferentes cuestionamientos comenzaron a socavar la legitimidad de las políticas sociales, a partir de “ideologías individualizantes y meritocráticas”; esas mismas críticas se fueron instalando en el “sentido común” y luego fueron recogidas por la oposición política que llegaría al poder en 2015 y presentadas “en términos de exceso y descontrol social y del gasto del Estado”. Desde esa perspectiva, el libro recorre “los soportes socioinstitucionales de la vida social”; las transformaciones del trabajo y las políticas sociales; los cambios en la seguridad social para adultos mayores, niños y adolescentes; el acceso a los servicios de salud; y la inseguridad, entre otros. “Puede advertirse –señalan Grassi y Hintze– el retraimiento de los derechos que corresponden a todos los ciudadanos, junto con un vertiginoso deterioro económico del país, hay que sumar a ello el deterioro político cultural que conlleva un discurso político empobrecido y vacío de un sentido de lo colectivo y la sociedad.”