Situaciones de extrema tensión se vivieron al término de la primera semana de vacaciones de invierno en el cruce de las rutas 9 y 52, cerca del acceso de la localidad jujeña de Purmamarca, precisamente donde desde hace más de un mes transcurre el más significativo de los cortes que las comunidades indígenas están llevando adelante en rechazo a la reforma constitucional, cuya modificación pone en peligro la posesión ancestral que estos colectivos tienen de tierras en zonas de la Quebrada de Humahuaca y de la Puna.
Allí mismo donde se cifra el kilómetro cero de las obturaciones viales que los indígenas vienen sosteniendo para darle visibilidad a su reclamo frente al gobernador Gerardo Morales y sus políticas poco claras de reautilización de ciertos territorios para la explotación de recursos naturales (el litio a la cabeza) fue donde un extraño grupo de treinta personas se hizo presente el viernes con distintas estrategias amenazantes para hacer deponer a los manifestantes de su protesta.
Algunos de ellos ya habían sido vistos de manera dispersa en los días anteriores, aunque luego aparecieron todos juntos y de manera muy violenta. En principio a los gritos, cuestionando a quienes están cortando el acceso a Purmamarca. Y luego intentando correr de la ruta los objetos utilizados para montar la barricada. La escena fue muy intimidante y desconcertó a las comunidades indigenas, quienes no sufrían un embate tan agresivo desde aquel sábado 17 de junio en el que todo terminó con la violenta represión de la policía jujeña.
Por la noche, encima, aparecieron varios vehículos policiales, entre ellos dos colectivos del servicio penitenciario. Naturalmente esa presencia encendió todas las alarmas, habida cuenta del poco afecto a los procedimientos legales que mostraron las fuerzas represivas del gobierno de Morales en diversas detenciones realizadas a lo largo de las distintas manifestaciones sucedidas en Jujuy desde junio pasado.
En simultáneo corrió el rumor de que un juzgado federal de Jujuy había librado la orden de levantar todos los cortes en la provincia (hasta el momento son siete). Sin embargo los efectivos de Gendarmería Nacional que se hicieron presentes en el conflicto actuaron únicamente para separar a esa patota sospechosamente coordinada entre sí de las comunidades indígenas a quienes pretendían atacar después de insistir con varias embestidas durante largas horas.
El corrillo que circulaba era que comerciantes y empresarios de la localidad de Purmamarca habían solicitado un amparo a la Justicia Federal de Jujuy para que ordenara el fin de todos los cortes, acción que únicamente se podría lograr con la intromisión de fuerzas represivas. Incluso la noticia llegó a publicarse por cierta en algún medio de comunicación alineado a discurso oficialista. Sin embargo los letrados del colectivo Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales indagaron al respecto y se llevaron una extraña sorpresa: no había orden judicial alguna en ese sentido.
Ese extraño montaje mediático sumado a la coordinación de la patota generó naturalmente sospechas en el acampe indígena del cruce de las rutas 9 y 52. ¿De dónde había salido ese extraño comando que irrumpió tan violentamente en el corte más sensible de toda la provincia para intentar un desalojo que no tenía ni siquiera un amparo judicial?
Los propios manifestantes empezaron a reconocer la identidad de varios de ellos y los hilos se ataron solos. Así, circularon videos en los que, por ejemplo, aseguran que uno de los sujetos que más intensamente increpaba a las comunidades indígenas sería Fabian Cabana, a quien señalan como puntero de Humberto López, legislador provincial de la UCR presidida por Gerardo Morales y recientemente electo intendente de Purmamarca. A Cabana se lo ve en un video recibiendo dinero de Sergio Cruz, hermano del actual comisionado purmamarqueño Gustavo Cruz y su secretario de gobierno.
En la patota también se habrían identificado a Jorge Cruz, padre de Sergio y Gustavo, y a Miguel Chávez, quien en la gresca aparece con ropa de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Su vestimenta y la violencia de su accionar hizo creer en muchos que era un barrabrava del club de San Salvador, aunque luego fue señalado por otros manifestantes como empleado municipal del área de Turismo y Cultura de Purmamarca, lo mismo que Noelia Cruz, otra de las integrantes de ese grupo de choque que en todo momento se presentó como espontáneo, autoconvocado y sin ninguna identificación política.
Las acusaciones no se detienen ahí: algunos manifestantes sostienen que en esa patota en apariencia espontánea también participaron personas que le alquilan comercios supuestamente pertenecientes el propio diputado López. De comprobarse todos estos vínculos, arrojarían una novedad bastante curiosa. Es que Gerardo Morales viene acusando que las manifestaciones son provocadas por gente relacionada con “el kirchnerismo y grupos de extrema izquierda” sin hasta el momento indicar un solo nombre y apellido, pero la realidad viraría hacia exactamente el sentido contrario: los contramanifestantes estarían fuertemente vinculados a dirigentes del radicalismo jujeño que él lidera.
A la fecha se mantienen vigentes siete cortes, todos ellos con habilitaciones periódicas al paso del tránsito. La mayoría se encuentra sobre la ruta 9 como el de Purmamarca y los de Tilcara, el paraje San Roque en el departamento de Humahuaca, el de Abra Pampa ya en la Puna y La Quiaca, cerca de la frontera con Bolivia, aunque también el de Susques en la ruta 52 que conduce al límite con Chile y el de Coranzulí en la ruta 40.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/570462-identifican-a-integrantes-de-la-patota-que-amenazo-a-manifes
