“Ha sido un operativo con muchísima represión y violencia” | El desalojo a integrantes de la cooperativa textil Nueva Generación de Wilde, Avellaneda

La policía de la provincia de Buenos Aires desalojó ayer en un violento operativo a trabajadores de la cooperativa textil Nueva Generación, en Wilde, partido de Avellaneda. La orden de desalojo la impartió el juez civil y comercial Pablo Ernesto Bocaccia, pese a que los cooperativistas se habían comprometido ante la Defensoría del Pueblo bonaerense a desocupar el inmueble en los próximos días. “Ha sido un operativo con muchísima represión y violencia, nos destruyeron las máquinas y el jardín maternal”, denunció Alicia Gutiérrez, presidenta de la cooperativa, quien responsabilizó “a los gobiernos municipal (a cargo de Alejo Chornobroff) y provincial (de Axel Kicillof) por mandar a reprimir a los trabajadores”. “El juez ha violado el acuerdo firmado por distintas instancias del Estado provincial, la cooperativa y el Estado nacional a través del INAES, que iba a financiar el traslado de la cooperativa a otro inmueble, pero para eso necesitábamos un tiempo que eran treinta días hábiles”, señaló el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. La diputada electa Lucía Klug, del Frente de Todos, lamentó que “tenemos una policía que se dedica a pegarle a los trabajadores como si fueran delincuentes” y advirtió que “sin la orden del jefe de seguridad Sergio Berni esto no se hubiese producido”.

“Nos han reprimido de forma violenta. Nos llevaron detenidos, nos han desalojado a palos, estamos todos muy mal. Nosotros no ofrecimos resistencia. Nos llevaron a la (comisaría) quinta de Avellaneda”, relató Gutiérrez sobre el operativo en la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada, ubicada en Coronel Méndez 671, Wilde, en el marco de un juicio que les inciaron en 2011. “Compramos el predio en 2005 de modo informal, aparecieron familiares herederos del predio que no existían y ahora nos quieren desalojar”, resumió el mes pasado. El operativo se inició poco después de las nueve de la mañana e incluyó a más de 200 efectivos de la bonaerense con camiones, camionetas y motos, junto a cuatro funcionarios judiciales. “No somos delincuentes, somos trabajadores organizados en una cooperativa. Hoy fuimos literalmente rodeados por miles de policías que nos reprimieron a palazos y balas de goma para tomar las instalaciones de la fábrica. Somos 86 trabajadoras y atendemos a 180 niños. Pedimos al sector político ayuda para defender nuestros puestos de trabajo”, destacó.

“Se lanzó una cacería donde también me arrestaron a mí, aunque presenté mis credenciales de periodista”, contó por su parte Mauricio Polchi, cronista del programa de Víctor Hugo Morales en la AM750 y uno de los cuatro trabajadores de prensa detenidos. “En forma muy violenta me arrestaron, me sacaron mis dos teléfonos y otras pertenencias. Pero lo más importante es que ya no funcionará un lugar muy importante para el barrio como era la fábrica textil Nueva Generación y sus 86 trabajadores y trabajadoras”, destacó. “Luego de más de cinco horas de detención, finalmente fueron liberades nuestres compañeres, quienes sólo cometieron el delito de comunicar aquello que ocultan los grandes medios”, informó la revista Resistencias en referencia a los cronistas Antonella Giuso, Emiliano Guerresi y Julieta Piermaria. “Denunciamos este acto como un atropello a la libertad de expresión y prensa consagradas en la Constitución Nacional”, señalaron. El desalojo, la represión y la detención de los periodistas fue repudiada también por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. 

Larroque concluía una entrevista en la AM530 cuando pidió informar sobre el desalojo ordenado por Bocaccia. “Esto se hace violando un acuerdo que había entre el Estado provincial, obviamente la cooperativa y todos los actores participantes, la Defensoría del Pueblo”, explicó. “El juez hasta la semana pasada en teoría venía acompañando ese proceso y decidió de buenas a primera llevar adelante un desalojo. Obviamente en este caso la policía es auxiliar del Poder Judicial, pero entre otras cosas intentaron llevar detenido a un periodista y al subsecretario de mi ministerio que estaba en el lugar. La verdad no sé quién es Pablo Bocaccia, no lo conozco personalmente, sí obviamente estuvo con funcionarios de mi ministerio llevando adelante este proceso que tenía un acta acuerdo que el juez ha violado”, destacó Larroque. Recordó que ese acuerdo incluía “al Estado nacional a través del INAES, que iba a financiar el traslado de la cooperativa a otro inmueble, pero para eso necesitábamos un tiempo que eran treinta días hábiles, que es lo que figura en el acta”. “El juez decidió en medio de ese proceso iniciar (el desalojo), esta es la justicia que tenemos”, lamentó.

El acuerdo en cuestión se firmó en la Defensoría del Pueblo bonaerense el 16 de noviembre último e incluye la firma del jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno del gobierno de Kicillof, Omar Furlán. Allí consta que cuatro días antes el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) había dispuesto otorgarle un subsidio de 10 millones de pesos a la cooperativa, que a su vez se comprometía “a buscar otro inmueble donde desarrollar sus actividades y a desalojar el inmueble en litigio en un plazo de 30 días hábiles, que les permita trasladar las maquinarias y demás elementos de trabajo a las nuevas instalaciones”. A pesar de que ese plazo aún estaba vigente, el juzgado de Bocaccia avanzó con el desalojo y dejó trascender a modo de justificación que ya le había notificado otras dos órdenes anteriores a la cooperativa. El Ministerio que encabeza Sergio Berni también difundió un escueto comunicado para invocar obedecia debida: “se procede al desalojo del inmueble” a partir del “oficio judicial” del juez de Avellaneda.

“Es muy grave, esto no puede ser una política de un gobierno popular, no vamos a permitir que estas cosas sigan sucediendo, los trabajadores y trabajadoras vamos a seguir uniéndonos para evitarlo”, afirmó Laura Cibelli, de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP), en la puerta de la comisaría 5ª. “Fuimos reprimidos salvajemente, detuvieron a 124 personas” y fue “descomunal la represión, sobre todo para sacar trabajadores de sus puestos de trabajo, aquellos que se tuvieron que inventar su laburo”, dijo a La Izquierda Diario. “La respuesta tanto de la justicia como del gobernador y del intendente ha sido no intervenir para que esto no suceda, y con represión. Lo que más nos preocupa son los puestos de laburo: ¿qué van a hacer estas 80 familias a partir de hoy, sin sus herramientas de trabajo, sin lugar para trabajar?”, planteó. “Nunca hubiera imaginado ver en un gobierno popular imágenes así, ya por segunda vez reprimiendo a los humildes”, apuntó Juan Grabois, de la UTEP. “Se presentó un acta acuerdo en el juzgado y hubo compromisos del gobierno provincial de evitar este escenario. Todos creímos. Hoy cientos de policías ingresaron a la mañana y arremetieron con todo, con saña, en una movilización de fuerzas imposible de hacer sin intervención del Ministerio de Seguridad ni conocimiento del gobierno”, destacó.

“Repudiamos el accionar de las fuerzas de seguridad y la definición de avanzar sobre espacios cooperativos que defienden su propio trabajo en medio de un contexto de profunda crisis”, escribió el diputado Leonardo Grosso al exigir la liberación de los detenidos. También ATE Nacional repudió el desalojo. “Rechazamos toda criminalización de quienes luchan por condiciones de vida dignas, y expresamos nuestra mayor solidaridad con cada unx de lxs compañerxs que defienden sus puestos de trabajo”, expresaron su secretario general Hugo Godoy y la directora del departamento Derechos de los Pueblos, María José Cano.